La derecha iliberal frente al Estado de derecho

Una de las mayores amenazas actuales contra la democracia está representada por los gobernantes iliberales que vacían de contenido los sistemas pluralistas al prescindir (o reducir a un mero formalismo irrelevante) los mecanismos de control y garantía. En efecto, un genuino sistema pluralista descansa en tres pilares interrelacionados, y si falla uno todo el conjunto se ve afectado (y deteriorado).

La Constitución  de 1978 configura acertadamente a España como Estado social y democrático de derecho (artículo 1). Pues bien, es ya larga la literatura sobre la crisis del Estado del bienestar occidental tras 40 años de políticas neoliberales hegemónicas, apenas revisadas desde la Gran Recesión de 2008; pero hasta tiempos recientes no se había señalado con suficiente fuerza el riesgo tan grave que suponen las políticas iliberales que reducen la división de poderes, recortan la independencia judicial y ponen trabas a los ‘mass media’.

El fenómeno del populismo autoritario de gobierno ya es mundial (Trump, Putin, Erdogán, Maduro, Ortega, Bolsonaro, Duterte y otros) y en la Unión Europea (algo que hace tiempo se hubiera antojado imposible) gobiernos como el polaco (controlado de hecho por Jaroslaw Kaczyńsky) y, sobre todo, el húngaro de Viktor Orbán, han reducido la democracia a una apariencia ritual sin verdaderos mecanismos de exigencia de responsabilidad y rendición de cuentas. En este sentido, es indispensable la reciente obra de Pippa Norris y Ronald Inglehart, Cultural  Backlash. Trump, Brexit, and Authoritarian Populism, Cambridge  University Press, 2019).

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Es cierto que la UE ha tratado (con escaso éxito) de revertir la involución reaccionaria de estos gobiernos (el Tribunal de Justicia europeo ha anulado cambios judiciales restrictivos en Polonia y, además, se ha iniciado el complejo procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión contra Hungría), pero ha sido incapaz de ir más allá (sobre Orbán es de gran interés la obra de Amèlie Poinssot, Dans la tête de Viktor Orbán, Solin/ Actes  Sud, París, 2019).

En particular, la UE dispone de un importante mecanismo de presión: los fondos estructurales que podría dejar de enviar a ambos países; pero no lo ha hecho. Por lo demás, sigue siendo incomprensible que el Partido Popular Europeo (PPE) sea incapaz de expulsar a un partido como Fidesz, tan claramente contrapuesto a sus principios. El tacticismo y la necesidad de contar con los eurodiputados de Orbán reflejan la hipocresía de este europartido sobre su retórica a propósito de sus valores liberal-democráticos.

No menos inquietante ha sido la experiencia tan negativa de los 14 meses de la Lega en el Gobierno italiano, con un dirigente como Matteo Salvini que se ha caracterizado por el desprecio más absoluto por el principio de acogida de refugiados y por su desconsideración de los tribunales (es muy útil al respecto la obra de Giovanni Diamanti y Lorenzo Pregliasco, Fenomeno Salvini. Chi  è, come comunica, perché  lo votano, Castelvecchi  Editore, Roma, 2019).

Por cierto, los partidos de Kaczyńsky, Orbán y Salvini están formalmente en grupos diferentes en el Parlamento Europeo (Conservadores y Reformistas Europeos, Partido Popular Europeo e Identidad y Democracia, respectivamente), algo irrelevante a efectos prácticos dada su completa coincidencia ideológica de inspiración iliberal.

El gran argumento de la derecha reaccionaria es que la democracia (electoral) da carta blanca al vencedor y la mayoría (bien que relativa) no debe verse condicionada y sometida a reglas e instituciones contra-mayoritarias. De acuerdo con esta teoría, el supuesto mandato popular (tomando siempre la parte por el todo) de las urnas (por no considerar otros problemas al respecto como el gerrymandering, desorbitados premios de mayoría o dificultades para la oposición en las campañas electorales, entre otros) permitiría imponer sin cortapisas, y al 100%, el programa del vencedor, desconsiderando los derechos de las minorías y las garantías procedimentales.

Este asalto involucionista de gobernantes con pulsiones autoritarias que no toleran la crítica y aspiran a perpetuarse indefinidamente en el poder representa el riesgo más grave para la buena salud de las democracias pluralistas. En efecto, se corre el riesgo de convertir la democracia en una simple fachada superficial y ritual, útil para políticos demagogos, que apenas camufla prácticas cada vez más autoritarias.

Por estas razones, la tarea prioritaria de todo demócrata cabal es reafirmar la trilogía mencionada (las dimensiones social, democrática y de derecho) y hacer políticas que permitan hacer efectivas todas sus implicaciones. Es más, ni siquiera parece muy acertada la ya consagrada expresión académica democracias iliberales, porque es un oxímoron: si son iliberales, sencillamente han dejado de ser democracias. Hungría ha dejado de serlo, Polonia sigue en riesgo (con posibilidades de revertirse) e Italia ha conjurado el peligro al salir del Gobierno un político tan reaccionario como Salvini y los suyos. En suma, tan indispensable como restablecer el tradicional modelo social europeo (que lo es, y mucho), a la vez que recuperar la máxima calidad para la democracia, es más vital que nunca reforzar los controles y las garantías del Estado de derecho.

Los políticos que afirman que la democracia está por encima de la Ley (por ejemplo, Quim Torra) deberían ser automáticamente desautorizados por la ciudadanía: si cada partido pudiera escoger qué ley acata y cuál no, y qué tribunal respeta y qué otro no, tal arbitrariedad supondría el fin de cualquier sistema pluralista.

Por lo demás, esta tesis ignora deliberadamente que en democracia las mayorías son circunstanciales y cambiantes (por tanto, hay alternancias), de ahí que los vencedores no puedan operar de modo absolutista, siendo imprescindible que no se salgan de los cauces institucionales y legales vigentes (siempre reformables, pero de acuerdo con los procedimientos formales preestablecidos) precisamente para garantizar el pluralismo y los derechos de todos. Por todas estas razones, la defensa del Estado de derecho, por mucho que incomode y limite a cualquier político y a todo Gobierno, es una de las mayores conquistas revolucionarias que hoy debe ser reivindicada y defendida a toda costa; pues está en juego la supervivencia de la propia democracia.

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