La estabilidad de la incertidumbre en España

Este lunes se celebra la apertura solemne de la XIV Legislatura de la democracia, con la presencia del Rey en el hemiciclo del Congreso de los Diputados y su discurso ante las Cortes Generales. Por fin, los diputados y senadores podrán empezar a desarrollar sus trabajos legislativos y de control al Ejecutivo con normalidad, después de un año prácticamente en blanco desde la disolución de las cámaras, en marzo de 2019, si exceptuamos la investidura fallida de julio, que en realidad podía haberse evitado con el mismo acuerdo alcanzado por el PSOE y Podemos en diciembre.

Empieza, por tanto, una Legislatura nueva y también un nuevo tiempo en la política española. En uno de los bancos azules más concurridos de la España constitucional se sentarán los ministros del primer Gobierno de coalición de la democracia, mientras el resto de los escaños los ocuparán el Parlamento más fragmentado y más enfrentado de los últimos tiempos. Diecinueve formaciones políticas en el Congreso agrupadas en dos bloques ideológicos no sólo bien diferentes entre sí, sino también empeñados en evitar que exista algún puente de referencia entre ellos.

Pero, a pesar de la fragilidad de la mayoría de que dispone el Gobierno, se abre una etapa de cierta estabilidad práctica para Pedro Sánchez, basada en la falta de alternativa real a su Gobierno. Sánchez llegó a La Moncloa tras una moción de censura en 2018 que es imposible reeditar con otro signo en 2020, por lo que todo depende del presidente, de la capacidad de los vicepresidentes de convertir en coordinación lo que hasta ahora era confrontación entre dos formaciones políticas y de la prudencia que tengan sus ministros para evitar acciones inexplicables. Más allá, completar esta Legislatura solo dependerá de la aprobación de una ley y de la relación del Gobierno con una comunidad autónoma. Pero si esa ley son los Presupuestos y la comunidad autónoma es Cataluña, la cosa se complica.

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La frase de Gabriel Rufián, líder de ERC en el Congreso (“si no hay mesa de diálogo, no hay Legislatura… Ya lo hemos hecho antes) retronará en el Congreso de los Diputados cada vez que Meritxell Batet llame a votación a sus señorías. Ya vimos el pasado jueves la dependencia que tiene Pedro Sánchez de los defensores de la independencia. En menos de ocho horas, la mesa de diálogo que tendría que haberse formado el mismo día en que a Torra se le retiró el acta de diputado, y que Sánchez pretendió aplazar hasta que se eligiese un nuevo Parlament, cobró plena vigencia de nuevo por las protestas de ERC y demostró, con toda la crudeza, la fragilidad de un Gobierno de 23 miembros ante la incomodidad de un solo diputado. 

Por lo tanto, la estabilidad práctica sometida a la inestabilidad de la política catalana será la norma de una Legislatura con más intenciones que realidades, con más proyectos que leyes y, casi con total seguridad, con un exceso de discursos duros y una colección de palabras huecas. La clave es que se ha asumido que un Gobierno puede gobernar aprobando una única ley, la de Presupuestos, como si el resto de reformas que sigue necesitando nuestro país y nuestra economía se pudiesen enviar al BOE en power point directamente desde la mesa del Consejo de Ministros. Pero las comparativas son tan odiosas como necesarias, y en la última Legislatura completa que vivimos en España, la décima, se aprobaron 165 leyes. 

Porque la realidad también juega, y un Gobierno de mucho gasto lo tiene difícil en una Europa que mira de reojo nuestras cuentas públicas. Pero con una funcionaria europea dibujando el cuadro macro, a nadie se le escapa que tras tres consejos de Ministros acordando subidas salariales (pensionistas, funcionarios y SMI) sólo pueden llegar tres años de subidas de impuestos que comenzarán, como se ha anticipado, con una nueva fiscalidad medioambiental en la que aún están por definir cuáles van a ser las tasas y, más aún, quién las va a definir, porque no hay que olvidar que en el Gobierno hay una Vicepresidencia encargada de la Transición Ecológica y otra centrada en el cumplimiento de la Agenda 2030, y las dos con cosas que decir sobre la lucha contra el cambio climático. 

Son muchos los retos a los que nos enfrentamos, desde la incertidumbre económica que adquiere cada vez mayores tintes de desaceleración y que no debe ser menospreciada por nadie en un mundo tan inestable, hasta la necesidad de garantizar la sostenibilidad y cobertura del Estado del Bienestar, que no se puede blindar en la teoría para ponerse en riesgo, en la práctica, con medidas que caben perfectamente en los apuntes de unos estudiantes de Ciencias Políticas, pero no en las capacidades reales de un sistema económico que pretende seguir siendo competitivo. El papel lo aguanta todo, pero el Presupuesto, no.

Éste es el escenario de los próximos años. Un Gobierno que, en un principio, depende de sí mismo y de su capacidad para afrontar todas las inestabilidades que sean capaces de generar los partidos independentistas y de las brechas que se generen en sus exiguas mayorías, en particular para aprobar unos Presupuestos y comprar tiempo. Pero el calendario, siempre difícil, se advierte todavía más enmarañado por la convocatoria electoral en Cataluña y su concurrencia con los comicios vascos y gallegos. Si a ello le sumamos el calendario judicial catalán, el de las inhabilitaciones y desinhabilitaciones, esas tareas tan sencillas que señalábamos al principio, que se condensan en dirigir, coordinar y evitar errores, se transforman en verdaderos desafíos. Y pueden hacer que esta Legislatura, de condicionantes conocidos, tenga, cuando menos, consecuencias inesperadas.

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