¿La hora del Ingreso Ciudadano Universal en México?

Puede ser obvio, pero no debería normalizarse: la actual contingencia sanitaria está agravando las vulnerabilidades de las poblaciones latinoamericanas.

Si ya antes de la Covid-19 la protección social en América Latina era deficiente (más de la mitad de sus habitantes estaban excluidos de la seguridad social y había 186 millones de pobres), en los albores de la era Covid-19 se asoma una catástrofe social. Organismos internacionales y especialistas advierten de un colapso de empleos remunerados y pérdida de ingresos que recrudecerá la pobreza. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, habrá en la región 35 millones de “nuevos pobres” a finales de este año.

Situaciones urgentes invocan medidas audaces. Como la del Ingreso Ciudadano Universal (ICU, también conocido como Renta Básica Universal). Se trata de una transferencia en efectivo que se le entrega periódicamente a todos los ciudadanos de manera individual (no a los hogares), independientemente de otras fuentes de ingreso (no suplanta beneficios sociales) y sin necesidad de cumplir con requerimientos o condiciones para recibirlo o ejercerlo (incondicional). Se trata de un instrumento de política social que hace efectivo el derecho individual a un mínimo vital.

El ICU se implementa desde hace tiempo en Alaska (EE.UU.) e Irán, se ha experimentado en Canadá, Finlandia, Escocia, Holanda, Italia, Kenia, Namibia, Uganda, Barcelona (España) y California, y se ha planteado recientemente, con diversas modalidades, para afrontar la crisis social de la pandemia en Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Hong Kong, Japón y Reino Unido.

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En México, el ICU no parece estar en el radar del Gobierno federal… al menos de momento. La política social del presidente Andrés Manuel López Obrador (identificada como de bienestar) se centra en una “fuerte intervención estatal para moderar las desigualdades sociales”, para lo cual ha realizado el mayor aumento real y proporcional del gasto público de la historia y ha privilegiado las transferencias condicionadas (vía programas sociales) a espacios marginados (el ámbito rural y el sur del país) y a grupos vulnerables (adultos mayores, jóvenes, personas con discapacidad, campesinos), buscando la inversión productiva.

Para afrontar la crisis social de la Covid-19, el presidente ha propuesto básicamente intensificar sus programas sociales y dar créditos a la población más necesitada y a la clase media. La duda que surge es si serán suficientes, pues, si no hay duplicidades o desvíos, las medidas abarcarán sólo a 25 millones de personas (según los datos del presidente, llegarán a 22 millones de beneficiarios y los créditos se entregarán a tres millones de personas), pero el organismo oficial contabilizó que en México había 52,4 millones de personas en situación de pobreza en 2018. Por si fuera poco, si las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) son correctas y aumenta un 3,5% la pobreza en la región, eso implicaría que al final de 2020 habrá en México 5,5 millones de pobres más que los contabilizados en 2018. Es decir, siguiendo esas proyecciones, 33 millones de mexicanas y mexicanos necesitarían apoyo para su subsistencia, pero no lo obtendrían de la política social del Gobierno federal.

Por lo tanto, sería pertinente considerar alguna modalidad de ICU para afrontar la era post-Covid-19 en el país.

Si bien el Gobierno federal no lo ha enunciado, el ICU tiene antecedentes y precursores en México. Ha sido ampliamente analizado, debatido y propuesto en el ámbito académico, pero no se ha quedado ahí. Por ejemplo, se han presentado cuatro iniciativas de ley en el Poder Legislativo para implantarlo en el país: en 2007, 2015, 2016 y 2017. Además, el ICU ha formado parte de las plataformas electorales de una candidata presidencial en 2006 y de un candidato en 2018.

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Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en 2016 sobre el derecho al mínimo vital, afirmando que es el derecho a gozar de unas prestaciones e ingresos mínimos que aseguren a toda persona su subsistencia y un nivel de vida digno, así como la satisfacción de sus necesidades básicas. El derecho al mínimo vital es, según afirmó el tribunal constitucional mexicano, un derecho fundamental no consagrado explícitamente en la Constitución Política, pero coaligado a derechos fundamentales consagrados en nueve artículos de la Carta Magna.

En las últimas semanas una confederación patronal, un organismo internacional de lucha contra la pobreza, un diputado del partido gobernante, un grupo parlamentario de oposición en el Senado de la República, así como analistas y columnistas han planteado diversas modalidades del ICU como medidas para afrontar la crisis social en México por la contingencia sanitaria. Y en la última semana de abril, tres diputadas propusieron un punto de acuerdo exhortando al Ejecutivo Federal a que “contemple como medida un Ingreso Único Vital, temporal y no condicionado, a personas que tendrán una disminución en sus ingresos ante la emergencia sanitaria por la ‘Covid-19’”. Ante esa iniciativa, una coalición de organizaciones civiles creó una plataforma para recoger firmas, con el propósito de “presionar a las autoridades para que sea una realidad”.

Las crisis sociales y económicas por la pandemia ya están surgiendo. Por tanto, la salvaguarda de la salud pública, la protección social, el empleo y los ingresos deben ser prioridades de la gestión pública en México. Éstas pueden lograrse, según varios especialistas, con una mayor racionalidad y eficiencia del gasto público, el apoyo a gobiernos locales, los estímulos fiscales a entes productivos y el auspicio de la economía social; todo ello, en el marco de grandes acuerdos de los poderes públicos con los sectores económicos, políticos, sociales y académicos.

En el ámbito de la política social, se requieren acciones contundentes, factibles y eficaces para combatir la profundización de la pobreza. Según varios estudios, el ICU puede ser un mecanismo para ello que, además, ayudaría a transitar hacia nuevos esquemas redistributivos, a proteger y ampliar derechos humanos, a entregar recursos inmediatos sin un esquema complejo de subsidios, a reducir costes burocráticos para la provisión de beneficios sociales y hasta a expandir las libertades, la autonomía y la independencia de las personas.

Hay, por supuesto, numerosas objeciones contra su implementación, pero si nos atenemos a la evidencia empírica, hay varias certezas sobre los efectos positivos del ICU y ninguna base sobre sus efectos negativos.

¿Ha llegado la hora del Ingreso Ciudadano Universal en México? Si la premisa es que se analizará sin prejuicios, no se pensará como una panacea ni se desvinculará del horizonte de un sistema de protección social universal e integrado, entonces sí, ha llegado su momento.

Y la mejor forma de iniciar es discutiéndolo; en Agenda Pública.

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