La Ciencia marca el camino para afrontar la emergencia climática

La Ciencia ha sido uno de los principales motores para la adopción de políticas y legislación en materia de protección ambiental y lucha contra el cambio climático en el plano internacional. Un claro ejemplo es el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, cuyo primer informe de evaluación impulsó la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre este asunto. La adopción de medidas para hacer frente a la emergencia climática y ambiental requiere contar con una base científica que incluye las ciencias naturales y sociales.

La declaración de emergencia climática del Gobierno de España, realizada el 21 de enero de 2020, incluye el compromiso de remitir al Parlamento el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) en los primeros 100 días de gobierno. Una de las medidas que contiene el anteproyecto de esa ley es la creación de un Comité de Cambio Climático y Transición Energética (CCCTE). Un órgano así sería una innovación en nuestro país, pero una innovación necesaria porque no podemos aplicar los modelos de antes para hacer frente a la emergencia climática.

El papel de la Ciencia es fundamental y así lo entendió el Reino Unido hace más de una década, creando un Comité de Cambio Climático (CCC) en su Ley sobre esta materia de 2008. Se trata de un órgano consultivo independiente de carácter científico, encargado de asesorar al Gobierno del Reino Unido y a las administraciones delegadas o descentralizadas (Escocia, Gales e Irlanda del Norte) tanto en relación con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que incluía esa ley e informar al Parlamento británico sobre el avance conseguido en dicha reducción, como en materia de adaptación al cambio climático. La ley británica incluye como objetivo lograr la neutralidad climática en 2050 y, para ello, cada cinco años se elaboran los denominados ‘presupuestos de carbono’, que establecen una cantidad total máxima de carbono que puede emitirse en cada uno de esos períodos. Entre sus funciones, el Comité asesora sobre cómo ir cumpliendo dichos presupuestos, informa al Parlamento anualmente sobre esas cuestiones, y asesora también al Gobierno en materia de adaptación al cambio climático, así como para realizar de las evaluaciones de riesgo que aquél debe elaborar y llevar a cabo análisis y estudios independientes.

[Con la colaboración de Red Eléctrica de España]

El papel de este Comité ha sido de gran importancia para reducir las emisiones en el Reino Unido: un 42% en el período 1990-2017, mientras que su economía ha crecido un 72%.

Este Comité es independiente, de forma que si el secretario de Estado decide separarse de la opinión expresada por el CCC, deberá hacer pública la motivación de su decisión. Está compuesto por un presidente y entre cinco a ocho miembros de reconocido prestigio en diferentes ámbitos. Además, cuenta con un presupuesto propio, que en el ejercicio fiscal 2018 ascendió a 4.670.222 libras.

Este modelo ha sido seguido por países como Suecia (en 2017, creó el Consejo de Política Climática) y Francia (Macron, en 2018, estableció el Alto Consejo por el Clima).

Estos días estamos haciendo frente a otra emergencia: la pandemia de la Covid-19. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, declaró en la rueda de prensa tras la reunión extraordinaria del Consejo Europeo de 10 de marzo declaró: “Son los expertos científicos los que nos tienen que marcar el camino”, e hizo hincapié en que todas las decisiones tomadas y por tomar obedecen estrictamente a criterios científicos.

La Ciencia ha ido marcando el camino de las decisiones políticas para hacer frente al cambio climático, aunque no con la ambición suficiente. Por ello, es necesario contar en España con un mecanismo que permita que esas decisiones estén basadas en la Ciencia.

En el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) hemos elaborado un estudio en el que proponemos la creación de un CCCTE, adaptado a nuestro modelo jurídico-institucional, como órgano de asesoramiento científico en materia de cambio climático, tanto en lo que se refiere a la mitigación como a la adaptación y que actúe con plena independencia del Gobierno, de las administraciones públicas y de cualquier otra organización pública o privada. El proyecto del ley de CCTE que se remita a las Cortes debe incluir un Comité, estableciendo su naturaleza jurídica, funciones, número de miembros, responsables de nombrarlos, que cuente con una dotación presupuestaria suficiente para desarrollar su cometido y el Ministerio al que estará vinculado a efectos meramente organizativos.

Igualmente, debe establecer la obligación del Gobierno de motivar sus decisiones cuando se aparte de las recomendaciones que dicho Comité emita. También debería incorporar las funciones a desempeñar, incluyendo la elaboración de un informe anual que presente ante el Parlamento y que evalúe los pasos dados para alcanzar los objetivos de la ley de CCTE, los recogidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y si todos ellos se van acercando al objetivo de neutralidad en carbono, cuya senda se establecerá en la Estrategia de Descarbonización a 2050.

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El trabajo de un futuro CCCTE en nuestro país será esencial para hacer frente a la emergencia climática. Por ello, es vital garantizar su independencia y pluralidad para evitar que quede al albur de las vicisitudes políticas.

Una de las lecciones a aprender de la pandemia de la Covid-19 es que el papel de la ciencia es fundamental y la toma de decisiones políticas no puede permitirse el lujo de obviarla.

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