La emergencia de Orbán

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, siempre aprovecha los escenarios de crisis. El 20 de marzo, presentó ante el Parlamento de Hungría una ley que podía conferirle poderes dictatoriales, amparándose en la declaración del estado de emergencia para frenar el coronavirus. El Parlamento ha votado y aprobado hoy (30/3/2020) la ley.

La ley crea dos nuevos delitos. Cualquiera que publique información falsa o tergiversada, que pueda obstaculizar la “protección exitosa” del público (o que pueda alarmar o inquietar a la población), podrá ser castigado con cinco años de prisión. Y cualquiera que interfiera en el cumplimiento de la orden de cuarentena o aislamiento también podría ser castigado con una pena de prisión de hasta cinco años, que se podría incrementar hasta ocho años si alguien fallece como resultado de esas acciones.

Si bien la prohibición de publicar datos falsos o tergiversados puede parecer razonable para evitar que se propague desinformación maliciosa durante la crisis, el terrible historial de Orbán en relación con la libertad de prensa genera sospechas sobre el objetivo de la ley: ¿pretende acabar con los últimos vestigios de la prensa independiente en Hungría? También podría utilizarse para poner freno a los periodistas extranjeros que trabajan en el país. En este momento, los medios controlados por el Estado están esperando que sus competidores independientes sean castigados por desviarse de la línea del partido.

El segundo delito permitiría imponer penas a aquellos que incumplan las órdenes de aislamiento obligatorio o que desafíen las medidas que tome el Gobierno de Orbán para frenar el virus. Este poder podría utilizarse para perseguir a cualquiera que viole el toque de queda. La ley está escrita de forma lo suficientemente amplia como para quitar de en medio a los críticos que pongan en duda la sensatez del Ejecutivo o que, incluso, cuestionen una medida gubernamental que no tenga relación con el virus. Queda a criterio del Gobierno determinar exactamente qué obstruye la implementación de sus políticas.

Ambos delitos le darían al fiscal general, que es un gran amigo del primer ministro, amplios poderes discrecionales para detener a cualquier persona que cuestione lo que el Gobierno esté haciendo en nombre de la amenaza. El Gabinete de Orbán ha usado durante 10 años a la Fiscalía para beneficiar a sus adeptos y hacer daño a sus enemigos políticos. Por eso, este tipo de poderes discrecionales en manos del fiscal general son especialmente preocupantes.

Además, ambos delitos no estarían relacionados, de manera estricta, con el estado de emergencia. Serían cambios permanentes del Derecho Penal, lo que quiere decir que no desaparecerán cuando termine la crisis por la pandemia.

Si bien estos dos nuevos delitos son alarmantes, las disposiciones generales de la ley que se relacionan con la separación de poderes son aún más inquietantes, e implicarían que la apariencia de un Gobierno democrático y constitucional llegaría a su fin (en la práctica, ese Gobierno democrático y constitucional terminó hace un tiempo, pero las apariencias se han mantenido). Bajo esta ley de emergencia, Orbán gobernaría solo.

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La iniciativa legislativa le otorgaría total libertad para gobernar por decreto, sin los límites de las leyes actuales. Podría “suspender el cumplimiento de ciertas leyes, apartarse de las regulaciones e implementar medidas adicionales extraordinarias por decreto” (Sección 2). El texto no ofrece más especificaciones, lo que significa que cualquier instrumento legal puede suspenderse o anularse mientras la emergencia continúe. En resumen, poco importa lo que establezcan actualmente las leyes en Hungría. La semana que viene, si este proyecto se aprueba, cualquier ley húngara podría ser revocada por capricho de Orbán (*).

El Parlamento húngaro, haciendo gala de una gran precaución, ya ha decidido que no se reunirá en el futuro después de que termine este asunto. ¿Qué pasará cuando el Parlamento ya no esté para exigirle cuentas a Orbán? La nueva ley lo dice: el Gobierno podrá ofrecer información sobre sus decisiones al portavoz del Parlamento y a los líderes de los grupos parlamentarios, pero el Parlamento no podrá actuar para contrarrestar las medidas de Orbán (Sección 4). En este sentido, esta institución será opacada por el Gobierno durante el estado de emergencia.

La Ley Fundamental de Hungría estableció controles para los poderes de emergencia, pero esta nueva ley los eludirá. Mientras la Constitución permite que el Parlamento vete una solicitud de estado de emergencia, el proyecto de ley le pide al Parlamento que respalde el Decreto 40/2020 con el que Viktor Orbán declaró por primera vez la emergencia el 11 de marzo. También le solicita al Parlamento que apruebe cualquier otro decreto que el primer ministro haya promulgado o vaya a promulgar a partir del 11 de marzo, y hasta el momento en el que la nueva ley de emergencia sea firmada por el presidente. En este sentido, el Parlamento estaría dando carta blanca para que Orbán incluya cualquier decreto en la Gaceta Nacional (Magyar Közlöny) esta semana. Todos debemos estar atentos a esa publicación para saber las nuevas autorizaciones que se colarán en los próximos días.

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Pero el punto crucial es que, con esta ley, Orbán le está pidiendo al Parlamento que pre-apruebe todas sus iniciativas, de una forma en la que será más difícil que esta institución cambie de opinión más tarde. Para controlar los poderes de emergencia de Orbán una vez que los haya respaldado, el Parlamento deberá aprobar otra ley que anule la que se ha presentado. Si bien se considera que ésta es una ley fundamental porque afecta las disposiciones constitucionales, deberá aprobarse con dos tercios de los votos, pero también se podrá rechazar con dos tercios. Y si el Parlamento logra anular esta ley, el presidente húngaro, que es aliado político de Orbán, podría simplemente negarse a firmarlo. Las disposiciones que establece la Constitución permiten que el Parlamento ponga fin a un estado de emergencia con una simple resolución. El proyecto de ley suprime esa garantía.

(Un apunte técnico: en el apartado 2 de la Sección 3 de la ley, el Parlamento recibe poderes para revocar la autorización de los decretos de emergencia, que se establece en el apartado 1 de esa misma sección. Y luego todos los decretos que apruebe el Parlamento en el apartado 1 se repiten en el apartado 3 con el cheque en blanco para los decretos que se añaden allí. El Parlamento no puede revocar esta disposición. Es decir, se da gato por liebre).

¿Alguien podría objetar esta ley de emergencia o cualquier otra acción gubernamental que se lleve adelante en este marco? Mientras escribo, ya se han suspendido los tribunales de primera instancia en Hungría por los temores a la propagación del virus. Y si los tribunales ordinarios están cerrados, ¿cómo se podría hacer frente a la acción ilegal del Gobierno, bajo el amparo de esta ley o de cualquier otra? Si bien la Ley Fundamental de Hungría establece que el Tribunal Constitucional debe permanecer abierto durante una emergencia (y el proyecto de ley hace honor a esta garantía), es difícil que un caso llegue a ese Tribunal a menos que primero haya pasado por esas otras instancias judiciales que ya están cerradas. En todo caso, el Constitucional se ha convertido en una simple formalidad para Orbán desde que lo capturó en 2013, por lo que nadie esperaría que esta institución imponga serias restricciones al primer ministro. El Tribunal Constitucional parece imprimirle un sello de legalidad a este estado de emergencia, pero eso es todo.

Y hay algo peor. No se podrán celebrar elecciones durante la emergencia. No habrá comicios si un miembro del Parlamento se contagia con el virus; ni elecciones locales incluso si se disuelve un Gobierno local; ni elecciones regulares si la emergencia dura más tiempo. Es decir, ninguna convocatoria electoral; tampoco referendos. Es decir, la democracia queda suspendida.

Además, el problema es que la emergencia no tiene fecha de culminación. La Constitución especifica que debe terminar cuando la crisis llegue a su fin, pero el primer ministro es quien determina el momento exacto.

Es decir, la emergencia le da a Orbán todo lo que había deseado: la libertad absoluta para hacer lo que quiera.

Pero la realidad tiene sus formas de socavar los sueños, y Orbán quizás descubra que los suyos no son la excepción.

Los gobiernos de todo el mundo están usando los poderes del estado de emergencia para lidiar con las verdaderas amenazas que trae consigo el Covid-19. Hungría es más vulnerable que la mayoría de los países del mundo desarrollado, porque su sistema sanitario estaba casi colapsado incluso antes de la aparición del virus. El sistema hospitalario, que carece de recursos económicos y humanos, puede entrar en caos aunque el brote del virus sea leve; y eso sí sería una verdadera emergencia. La amenaza del coronavirus en Hungría es realmente seria y, sin duda, Orbán sabe que el país no está preparado para afrontarla.

Pero esta ley de emergencia no ayuda en nada al fortalecimiento del sistema sanitario de Hungría. Por el contrario, le da a Orbán herramientas poderosas que podrá usar si el virus le pasa factura al país y los ciudadanos se rebelan por las pérdidas evitables de las que el Gobierno pudo haberlos protegido. Con estos nuevos poderes de emergencia, el primer ministro podría aislar a su propia población con decretos draconianos, respaldados por la fuerza. La ley le entrega a Orbán todos los poderes dictatoriales que necesita para aferrarse a su cargo.

(*) Este texto fue originalmente publicado en hungarianspectrum.org el pasado 21 de marzo.

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