La dimensión jurídica del debate sobre el callejero franquista

Tan sólo faltan unos meses para que la conocida como Ley de Memoria Histórica cumpla 12 años. Desde su propuesta, esta norma ha sido foco de numerosas críticas, ya sea por considerar que nacía con el objetivo de revancha y con la voluntad de reabrir heridas, o bien porque su alcance resulta excesivamente limitado, porque a día de hoy la mayor parte de sus preceptos sigue sin cumplirse o porque adopta una noción de memoria restringida al ámbito personal y familiar de la víctima, sin prestar apenas atención a la dimensión colectiva de la memoria. Decimos apenas porque, efectivamente, la norma dedica algunas disposiciones a intentar “suprimir elementos de división entre los ciudadanos” (artículo 1).

De hecho, los artículos 15 y 16  se refieren a los “símbolos y monumentos públicos” y al Valle de los Caídos. En relación a este último, la Prensa ha hecho, durante los últimos meses, un seguimiento asiduo del procedimiento de exhumación de Franco, por el momento suspendido de manera cautelar por auto del Tribunal Supremo de 4 de junio de este año. Pero seguimos sin abordar el debate sobre qué hacer con el Valle de los Caídos, discusión que manifestará con más potencia la dimensión colectiva –y confiemos que democrática– de la memoria.

Una trayectoria distinta ha tenido, sin embargo, el debate sobre los símbolos y monumentos públicos y, especialmente, el referido al callejero de los municipios.

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Desde que la ley entró en vigor, numerosos ayuntamientos han iniciado trámites para cambiar el nombre de las calles que rememoraban acontecimientos o personajes vinculados con el golpe de Estado, con la guerra y con la dictadura. Estas propuestas municipales han generado debate en los plenos, entre los vecinos y las vecinas y han llegado, incluso, hasta los juzgados en distintas partes del país. Pero hace unas semanas el debate sobre el callejero fue de nuevo noticia al conocerse una propuesta del Ayuntamiento de Córdoba que estudia volver a cambiar la denominación de tres calles de la ciudad para recuperar los nombres franquistas “históricos” y “populares”. Las vías, que estaban dedicadas a José Cruz Conde, Antonio Cañero Baena y Conde de Vallellano (personajes vinculados con la sublevación y con el Gobierno franquista) se denominan en la actualidad calle del Foro Romano, plaza de los Derechos Humanos y avenida del Flamenco, respectivamente. 

En la dimensión jurídica de todo este debate, debemos señalar que la nomenclatura actual de cientos de calles en España es resultado del cumplimiento de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre (conocida como Ley de Memoria Histórica), que insta en su artículo 15 a las administraciones públicas a que tomen “las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra civil y de la represión de la Dictadura”. Quedan excluidas “las menciones de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando haya razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por ley”. Una de las críticas que se le ha hecho a la norma es que no contemple un régimen que permita, en el caso de incumplimiento, imponer una sanción a las autoridades públicas o a los responsables del mismo. 

En el mismo sentido se pronunció, en 2014, el relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff. Tras su misión a España, emitió un informe en el que señala que recibió información reciente con listas de nombres de calles y edificios, placas conmemorativas e insignias que conmemorarían la memoria de altos cargos y funcionarios franquistas en diferentes lugares del país y que no habrían sido cambiados a pesar de la presentación de quejas formales ante las autoridades y las defensorías del Pueblo (párrafo 27º). Por ello, recomienda a España que sistematice “las  iniciativas en relación con símbolos y monumentos franquistas, de conformidad con la legislación vigente, promoviendo intervenciones diferenciadas, la contextualización y resignificación de símbolos y monumentos cuando no se recomiende la remoción de los mismos” (recomendación j.).

Paralelamente, se ha venido desarrollando legislación autonómica que completa a la norma estatal. En la materia que nos ocupa, y en relación a la polémica actual con las calles de Córdoba, resultaría aplicable la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, que señala en su artículo 32 que “la exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública, realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, se considera contraria a la Memoria Democrática de Andalucía y a la dignidad de las víctimas.

En este sentido, determina que las administraciones públicas andaluzas adoptarán las medidas para su retirada o eliminación, sin perjuicio de las acciones que las víctimas, sus familiares o las entidades memorialistas puedan realizar en defensa de su derecho al honor y la dignidad. En virtud de la ley, el único supuesto en el que este precepto no puede ser aplicado es cuando concurran razones de índole artística o arquitectónica que desaconsejen la intervención.

Una vez más, vemos cómo la memoria se manifiesta como un proceso vivo y no como una alusión a lo inerte o a una idea anclada en el pasado. Las memorias –en plural, como señala Elizabeth Jelin en su libro Los trabajos de la memoria– son diversas y, en muchas ocasiones, radicalmente opuestas. Pero tienen un claro elemento en común: nacen de una necesidad que se manifiesta en el presente de reinterpretar el pasado, aunque este ejercicio de reinterpretación siempre se hace en función de un determinado plan o proyecto de futuro. ¿Qué idea de futuro alimenta la propuesta de modificar el nombre de una plaza que, en la actualidad, conmemora los Derechos Humanos? 

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