La crisis climática merece un pacto de Estado

El último informe científico presentado por varias organizaciones bajo el paraguas de Naciones Unidas, ‘Unidos en la Ciencia 2020’, nos recuerda que las concentraciones de gases de efecto invernadero continúan en ascenso y que han alcanzado su nivel más alto desde hace tres millones de años. Petteri Taalas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, indicaba que el periodo 2016-2020 será, previsiblemente, el más cálido desde que existen registros. Taalas subrayaba también que, si bien muchos aspectos de nuestra vida se han visto alterados por la pandemia, el cambio climático continúa, en esencia, inalterado.

Inalterada queda, por tanto, la necesidad de reconducir la crisis climática y de proveernos de un marco robusto de políticas públicas con las que abordar “el mayor fallo de mercado que el mundo haya visto”, en palabras de Nicholas Stern, ex economista jefe del Banco Mundial. Los mecanismos de mercado, útiles para una asignación eficiente de recursos, son incapaces por sí mismos de asegurar que podremos operar dentro de los límites ecológicos y sociales del planeta. Por ello, la legislación climática y su despliegue en forma de políticas públicas son imprescindibles en este empeño.

Para un país tan vulnerable a los impactos del cambio climático como España, la necesidad de una acción coordinada, conjunta y consensuada es (o debiera ser) evidente. También son cada vez más patentes las oportunidades que traerán sus soluciones, ya que España es uno de los países europeos que más beneficiado se verá por la transición energética, dadas sus óptimas condiciones para el aprovechamiento de las energías renovables. Necesidad y oportunidad que se unen para sentar las bases de una economía de futuro más sostenible, más competitiva y resiliente. Además, la crisis climática apela también a nuestra responsabilidad y solidaridad y, por ello, es necesario seguir contribuyendo en los principales foros internacionales. La exitosa organización de la cumbre del clima (COP25) en Madrid, y la ilusión que ésta suscitó, es una muestra reciente de la importancia del compromiso con la cooperación climática internacional.

[Con la colaboración de Red Eléctrica de España]

En este contexto, parece que, por fin, estaremos en disposición de aprobar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, actualmente en tramitación en el Congreso. Esta Ley es fundamental, ya que fijará los objetivos y también el marco de actuación y gobernanza que dará cobertura al resto de políticas. Si bien es altamente improbable que dicha Ley obtenga un respaldo tan mayoritario como en su día consiguió, por ejemplo, la ley del Reino Unido (‘Climate Change Act’), hay más consenso entre los partidos políticos de lo que el rifirrafe diario permite ver; aunque, como es lógico, existen aún algunas diferencias.

Si se analizan las sendas de ‘descarbonización’ de los partidos políticos que han presentado propuestas más detalladas para la transformación del modelo de desarrollo, se observan diferencias en el nivel de ambición relativo a la reducción de emisiones. Sin embargo, dichas diferencias no son tan grandes como pudiéramos pensar. Por ejemplo, mientras el PP proponía en 2018 una reducción del 80% en 2050 con respecto a los niveles de emisiones de 1990, el PSOE proponía el 90% y Unidas Podemos el 95%. En la actualidad, coinciden en la necesidad de alcanzar la neutralidad climática lo antes posible junto con otros grupos políticos.

También hay diferencias en lo relativo a los instrumentos y procesos que debe incluir la Ley, aunque una vez más, y según los resultados de una encuesta realizada por SEO/BirdLife en 2018 a los responsables de área de distintos partidos políticos, las diferencias son limitadas. Si se analizan las declaraciones, los programas políticos y los resultados de la mencionada encuesta, se observa un apoyo generalizado a la aprobación de la Ley y a la mayoría de sus instrumentos y procesos de gobernanza que harían de dicho texto legislativo un instrumento robusto para la transformación de nuestro modelo de desarrollo.  

En este sentido, Ciudadanos, Compromís, PP, PSOE y Unidas Podemos apoyan, entre otros:

  • La existencia de un comité científico independiente que asesore sobre las sendas de descarbonización y evalúe el progreso logrado.
  • La reducción de gases de efecto invernadero, de suerte que España sea un país neutro en emisiones en 2050;
  • La alineación de los presupuestos públicos, el régimen fiscal y los instrumentos financieros con los objetivos climáticos, en concordancia con el objetivo marcados en el artículo 2.1.c del Acuerdo de París;
  • La publicación de información sobre la exposición a los riesgos tanto físicos como de transición derivados del cambio climático por parte del Banco de España, de inversores y empresas cotizadas.

En el ámbito empresarial hay también una defensa generalizada de la necesidad de que España cuente con un marco regulatorio estable que permita establecer las estrategias de inversión a medio y largo plazo. Por ejemplo, el Grupo Español de Crecimiento Verde, que engloba aproximadamente el 40% de las empresas del Ibex 35 y más de la mitad de sus ventas, pedía, entre otras cosas, una reforma fiscal verde basada en el principio de quien contamina, paga y una mayor transparencia sobre la exposición a los riesgos climáticos.

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Esta demanda de mayor acción climática se ve también respaldada por un apoyo de la ciudadanía a una Ley guiada por la Ciencia, que incluya como objetivo la neutralidad en carbono y que contemple la participación ciudadana en la toma de decisiones.

El consenso potencial que se vislumbra no implica que la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética vaya a estar exenta de dificultades, como bien hemos visto en las últimas comparecencias de la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

A pesar de dichas divergencias, y con el objetivo de dotar a nuestro país de un marco legislativo que responda en el largo plazo y sirva para una recuperación sostenible post Covid-19, pedimos a sus señorías un consenso amplio, generoso, consciente de nuestros recursos, capacidades, necesidades y fortalezas y que sea duradero en el tiempo. Creemos que la dimensión del reto requiere de un auténtico pacto de Estado. 

Es urgente aprobar una ley ambiciosa y con un amplio consenso, que anteponga los intereses de las futuras generaciones y el futuro de nuestras empresas y de toda nuestra sociedad. Un consenso en este área sería una magnífica noticia para la ciudadanía en estos momentos difíciles, que nos permitirá subirnos con más garantías a la ola de progreso y modernización que supondrá la implementación del Pacto Verde Europeo y afrontar con responsabilidad la emergencia climática global.

(Son también firmantes de este texto Mónica Vidal Sánchez, directora de políticas públicas de Ecodes), Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife) y Carlos Mataix, director del itdUPM)

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