La doble singularidad de la cultura política francesa

El movimiento de los chalecos amarillos y la huelga contra la reforma del sistema de pensiones presentan dos características comunes: la radicalización de los actores ha provocado una insurrección larvada; pero también el apoyo, o al menos la simpatía, de una mayoría de la población francesa. La propensión de los franceses a soportar, sin negociar su apoyo, todas las molestias en su vida cotidiana causadas por estos movimientos y su tolerancia hacia las acciones violentas bajo la mirada socarrona de los medios de comunicación no dejan de asombrar en un viejo país democrático.

Es cierto que, en todo el mundo, de Alger a Santiago, de Hong-Kong a Beirut, el pueblo protesta contra el poder. El impuesto a WhatsApp en el Líbano, la subida del precio de la gasolina o del metro y más allá, las protestas contra el estancamiento del poder adquisitivo, el incremento de las desigualdades y la gangrena de la corrupción son testigos de la generalización de estos movimientos, de estas tendencias. A la inversa, si se buscan las razones particulares de la recurrencia de los movimientos de protesta en Francia desde la elección de Emmanuel Macron, uno podría caer en la tentación de atribuirlas a la inexperiencia de un joven presidente o a los defectos de la comunicación gubernamental.

Aunque esta explicación puedan ser válida, no es suficiente para descartar la hipótesis de la doble especificidad que caracteriza la cultura política nacional francesa: el recelo hacia el poder y la convicción de que la riqueza del país es un bien común que el Estado debe redistribuir con una perspectiva igualitaria. Esta doble singularidad merece que se investiguen de sus fundamentos.

El ciudadano contra el poder

Una de las grandes figuras políticas nacidas de la revolución es la de un pueblo unido contra el poder de la monarquía. Para los jacobinos, el pueblo construye y expresa su unidad en contra de todo lo que no sea el propio pueblo: el monarca, los privilegiados y al final, sin ninguna distinción, los enemigos del pueblo, como si esta unidad soñada sólo pudiese conseguirse por medio de la exclusión. Hoy en día el pueblo francés, aunque elija él mismo a sus representantes, sigue sospechando del poder y quiere alzarse contra él cuando considera que es necesario.

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La Republica nació de una insurrección contra la representación nacional. La parte activa del pueblo, los sans-culottes, pretendió entonces actuar en nombre del pueblo entero e impuso así su voluntad a sus representantes. Un tal Guiraut, de la sección del Contrato social, miembro del Comité Revolucionario, declaró ante la tribuna de la Asamblea durante el verano de 1793: “El momento ha llegado para que las secciones se levanten y se presenten en masa a la Convention, que le digan que haga leyes para el pueblo, y leyes que, sobre todo, convengan al pueblo; que le impongan un plazo de tres meses y le adviertan que si en este plazo no estuvieran hechas dichas leyes, la Convención entera será pasada por las armas”.

Poniendo en duda el poder de Luis XVI, Robespierre justificaba, en septiembre de 1789 durante un debate sobre el derecho de veto del Rey, la visión dominante con la frase siguiente: «El que dice que un hombre tiene derecho a oponerse a la ley dice que la voluntad de uno solo está por encima de la voluntad de todos. Dice que la nación no es nada y que un solo hombre lo es todo». Este principio, que procede de una visión que también se observa en Sieyès y que pertenece al tronco común del espíritu de la Ilustración, rehusando toda legitimidad y toda autonomía del Poder Ejecutivo con respecto al pueblo, iba a facilitar años más tarde la deriva de los sans-culottes. La práctica de éstos y la teorización jacobina se juntaron para dar legitimidad a la intervención directa del pueblo en el funcionamiento de los poderes públicos, fragilizando así el régimen representativo y privilegiando la democracia directa.

El movimiento de los chalecos amarillos ha retomado esta idea frente al presidente de la República. Ha expresado una desconfianza absoluta hacia el poder elegido democráticamente y le ha negado toda legitimidad. Rehuyendo toda verdadera negociación con el poder, este movimiento ha afirmado su voluntad de que esta confrontación termine con un ganador –que no podía ser otro que el pueblo– y un perdedor –que no podía ser otro que el Gobierno francés. Durante casi un año y según los sondeos, una mayoría de franceses parece haber respaldado este movimiento, confirmando así que un movimiento minoritario de la parte activa podía prevalerse de la confianza del pueblo entero.

Cualesquiera que sean las diferencias entre el movimiento de los ‘gilets jaunes’ y el de los que se oponen a la reforma de las pensiones, merecen ser analizadas algunas semejanzas: mismo rechazo a reconocer la legitimidad del poder y misma visión del poder como un adversario, mismo rechazo a negociar y hacer concesiones mutuas, rechazos todavía más sorprendentes cuando provienen de los sindicatos, que encuentran su razón de ser en estos principios mismos. Misma exigencia de la retirada del proyecto de ley.

Misma voluntad de infligir al Gobierno una derrota total y misma tentativa de instalar un clima insurreccional. Philippe Martinez, secretario general de la CGT, ha llegado a declarar: “Necesitamos huelgas en todas partes”. Por último, mismo respaldo de la población, que da a un movimiento de huelga minoritario la bendición de la legitimidad popular.

De la observación de estos dos movimientos podemos deducir que las ideologías jacobinas y de los sans-culottes están muy vivas en Francia. El discurso con el que se intenta describir a los conductores de tren y de metro como privilegiados del sistema no convence a la mayoría de la población porque, en la visión de esta ideología que opone el pueblo a los gordos (por citar un libro de Pierre Birnbaum, estos trabajadores forman parte del pueblo y, como tales, tienen razón de defender sus intereses contra un poder que lo da todo a los ricos.

El Estado redistribuidor

La segunda singularidad francesa se centra en la riqueza y su reparto por el poder político. De todos los países de la OCDE, Francia tiene el sistema social más generoso (salud y pensiones), practica la redistribución más amplia, consigue un reparto del valor añadido favorable a los asalariados, ha resistido mejor que otros países a la crisis evitando el aumento de la desigualdad, tiene la tasa más baja de pensionistas pobres y el salario mínimo interprofesional más alto. Pero Francia se siente asediada por las élites que quieren atacar el acervo del pueblo, por los ricos que no cesan de acumular bienes, no pagan sus impuestos, se atiborran de dividendos y atacan al Estado y sus servicios públicos.

Tanto en las manifestaciones como en numerosos discursos políticos nace una curiosa idea de lo que es la riqueza del país: como si hubiese aparecido un inmenso pastel, pertenecería a todos, y lo único que haría falta es compartirla mejor. El Estado, que debería de ser el encargado de esta redistribución equitativa, está de hecho al servicio de los ricos y traiciona su misión. En esta representación está presente, por supuesto, la vieja desconfianza católica hacia el dinero, la pasión igualitaria post-revolucionaria, la denuncia marxista de la captación de la plusvalía.

Esta visión de la riqueza y de su reparto es extraña en muchos aspectos. Nace, primero, de la concepción estática y patrimonial de aquélla. “Francia es uno de los países más ricos del mundo”, “el dinero hay que buscarlo allí donde está”… todo pasa como si hubiese un tesoro acaparado por los ricos que habría que redistribuir entre el pueblo para satisfacer sus necesidades imperativas.

Según esta visión, la riqueza es un bien común y el pueblo su único propietario legítimo. Los que la poseen sólo lo hacen de forma provisional. La exigencia de solidaridad es prioritaria y, por lo tanto, le incumbe al Estado que recupere y distribuya ese dinero a través de impuestos, tasas, cotizaciones y contribuciones. Por lo tanto, mientras persistan la miseria, la desigualdad y la desgracia, una vida decente para cada uno es responsabilidad de un Estado-Providencia ilimitado. La redistribución a través del gasto público, de las ayudas, de los servicios públicos gratuitos es la única vía política posible.

La riqueza debe ser aplicada a las necesidades urgentes del país. Desaparece la concepción de pensión de jubilación como seguro, como salario diferido, como transferencia de los activos hacia los jubilados y, por ello, dependiente de la creación de riqueza. Los efectos del sobrecargo de los impuestos sobre el empleo también han desaparecido; los de las retenciones sobre la competitividad son olvidados. Solo hace falta expropiar a los ricos, pues existe una hucha que hay que romper para hacer frente a las necesidades más importantes.

En esta visión de conjunto, el poder político y el Estado son dos entes distintos. No hay nada que esperar de un poder en manos de los ricos, pero todo de un Estado que tiene como misión principal la redistribución equitativa del conjunto de las riquezas. Esta visión francesa, y no económica, no se preocupa de saber si el nivel de la riqueza aumenta o disminuye según la productividad y la competitividad, en una economía mundial que es una economía de mercado y donde la riqueza es mayoritariamente producida por empresas privadas que necesitan capital para desarrollarse. Los adversarios del capitalismo, cuya mayoría comparte esta visión, no nos explican cómo Francia podría mantener el nivel de riqueza en un sistema sin empresas capaces de obtener beneficios para invertir y soportar la competencia internacional.

La igualdad sin la producción de riqueza generó en el pasado el modelo soviético: la pobreza para todos. Pero pareciera que cada generación debiese tener la misma experiencia, pasar por las mismas reivindicaciones, comenzar la misma rebelión. Aunque el Partido comunista desaparezca, la cultura comunista es resiliente.

La paradoja de esta doble especificidad francesa es que los franceses esperan muchísimo de la redistribución, pero no confían en absoluto en el poder político para realizarla. Hay que arrancar al Estado las concesiones que hará realidad con el tiempo.  

(Este articulo ha sido publicado por Telos-eu, agencia intelectual con la que colabora Agenda Publica. Traducción de Isabel Serrano)

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