La gran ceguera

¿Qué diferencia hubo entre el proceso participativo cubano de 2018 y el gran debate nacional francés de 2019?

La pregunta es una provocación; sin duda, hay muchas diferencias. La primera, fundamental: Francia es un país democrático y Cuba no. Pero cuidado con quedarse en la zona de confort que da esa línea divisoria: hay aspectos en los que el proceso participativo cubano podría salir mejor parado. Por ejemplo, en la isla hubo un referéndum; controlado, sí, pero se incluía un mecanismo de decisión en manos de la ciudadanía que ha permitido, según algunos analistas, la expresión ‘directa’ de un incipiente malestar.

Además, la participación en Cuba fue mucho más masiva: siete millones de cubanos (64% de la población) en más de 100.000 encuentros, frente al medio millón que habría participado en Francia (ni el 1%) en los poco más de 10.000 encuentros locales, y el millón y medio que registró sus contribuciones en Internet. Aunque Macron lo ha vendido como un éxito, una investigación del Centro de Estudios de la Vida Política de Sciences Po, basada en una muestra de 240 debates y 2.500 cuestionarios, sugiere que los menores de 50 años apenas habrían participado y que el grupo distaría mucho de representar socio-demográficamente a Francia, con mayoría de hombres y niveles educativos medios y elevados.

Volviendo a la comparación, más allá de cuestiones de todos modos discutibles, lo que resulta preocupante (porque Francia es un país democrático y Cuba no) es lo que comparten: la deliberación fue más o menos masiva, inclusiva y abierta (en Francia hubo cuatro temas y cuestionarios-guía; en Cuba se deliberó sobre el proyecto constitucional), pero no se sabe muy bien cómo ni cuándo ‘alguien’ dirá qué quería la gente. En Francia, a diferencia de Cuba, un grupo de expertos independientes quedó a cargo de elaborar las conclusiones, pero ¿cómo se pueden extraer conclusiones legitimadas democráticamente cuando hay distintas posturas y la asistencia no es representativa ni tiene autorización democrática para decidir? La limitación mayor está en el mecanismo.

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Que en muchos procesos participativos hay mucho ruido y apenas algunas nueces lo había anticipado Joan Font cuando analizaba la primera propuesta de Emmanuel Macron de promover convenciones ciudadanas para discutir sobre el futuro de Europa. Las novedades no eran menores: que el estímulo viniera de un jefe de Estado y que se refiriera a un territorio mucho más amplio. Sin embargo, el diseño del proceso, como ahora en El gran debate nacional, no parecía haber tomado nota de todo el caudal de experiencias previas generadas, sobre todo en el ámbito local. Decía Font: “¿Qué hemos aprendido de todo ello? En primer lugar, que estos procesos son capaces de generar debates de enorme calidad entre la ciudadanía, congregando a un abanico amplio y diverso de personas y dando lugar a propuestas constructivas y sugerentes. (…) Por el contrario, las mayores dificultades han tenido que ver con el marco temático que el grupo de participantes asume y con cómo asegurar que los resultados de estos espacios puedan llegar a incorporarse a la elaboración real de políticas”.

Las experiencias promovidas en las últimas décadas son tantas que cabe dudar de que simplemente se trate de un reto difícil de superar. Más bien parece haber indiferencia o ceguera de las autoridades frente al problema, porque se concibe la participación como una respuesta rápida para acallar los ánimos. Pura ‘performance’.

En una investigaciíon en curso sobre deliberación en procesos de elaboración o reforma constitucional, encontramos que una que fuera justa debiera cumplir con ciertas condiciones básicas en la participación y en las fórmulas para presentar conclusiones.

En relación al mecanismo de participación: a) ofrecer información completa; b) permitir el tiempo necesario para deliberar; c) incluir a todos los actores, y d) acoger una pluralidad de voces.

Y en relación al método de agregación de preferencias o procesamiento de los contenidos generados: a) debe existir; b) ser comunicado previamente; c) establecer un vínculo con el proceso de toma de decisiones, y d) ser independiente del control gubernamental.

Aun considerando que en algunos procesos participativos – discusiones abiertas sobre el modelo de ciudad, por dar un ejemplo– una participación menos regulada igualmente podría tener efectos positivos, puede sostenerse que en momentos de ‘alto voltaje’ cabe fortalecer la confianza en las instituciones con reglas susceptibles de ser compartidas, conocidas y avaladas. Éste es el caso de la deliberación constituyente y también sería el caso del gran debate francés.  

En contextos democráticos suelen cumplirse las condiciones referidas al mecanismo participativo, pero son contados los casos en que los métodos de procesamiento se discuten, planifican y prevén. Las asambleas sorteadas, como las que han tenido lugar, entre otros, en Irlanda en 2016, han resuelto muy bien el problema tanto de organizar un debate de calidad como de combinarlo con un proceso de toma de decisiones que cuente con legitimidad democrática, al incluir un referéndum. En otras experiencias, como en la elaboración de la Constitución de Brasil en 1988, hubo encuentros de deliberación y se habilitó un mecanismo para que la ciudadanía, mediante recolección de firmas, pudiese presentar propuestas que la Constituyente debía tratar (no necesariamente aprobar).

El mecanismo irlandés es más potente que el brasileño, porque el primero incluye toma directa de decisiones y el segundo no; el primero permite decidir, el segundo abrir la agenda, antes dominada por los legisladores. Como éstos, hay otros modelos posibles y que podrían discutirse. Lo que no amerita mucha discusión es que la falta de un mecanismo de procesamiento de contenidos o agregación de preferencias conocido y comunicado convierte a cualquier gran debate alternativamente en pura espuma, un instrumento de propaganda para las élites o, en el escenario más benévolo, una encuesta amplificada (y bastante costosa).

El gran debate nacional francés terminó. En un artículo, Marc Bassets señalaba que el reto era ahora transformar la discusión en políticas tangibles. Pero aunque toda la información esté colgada en la web y Macron lo haya celebrado, el enojo del grueso de la población sigue ahí. Es demasiado evidente, incluso en el carácter celebratorio de la presentación de resultados, que el objetivo central no era saber qué quería la ciudadanía (que seguramente quiere muchas cosas y muy diferentes; de ahí la importancia de fortalecer mecanismos validados democráticamente para tomar decisiones), sino desactivar la protesta.

El mismo día del final del debate, la nota de Bassets sugería que los chalecos amarillos estaban perdiendo fuelle, pero el fin de semana mostró otra imagen, de contenedores quemados, saqueos y enfrentamientos entre extremistas y policías. Así, mientras los representantes no lo ven o no lo quieren ver, la espiral del desencanto alimenta salidas indeseables: el discurso de la ultraderecha y/o la protesta violenta.

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