La crisis islamista de la República Francesa

Los recientes atentados perpetrados en Francia, los asesinatos del profesor Samuel Paty y los de la basílica de Niza –la escuela laica y la Iglesia Católica unidas en una misma desgracia– han puesto de relieve, una vez más, una crisis que vive nuestra sociedad desde hace más de tres décadas. El presidente de la Republica ha querido ponerle un nombre al problema, que ha definido como “separatismo islámico”.

En esta terminología se mezclan cuestiones de naturaleza diversa que se entrecruzan pero que debemos diferenciar: primero, hay la lucha contra el terrorismo que tiene una dimensión a la vez nacional e internacional, con las medidas de seguridad y protección que se imponen. También existe un combate contra una ideología política y cultural que rechaza los valores de nuestra República y, en gran medida, la cultura y el modo de vida occidentales. Por último, está la realidad de numerosos barrios de nuestras ciudades, que viven replegados sobre sí mismos y encierran a sus habitantes en una red de coacciones.

Estos problemas, que tienen varias dimensiones (política, social, cultural), están también relacionados con la expresión de una religión que es a la vez reivindicada y utilizada, el islam. Por lo tanto, es comprensible que la laicidad, que define en el marco de nuestra Republica el sitio que ocupa la religión, lleve a cuestas un peso demasiado grande. La laicidad no puede resolver sola todos los problemas. La crisis islamista necesita un conjunto de políticas públicas. La aceptación de la laicidad por todos y cada uno de los componentes de nuestra sociedad es el objetivo hacia el que debemos dirigirnos y conlleva una parte importante de la solución. Pero, para conseguirlo, debemos también estar de acuerdo sobre la concepción de la laicidad que la República debe proponer. El contexto dramático actual, que desgraciadamente tiene todas las probabilidades de perdurar, fortalece a todos los partidarios de extender las reglas laicas a la mayoría de las actividades sociales.

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La idea de excluir al máximo la religión del espacio público no es nueva. Forma parte del debate desde los orígenes del laicismo y estuvo presente en las grandes controversias que concluyeron con la ley de 1905 sobre la separación de la Iglesia y del Estado. A pesar de todo, no fue lo que prevaleció en la norma y en sus aplicaciones. Aquélla fue una ley que buscaba el equilibrio que establece y garantiza, a la vez, las libertades de conciencia y de culto. Si la neutralidad ha de ser respetada esencialmente por el Estado y sus representantes, los partidarios de una laicidad más extensiva tienen razón al decir que no hay, por un lado, el Estado y, por el otro, la sociedad: las religiones, en la vida social, no pueden ir en contra de las leyes de la República y de sus valores fundamentales –por ejemplo, la igualdad entre hombres y mujeres–, sino que deben aceptarlas. Las fronteras entre el Estado y la sociedad pueden evolucionar y lo han hecho con las épocas y los retos del momento. Así, es indiscutible que desde los años 60, el Estado da más importancia a las religiones de lo que hubiesen pensado o deseado los padres de la ley de 1905.

Ejemplos de ello son la financiación pública de las escuelas privadas bajo contrato, de las capellanías, de los espacios reservados a los musulmanes en los cementerios, etcétera. Pero, al mismo tiempo, el Estado republicano fue empujado a proteger de forma más estricta el respeto de la laicidad en las actividades esenciales de la sociedad, como se manifestó en la ley de 2004 sobre la ostentación de signos religiosos en la escuela pública, y, recientemente, en 2016, con la ‘Ley El Khomri’, que autoriza a las empresas a prohibir expresiones religiosas en su seno (como los rezos ostentosos*).

De todos modos, la ley de 1905, ley de libertad, ya incluía motivos de restricción del derecho de expresión de las religiones. La noción de respeto del orden público está inscrita en el primer artículo del texto. Hoy en día, dicho orden público tiende a integrar, más allá de la seguridad propiamente dicha, las “exigencias mínimas de la vida en sociedad”, según una decisión del Consejo Constitucional del 7 de octubre de 2010, que refleja en el Derecho la evolución percibida estas últimas décadas.

Estas evoluciones no cuestionan el fundamento liberal, a la vez jurídico y filosófico, de la laicidad francesa, tal y como fue definida desde 1905. Pero demuestran, por decirlo de alguna manera, que los ajustes van en ambos sentidos. Esto no se debe únicamente a la situación del islam, sino que se refiere a todas las religiones, pero aquél plantea problemas nuevos que no podían imaginarse a principios del siglo XX.

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La mayoría de los responsables políticos están de acuerdo en que hay que distinguir el islam como religión del islamismo, que es una radicalización del islam; un poco de la misma manera que los republicanos diferenciaban entre catolicismo y clericalismo. Sin embargo, hay un interrogante expuesto de forma más sabia o trivial para saber si el islam es compatible con una República laica, teniendo en cuenta sus caracteres históricos y culturales: ¿puede el islam reconocer la laicidad definida por la ley de 1905 como el modo legítimo de regulación de las relaciones entre el Estado y las religiones? Está claro que la convicción de que esto es imposible, o por lo menos muy difícil, motiva una concepción de la laicidad que tiende a restringir al máximo las expresiones religiosas en el espacio público, o en el ámbito de instituciones públicas como universidades, escuelas, etcétera. Actualmente, el hijab que visten algunas madres de familias que acompañan las salidas extraescolares constituye una polémica bien conocida. Pero no hay que olvidar que le ha llevado tiempo al catolicismo, muy anclado en la cultura histórica francesa, aceptar la Republica laica y que los conflictos a veces violentos, como a principios del siglo XX, han sido numerosos.

Los creyentes, religiosos u otros (pensemos en las religiones seculares del siglo pasado), consideran a menudo que sus convicciones van primero. Pero lo importante es que acepten la soberanía de las leyes republicanas en sus comportamientos cotidianos, aunque las critiquen o las quieran cambiar. Después de todo, así lo hacen los adversarios del matrimonio homosexual o de la reproducción asistida. Una democracia acepta la pluralidad y la libertad de expresión, derecho fundamental, que valen para todos en la medida en que las reglas fijadas por la ley sean respetadas. Está claro que los franceses musulmanes, y sobre todo sus autoridades religiosas, deben hacer el trabajo de adaptación a la situación francesa, de manera que la lealtad individual hacia el islam como espiritualidad no se oponga a la lealtad hacia la ley republicana para todos los ciudadanos.

Habría que preguntarse si la voluntad de limitar al máximo las expresiones del islam en el espacio público es deseable y necesaria. De hecho, podemos tener dudas al respecto. Sería bueno un repliegue identitario porque favorecería el apoyo de los que sólo ven un futuro en el separatismo, en el rechazo de los valores occidentales y de los principios laicos. La identidad francesa se transforma por la interacción de las culturas, de las religiones, de la mundialización y de la eficacia de las técnicas modernas de comunicación. Nuestro pasado colonial lo hace todo aún más difícil. Nadie puede decir que las soluciones sean sencillas; las políticas que deben llevarse a cabo requieren y requerirán firmeza y constancia, así como un gran criterio político. La presencia musulmana en la sociedad francesa es un hecho y reclama una construcción determinada y paciente de la identidad del siglo XXI; en cierto modo, una composición francesa, como el título de un bonito libro de Mona Ozouf, que escribió que “uno puede respetar y cultivar sus raíces sin que éstas hagan imposible un espacio común”.

(Este texto es una traducción realizada por Isabel Serrano del análisis La crise islamiste de la République française’, publicado originalmente en Telos).

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