La crisis más crisis de todas las crisis

La pandemia de la Covid-19 está dando lugar a la peor crisis desde la II Guerra Mundial, en palabras de la canciller alemana Angela Merkel; por el elevado número de muertos, por el impacto negativo sobre la economía y por la alteración sustancial que se ha producido en nuestras vidas cotidianas, como consecuencia del Gran Confinamiento al que hemos tenido que recurrir para combatir el virus. En términos económicos, y por comparación con la anterior Gran Recesión, iniciada en 2008 con la quiebra de Lehman Brothers y agravada en Europa por la crisis del euro, podemos ya entrever algunos elementos de la actual que nos puede ser útil resumir.

Ambas crisis tuvieron un impacto global. La actual afectará a más países (sobre todo China, como principal novedad), lo que se traducirá en una mayor caída del Producto Interior Bruto (PIB) mundial: casi el doble ahora, hasta un -3% según el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que la aproxima a la Gran Crisis de los años 30 del siglo pasado.

La crisis actual es más intensa que la de 2008 pero, sin embargo, con algunas diferencias relevantes: mientras la segunda fue endógena, es decir, tuvo su origen en un fuerte desequilibrio interno en el sector financiero global (las hipotecas ‘subprime’ y los derivados), la actual es fruto de un ‘shock’ externo al sistema económico, una pandemia vírica que exige un confinamiento que paraliza, a la vez, la oferta y la demanda, es decir, el conjunto, casi total, de la actividad económica.

La segunda diferencia será la velocidad de recuperación: mientras en la crisis anterior tardamos casi una década en recuperar el nivel de renta anterior, en ésta todas las previsiones asumen que esa recuperación se producirá en dos años; suponiendo que no haya un rebrote epidémico en otoño-invierno.

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Se podría señalar, incluso, una tercera diferencia: la respuesta de política económica, sobre todo en la UE, ha sido más rápida y acertada ahora que entonces, más allá del debate nominalista sobre los eurobonos. La ingente cantidad de liquidez que los bancos centrales han puesto con celeridad a disposición de las economías, junto a la rápida aceptación de medidas presupuestarias compensatorias, aunque significarán incrementos sustanciales de los déficits y las deudas públicas, es otra diferencia sensible, por lo menos en este primer momento de contención del virus y de la crisis. En algunos casos, como el Reino Unido post-Brexit, recuperando la tradicional monetización del déficit público (el déficit presupuestario se financia con deuda que compra directamente el banco central, imprimiendo dinero para ello) tan cuestionada en las últimas décadas, hasta el punto de prohibirla explícitamente (como hace el Tratado de Maastricht) y recuperada, ahora, aprovechando la aparente desaparición de la inflación y bajo el pomposo nombre de Nueva Teoría Monetaria.

La crisis, por tanto, está haciendo saltar por los aires algunos principios de política económica vividos, por algunos, como dogmas de fe. Como la austeridad, convertida en ciertos casos en austericidio: la demanda, como dijo John Maynard Keynes y vemos confirmado ahora, es el motor de la actividad económica y no la oferta, como dijo Jean-Baptiste Say.

Otro dogma que está saltando por los aires es la aparente oposición entre sector público y privado, como si compitieran en un juego de suma cero, cuando se acepta, ahora, que el juego puede ser de suma positiva y llevar a una cooperación fructífera para ambos. De hecho, en esta crisis, las grandes empresas han demostrado que se creen, de verdad, los nuevos discursos como los del Business Roundtable o el Club de Davos, respecto a que el papel de las empresas no se puede reducir, en exclusiva, a maximizar el beneficio del accionista, sino que se debe también a un conjunto de stakeholders entre los que están sus trabajadores, proveedores o la comunidad en la que actúan.

Tenemos multitud de ejemplos de grandes empresas que están dando prueba de ello durante la pandemia. Si profundizáramos en esta línea, acabaríamos descubriendo que la pandemia ha evidenciado, ademas, que la sociedad existe como un colectivo, que es más que la suma de sus partes y, por tanto, que muchos de los supuestos sobre los que se fundamenta el discurso económico tradicional están equivocados porque ni existe el racional homo economicus, ni el mercado es de libre competencia, ni las empresas son precio-aceptantes, ni las decisiones privadas se pueden analizar de manera aislada, como si no tuvieran efectos externos que las condicionan (por ejemplo, las emisiones de CO2 y el cambio climático que provoca).

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En España, el panorama económico que nos dejará la pandemia (suponiendo que vayamos regresando a la normalidad a partir del mes de junio) será, según el FMI, que me parece el más ajustado, una caída del PIB del 8% este año, una subida del paro hasta superar el 20% de la población activa, un déficit público en el entorno del 9,5% del PIB y una deuda pública que remontará hasta el 115% del PIB; mucho peor que la crisis del 2008. De hecho, desde la Guerra Civil, nunca habíamos visto un panorama tan desolador. Pero no se debe a una mala gestión, como dirán luego algunos, sino que es el resultado lógico y esperable de la estrategia de contención seguida, que ha caminado, como en todos los países, sobre dos patas: mantener la liquidez para reducir el número de empresas abocadas a la quiebra y garantizar sustitución de rentas para trabajadores y autónomos, para evitar fuertes aumentos de desigualdad y pobreza. De nuevo, el Estado en apoyo de lo común, más solución que causa de los problemas, como cada vez que ha habido una crisis, evidenciando que vivimos en una economía de mercado, pero no en una sociedad de mercado, aunque un Estado fuerte no debe confundirse con un Estado gordo y fofo.

A pesar de que se prevé una rápida y vigorosa recuperación que elevará el crecimiento del PIB hasta el 4,3% en 2021, España mostrará su tradicional resistencia a resolver dos problemas que siempre nos han costado mucho más tiempo: el paro, para el que el FMI prevé una tasa del 17% para 2021, y el déficit público que, a pesar de la sensibilidad al ciclo de nuestro Presupuesto público, todavía estará en el 6,7% a finales del año que viene. Esa doble realidad, paro y déficit más deuda, que nos sumerge en los peores recuerdos de la crisis anterior, estrechan mucho los márgenes políticos del Gobierno, sobre todo de cara a los Presupuestos para 2021; y ponen, sobre la mesa, la urgente necesidad de abordar grandes pactos políticos que incluyan profundas reformas de los ingresos y gastos públicos, con la perspectiva de ingresar más (aproximarnos a la media de la eurozona) y gastar mejor, de manera más eficiente, en línea con los análisis realizados por la Airef, alejando la simpleza de pretender resolver todo con eslóganes vacíos de contenido como “bajar impuestos” o “recortar gasto”, utilizados como inútiles bálsamos de Fierabrás.

Nuestra recuperación, también a diferencia de la anterior, tendrá las siguientes características: gran liquidez por parte de los bancos (recordar que en la anterior tuvimos una sequía crediticia), en parte porque están en una mejor situación y, en parte, por la politica permisiva del Banco Central Europeo; mayor tasa de ahorro del sector privado (empresas y familias, en función de la eficacia de las políticas públicas de sustitución de ingresos puestas en marcha); menor riesgo de vivir una crisis de deuda pública (prima de riesgo) por el mayor apoyo comunitario; intensa restructuración de nuestra oferta productiva, con un incremento medio del tamaño empresarial, sobre todo en el sector turístico.

También en esta crisis hemos utilizado, por primera vez, tres mecanismos introducidos en las leyes tras la crisis anterior: el pago a los autónomos por pérdida de actividad, y dos de flexibilidad laboral que evitan el riesgo de despido como única respuesta de las empresas ante caídas de ingresos: los expedientes de regulación temporal de empleo y los permisos pagados recuperables.

De este Gran Confinamiento saldrá reforzado, sin duda, el impulso a las estrategias de digitalización, sólo posible con un nuevo acuerdo entre lo público y lo privado; desde las infraestructuras (redes de fibra, satélites, 5G) hasta todo lo necesario para consolidar una mayor presencia del teletrabajo y de la enseñanza en línea, sin descartar una mayor aplicación al sector sanitario.

Este sector, junto al de las residencias de la tercera edad, saldrán de la crisis con una evidente necesidad de revisión urgente. Y tendremos que aprobar medidas para corregir las dos principales vulnerabilidades que la pandemia ha evidenciado: el excesivo predominio de micro-empresas en nuestro tejido empresarial (donde se ha concentrado la mayor parte de la destrucción) y el peso exagerado de la contratación temporal en nuestro mercado laboral (que ha concentrado más del 80% de los empleos perdidos durante la crisis).

También será imprescindible una revisión de la globalización para que, sin retrotraernos a tiempos pretéritos, como pretenden algunos, se recuperen espacios para las políticas industriales nacionales. Pensemos que hasta la Comisión Europea ha llegado a decir que considera razonable, ahora, la participación publica en algunas empresas e, incluso, se plantea la conveniencia de conseguir campeones europeos en sectores estratégicos, rompiendo años de absurda política en sentido opuesto.

Resulta, en fin, bastante evidente que tras la pandemia ni regresaremos pacíficamente al mundo anterior, como si lo vivido estos meses hubiera sido un mal sueño, ni tampoco entraremos en un mundo totalmente diferente, donde la naturaleza humana haya cambiado de forma radical. Pero habrá que estar atentos a los cambios para evitar que la crisis más crisis de todas las crisis acabe provocando, como sus dos predecesoras, un incremento de la desigualdad social y del populismo político; es decir, un deterioro de las democracias liberales.

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