La crisis venezolana en la encrucijada electoral uruguaya

La crisis venezolana ha arrastrado hacia el ojo del huracán a varios países latinoamericanos e, incluso, a España. Uruguay, la democracia mejor calificada y la más estable de América Latina no es, en este caso, una excepción. Venezuela ha entrado de lleno a la escena político-electoral uruguaya (habrá elecciones generales el 27 de octubre y los partidos ya están calentando motores), y por eso cabe analizar la posición del Gobierno, encabezado por el presidente Tabaré Vázquez; la confluencia de la posición gubernamental con las visiones dentro del Frente Amplio (como partido de gobierno de izquierda que comprende sectores que van desde el Partido Comunista hasta sectores de corte más social demócrata); la postura de los principales partidos de la oposición, y sus implicaciones en un año electoral.

La posición del Gobierno uruguayo es clara: diálogo, negociación, solución pacífica, no injerencia en los asuntos internos de Venezuela y el no reconocimiento de Guaidó como presidente encargado. Sobre esto último (duramente cuestionado por la oposición local y por la presión regional del Grupo Lima), el canciller Nin Novoa argumentó que «los gobiernos no reconocen gobiernos, reconocen estados«, y que Uruguay «no tiene competencia para catalogar a los gobiernos de legítimos o ilegítimos».

Esta postura concuerda con la opinión pública dominante en el país: según una encuesta realizada por la consultora Factum, el 52% apoya al Gobierno uruguayo en su decisión de permanecer neutral, mientras que el 39% considera que se debió apoyar a Guaidó y el 4% dice que lo mejor hubiera sido apoyar a Maduro; el 5% restante no opina. Las preferencias ciudadanas se correlacionan con la posición frente al conflicto venezolano. Entre los votantes del Frente Amplio, el 69% es partidario de la neutralidad, el 6% considera mejor apoyar a Maduro, el 21% a Guaidó y el 4% no tiene opinión. Entre los votantes de la oposición, el 61% quiere que se apoye a Guaidó, el 31% es favorable a ser neutral, el 1% a apoyar a Maduro, y un 6% no opina.

En este contexto, el Gobierno uruguayo tuvo en primera instancia una posición más idealista y de bajas exigencias hacia el régimen de Maduro, a través del Mecanismo de Montevideo; un acuerdo en el que Uruguay, junto al Ejecutivo mexicano, establecieron cuatro fases para una salida a la crisis en Venezuela: diálogo inmediato, negociación, compromisos escritos con plazos e implementación.

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Sin embargo, esta llamada se quedó en hecho simbólico, en tanto la Administración de Vázquez optó por unir esfuerzos junto a otros estados de la región como Costa Rica y Ecuador y el bloque de la Unión Europea, conformando el Grupo Internacional de Contacto (GIC).  Éste mantiene su apuesta por el diálogo y la negociación, pero a ello le suma una recomendación no menor: realizar elecciones libres y competitivas como salida a la crisis.

Esto último generó diferencias, por un lado, con los estados de México, Bolivia y la Comunidad del Caribe, lo que llevó a que no se integraran al GIC, y por el otro, con sectores de Frente Amplio; en particular, el Partido Comunista (PCU), ya que el GIC entiende, sin explicitarlo, que las últimas elecciones de 2018 no fueron realmente transparentes y, por tanto, cuestiona la legitimidad de la asunción de Maduro como presidente, algo que molestó a las filas comunistas, que manifestaron públicamente sus discrepancias hacia la Cancillería por cambiar la posición de Uruguay y pedir elecciones en Venezuela. El presidente del PCU, Juan Castillo, manifestó que «el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela termina reclamando que haya elecciones libres. Ya las hubo elecciones, pero están en desacuerdo con el resultado». 

Sin embargo, el Gobierno uruguayo no cambió su posición y, a pesar que el Mecanismo de Montevideo convive con el GIC, Uruguay optó por liderar este Grupo y respaldar sus decisiones desde ahí. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales: la primera es que el GIC se convirtió en un arreglo institucional que representa un sostén geopolítico para Uruguay sobre su posición por la crisis que atraviesa Venezuela. Al incluir a la Unión Europea, se otorga legitimidad y reconocimiento internacional. La segunda es la reducción de posibles escenarios de conflicto dentro de un sistema político uruguayo que manifiesta grietas sobre este asunto. Analicemos un poco más esto último. 

Los partidos de la oposición manifestaron un rotundo rechazo hacia las decisiones del Gobierno de Vázquez, que desde la autoproclamación de Guaidó declaró el reconocimiento al líder opositor venezolano como presidente legítimo. Así fue transmitido en un comunicado firmado por la bancada de senadores de los partidos Nacional, Colorado e Independiente. Los parlamentarios dijeron que «como presidente de una Asamblea Nacional, verdadera depositaria de la soberanía popular, Juan Guaidó declaró, en virtud de los artículos 233, 335 y 350 de la Constitución de Venezuela que, ante un vacío de poder, debía asumir la Presidencia de la República hasta que se concreten nuevas elecciones». Agregando que el Gobierno debe sumarse a la lista de países que reconocen a Guaidó, «asumiendo definitivamente una postura que ubique al país nuevamente del lado de nuestra mejor tradición histórica en materia internacional».  

Este mensaje de la oposición interpela al Gobierno en un año electoral donde el Frente Amplio espera ser confirmado en un cuarto mandato (2020-2024). Esto no es menor: no es lo mismo posicionarse frente al conflicto venezolano para el mexicano Andrés Manuel López Obrador, que está comenzando su mandato, que para el Frente Amplio en Uruguay, que sufre el desgaste de haber gobernado durante los últimos 15 años.  Las encuestadoras dan un escenario reñido entre el Partido Nacional (principal partido opositor, de corte liberal) y el Frente Amplio. Las proyecciones indican una alta probabilidad de que no haya mayoría parlamentaria en el próximo Gobierno y se pase a balotaje (segunda vuelta), con resultado incierto. No hay dudas sobre que este escenario electoral, sumado al bajo índice de aprobación del presidente Vázquez (sólo uno de cada tres uruguayos su gestión) no permite márgenes para las equivocaciones y Venezuela pudiera ser una. 

Aunque Vázquez ha logrado mantener su postura sin grandes conflictos internos en su partido ni en la sociedad, la situación institucional de Venezuela continúa agravándose. Si en un futuro cercano el GIC decide finalizar su labor como mediador, ¿mantendrá el Gobierno uruguayo su posición? ¿Junto a quiénes? ¿Ecuador y Costa Rica? ¿cuál sería la estrategia? Recordemos que el GIC se creó para 90 días de trabajo, es una integración temporal que, aunque sigue vigente y postergó su labor como mediador al reunirse con Maduro y con Guaidó el 16 y 17 de mayo, no ha sido fructífero en aportar salidas democráticas en el corto plazo.

Quedan aún cinco meses para la elección presidencial y, frente al contexto actual en Venezuela, la oposición en Uruguay intentará aprovechar cada evento crítico del Estado caribeño para recordarle a Vázquez, pero principalmente al electorado en su conjunto, que el Gobierno y, por tanto, el Frente Amplio, aún mantienen vínculos con el Gobierno autoritario y represor de Nicolás Maduro. En una democracia como la uruguaya, donde la partidocracia es su eje central, este tipo de recordatorio nunca es en vano. 

Autoría

1 Comentario

  1. Beatriz
    Beatriz 05-24-2019

    Están exagerando y mucho. En Uruguay la agenda política no está atravesada por el tema Venezuela. Acá el ciudadano y la ciudadana (que no súbditos) van a votar con mucha conciencia y en defensa de la democracia pensando en lo que creen sea lo mejor para el paisito. No tenemos el trauma que tienen los súbditos españoles con Venezuela y con Maduro. Así que intenten no proyectar sus complejos que acá no pasa niente, estamos bien los tres millones.

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