La hora de Colombia, protestas contra Duque

Este 21 de noviembre Colombia ha amanecido expectante ante la convocatoria de paro nacional y de múltiples manifestaciones en todo el país. La expectativa está, por supuesto, vinculada al ciclo de movilizaciones sociales que vive América Latina.

A continuación, analizo las características de la convocatoria del paro, la respuesta gubernamental y sus similitudes y diferencias con otras movilizaciones en la región.

La protesta ‘líquida’

La convocatoria no es reciente, ni tampoco reactiva frente a una propuesta concreta del Gobierno. La iniciativa de convocar un paro nació hace más de un año de la coordinación entre los sindicatos y las organizaciones campesinas, indígenas, afro-colombianas, de mujeres y estudiantes. Es decir, se trata de una convocatoria amplia frente a un descontento creciente y que viene de lejos con un Gobierno que no ha gozado de un amplio respaldo popular y que ha perdido rápidamente el que tenía.

A medida que se acercaba la fecha del paro, que fue retrasada para que no coincidiera con las elecciones de mandatarios locales, se fue ampliando la convocatoria y pluralizando la base de convocantes, sumándose cada vez más voces ante la reacción negativa del Gobierno. Entre esas nuevas voces está la oposición política, en algunos casos fortalecida por los resultados de las elecciones locales, y contribuyendo a su popularización la incorporación de personalidades del mundo artístico, periodistas y hasta la recién elegida Miss Colombia. Es un signo relativamente novedoso de protesta interclasista, cada vez más frecuente en Colombia desde 2016, cuando se evidenció la polarización social alrededor del Acuerdo de Paz.

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Si la convocatoria original es amplia, también lo son las demandas asociadas. Las consignas generales contemplan la oposición a lo que se ha llamado el paquetazo de Duque, un conjunto de medidas que miembros del Gobierno o sectores empresariales han planteado formal e informalmente. Sin embargo, el ‘paquetazo’ también plantea un juego de palabras que aluden a la expresión colombiana de ‘paquete’ como forma de referirse a alguien inepto o incapaz. La protesta recoge demandas plurales, pero sin lugar a dudas señala al presidente como culpable.

Las medidas cuestionadas del paquete de reformas que plantea, formalmente o no, el Gobierno son:

  • La reforma laboral, que recoge propuestas de los gremios económicos para flexibilizar más el mercado laboral y combatir, así, el creciente desempleo, que alcanzó en el mes de octubre el 10,2% y que tiene un serio impacto sobre sectores ya bastante precarios. Entre otras, se ha planteado la diferenciación del salario mínimo por regiones, su disminución para los jóvenes (propuesta que el Gobierno rechaza) o la contratación por horas.
  • La reforma de las pensiones, para viabilizar su sostenibilidad cambiando el sistema de financiación y la aportación estatal. Aunque en este caso tampoco hay una propuesta gubernamental formal, se teme que se fortalezca el sistema de fondos privados a costa de la eliminación de la contraparte publica (Colpensiones).
  • La creación del ‘holding’ financiero, recogida en el Plan Nacional de Desarrollo que trasladaría el manejo de recursos financieros del sector público a la administración privada.
  • La subida de la tarifa energética a los sectores medios y altos para enjugar el déficit que ha dejado la mala gestión de Electricaribe, la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica el norte del país e intervenida por el Estado.
  • La reforma tributaria que se propone ante la revocatoria de la reforma tributaria impulsada por el Gobierno y que disminuye los gravámenes sobre los beneficios de las empresas, aunque crea y aumenta otros que las afectan.
  • La venta de activos públicos, inicialmente planteada de forma general por el ministro de Hacienda para cubrir el déficit fiscal; aunque ha sido matizada recientemente para excluir las compañías de mayor tamaño, como la petrolera Ecopetrol.
  • El cumplimiento de los acuerdos con sectores como los de los maestros, indígenas, campesinos y estudiantes, alcanzados a través de movilizaciones que han tenido lugar durante el Gobierno de Duque.

Las medidas propuestas corresponden a un esfuerzo por conseguir disminuir el déficit fiscal y anticiparse la pérdida de ingresos por la desaceleración económica regional. Sin embargo, la mayoría no son medidas en firme, sino posibilidades que se han discutido y sobre las que hay temor de que finalmente se concreten. En este caso, más que las reformas como tales, lo que alimenta la protesta es la poca habilidad de un Gobierno que discute en público opciones que no necesariamente van a entrar en la agenda, pero que crean una enorme alarma social y denotan su falta de orientación y debilidad.

A la movilización contra las medidas económicas se unen dos llamamientos más amplios: el cumplimiento del Acuerdo de Paz y el derecho a la protesta. Una de las grandes deudas del Gobierno es la implementación amplia y efectiva del primero. Duque ha demostrado que, en línea con su partido, no cree en el Acuerdo mismo ni muestra voluntad de impulsarlo, pero tampoco tiene capacidad para desmontarlo. Esta actitud le ha granjeado graves problemas con los sectores que más expectativas habían depositado en la implementación de la agenda agraria y social del Acuerdo, así como con los que están viéndose más afectados por el asesinato sistemático de líderes sociales y ambientales.

Asimismo, se ha sumado al paro una serie de reclamos concretos, como la defensa de los indígenas y de las mujeres, gravemente afectados por la ola de asesinatos de líderes sociales, o la reivindicación de los sectores LGTBIQ, que denuncian la falta de avances en políticas específicas.

Finalmente, la gota que ha colmado el vaso del descontento popular ha sido el asesinato de al menos ocho niños víctimas de reclutamiento forzoso, en un bombardeo del Ejército contra la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Desde 2016, la sociedad ya no acepta como algo natural las bajas en conflicto, hay una demanda por civilizar la guerra y establecer límites a la violación de derechos.

Otro de los hechos recientes que ha alimentado este descontento ha sido la revelación de documentos del Ejército que devolvían a la vida el fantasma de los falsos positivos. En los dos casos, la respuesta del presidente ha sido débil y cuestionable por su falta de interés en hechos tan graves.

Gobierno en sus horas más bajas, represión y tendencia a la militarización

Quizás más que la propia convocatoria del paro, quien visibilidad le ha dado ha sido el propio Gobierno. El presidente, la vicepresidenta y relevantes miembros del Ejecutivo parecen haber entrado en un ataque de pánico, que ha hecho que la agenda gubernamental reciente parezca centrada en la defensa ante la movilización social.

Es evidente que el Gobierno se sabe débil; la popularidad del presidente, por debajo del 26%, así lo confirma. Sin embargo, su estrategia, lejos de clarificar su agenda política y alejar los temores ciudadanos, se ha centrado en la ofensiva contra la protesta y en azuzar los fantasmas de la deriva violenta que se ha producido en países cercanos. La estrategia de comunicación se ha vuelto en su contra.

Otro de los argumentos contra la protesta, acuñado por el hombre fuerte del partido del Gobierno, ha sido la alusión a un posible “complot” por parte de miembros del “grupo de Sao Paulo” para desestabilizar las democracias en América Latina. La teoría conspirativa apunta a la infiltración de venezolanos y cubanos y, en cierta forma, intenta alentar un sentimiento de reacción defensiva frente al enemigo externo, representado por el régimen del venezolano Nicolás Maduro.

La campaña de comunicación se ha acompañado de un proceso de criminalización creciente de la protesta. Tanto la vicepresidenta como el ex ministro de Justicia han señalado la necesidad de “regular la protesta social” ante el riesgo de hechos violentos. El Gobierno no ha presentado propuestas legislativas, pero sí que lo ha hecho un senador liberal con un proyecto para crear nuevos tipos penales; concretamente, el delito de vandalismo, y los supuestos que lo agravan. Se trata de una figura penal innecesaria al decir de organizaciones como DeJusticia, que han demostrado que los hechos que contempla ya están tipificados.

Frente a la protesta del día 21 se han tomado medidas excepcionales que han generado un clima de tensión y con las que se pretende alimentar el temor a que se desate la violencia represiva, lo cual evidentemente puede desincentiva a muchos manifestantes. Las fronteras terrestres y marítimas del país están cerradas, se ha ordenado el acuartelamiento de las Fuerzas Armadas, ciudades como Medellín y Bogotá amanecieron con una fuerte presencia militar y durante esta semana han tenido lugar más de 30 allanamientos policiales a entidades culturales, medios de comunicación o colectivos sociales. Huelga decir que no se ha encontrado ningún indicio de peligro.

Asimismo, el Gobierno ha solicitado a la Universidad de los Andes, un prestigioso centro educativo privado, que retirara un manual de protección frente a los antidisturbios, lo que ha aumentado el malestar de la comunidad universitaria, tanto pública como privada. Estas acciones han suscitado la alarma internacional y el Gobierno ha recibido varias llamadas de atención para que garantice y proteja la integridad de los manifestantes y sus derechos.

Diferencias y similitudes con otras movilizaciones en la región

Tal y como era de esperar, el caso chileno sirve tanto de aviso sobre los eventuales efectos de la protesta como de aliciente para los manifestantes. Hay una idea romántica de la movilización que la magnitud de la chilena ha fomentado.

Colombia comparte con Chile un alto nivel de desigualdad (de hecho, es más alto en el primero que en el segundo) y un alto grado de vulnerabilidad de las clases medias. Además, ambos países han compartido modelos de reforma de las pensiones y sanitario, en los que se centra buena parte del descontento social.

Asimismo, tal como en Chile o Ecuador, el Gobierno colombiano se enfrenta a la necesidad imperiosa de hacer ajustes para afrontar el cambio de ciclo y la creciente desaceleración de la economía, pero sin cuestionar las bases del modelo económico neoliberal. Las reformas sin un componente social tienen un alto impacto en la calidad de vida de las clases bajas y medias, mientras sigue intacta la distribución de la riqueza.

Otro de los problemas comunes es el de la crisis de representatividad. No hay una movilización izquierda-derecha canalizada por el sistema de partidos, sino que se ha generado una polarización en la que se enfrentan múltiples actores con intereses variados y con liderazgos poco claros, pero en todo caso distantes de los perfiles políticos.

Asimismo, es importante tener en cuenta, en el marco de esta polarización social, el protagonismo de sectores religiosos conservadores evangélicos que han tenido un importante calado electoral; muy notorio, por ejemplo, en el caso del plebiscito por la paz en Colombia, en la toma del poder en Bolivia o en la elección de Bolsonaro en Brasil. En el caso de la protesta colombiana, esta presencia conservadora ha activado la movilización de las mujeres y el colectivo LGTBIQ.

Entre las principales diferencias se encuentra el rol central que ha tenido el Acuerdo de Paz como detonante de la ruptura social. Las discrepancias entre sus detractores y seguidores han sido el principal catalizador de visiones ideológicas diferenciadas, pero irreconocibles en el marco tradicional izquierda-derecha.

Otra característica propia de la protesta en Colombia es que no está en cuestión la legitimidad democrática del Gobierno, ni del cuerpo constitucional, sino la (in)capacidad del presidente y su Gabinete. A Duque se le considera ampliamente como un títere de Uribe y como un presidente carente de la solvencia y carisma propios de la elite dirigente.

Finalmente, señalar nuevamente los cambios en el debate público alrededor del Acuerdo de Paz, tras los cuales la agenda política se ha extendido a problemas como la corrupción o la desigualdad y, a su vez, a demandas sobre la limitación del uso de la violencia y la militarización como únicas fórmulas de respuesta a la situación de orden público en el país.

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