La importancia de ratificar la Carta Social Europea

El 1 de febrero de 2019, el Consejo de Ministros español acordó la remisión a las Cortes de la Carta Social Europea revisada, autorizando su ratificación. A fecha de hoy, esa ratificación todavía no se ha producido, si bien el PSOE recuperó esta propuesta al incluirla en el Programa Común Progresista que el pasado 3 de septiembre planteó a Podemos, en el marco de la negociación de la investidura.

Nuevos derechos sociales

La Carta es un tratado del Consejo de Europa de máxima importancia en materia de derechos sociales de máxima importancia. España ratificó su primera versión (1961), que incorporaba 19 derechos, así como un protocolo con cuatro adicionales.

En 1996, se aprobó una versión revisada que modificaba algunos derechos e incorporaba ocho más: a la protección en caso de despido; a la tutela de los créditos de los trabajadores en caso de insolvencia del empleador; a la dignidad en el trabajo; a la igualdad de oportunidades de los trabajadores con responsabilidades familiares; a la protección de los representantes de los trabajadores en la empresa; a la información y consulta en los procedimientos de despido colectivo; a la protección contra la pobreza y la exclusión social; y a la vivienda.

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De los 45 países firmantes de esta versión revisada, que estableció un nivel de protección más alto que la original, España es uno de los 11 que todavía no la han ratificado.

Aplicabilidad de la Carta en España

Para supervisar el cumplimiento de la Carta, existe el Comité Europeo de Derechos Sociales, que, entre otras cosas, tiene el encargo de emitir conclusiones tras el análisis de los informes que periódicamente le presentan los gobiernos.

Sin embargo, la doctrina judicial mayoritaria, en el ámbito de la jurisdicción social española, viene rechazando la aplicación directa de la Carta, y, en consecuencia, de la jurisprudencia del Comité. Se ha venido entendiendo que la Carta meramente impone a los estados la obligación de legislar en un sentido determinado, y rechazando que los particulares puedan invocarla directamente (non-self-executing). Así, la Carta desplegaría efectos análogos a los de una directiva comunitaria.

No obstante, es innegable que la Carta –que distingue claramente entre su contenido exclusivamente programático (parte I) y su contenido jurídico vinculante (parte II)– tiene un rango jerárquico superior a cualquier otra norma del ordenamiento español, con excepción de las normas constitucionales; y, en virtud de ello, múltiples juzgados y algunos tribunales han concluido que, en un conflicto entre particulares (por ejemplo, entre trabajador y empresa), los órganos judiciales pueden dejar de aplicar aquella legislación local contraria a la Carta.

El voto particular de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 4090/2015, de 22 de junio, argumenta con mucha claridad esa aplicabilidad directa que, a juicio de ocho de los 25 magistrados de la Sala de lo Social, revisten las disposiciones de la Carta (self-executing).

El debate es relevante en la medida en que la Carta ha hecho tambalear –y podría haber llegado a hacer caer, si se le hubiera reconocido la suficiente fuerza vinculante– medidas estrella de la reforma laboral de 2012 como el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores (contrario al derecho a un plazo razonable de preaviso en caso de terminación del empleo) o la facultad de modificación unilateral de las condiciones establecidas en acuerdo o pacto colectivo (contraria a la obligación de promover procedimientos de negociación colectiva).

La necesidad del protocolo de reclamaciones colectivas

Además de las conclusiones, está previsto un segundo mecanismo de supervisión del cumplimiento de la Carta: el dictado de decisiones por parte del Comité ante el planteamiento de reclamaciones colectivas.

En este sentido, existe un protocolo (1995) que establece ese procedimiento, mediante el cual sindicatos, patronales y ONGs pueden presentar reclamaciones ante el Comité, denunciando la aplicación insatisfactoria de la Carta. El Comité emitirá una decisión al respecto, que remitirá al Comité de Ministros del Consejo de Europa, formado por los ministros de Asuntos Exteriores de sus 47 estados miembros; el cual, en caso de violación de la Carta, podrá emitir una recomendación al Estado incumplidor.

El protocolo ha sido ratificado o aceptado por 15 países europeos: Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, República Checa y Suecia.

El acuerdo del Consejo de Ministros del pasado mes de febrero no hacía alusión a la posible ratificación del protocolo, si bien ésta sí se recogía en el citado Programa Común Progresista que podría haberse convertido en la hoja de ruta de la presente legislatura fallida. En todo caso, la Carta prevé que el Estado pueda manifestar en cualquier momento su adhesión al protocolo en cuestión.

Según apuntan Jimena Quesada y Salcedo Beltrán, y como vienen reclamando entidades del tercer sector, el protocolo es imprescindible para que la Carta no se quede en papel mojado, pues proporcionaría mayor visibilidad, exigibilidad y efectividad de los derechos que consagra.

Lo cierto es que, cuando menos, la ratificación del protocolo permitiría apuntalar la fuerza vinculante de las decisiones del Comité derivadas de reclamaciones colectivas, y dejar atrás la desafortunada doctrina del TSJ de Castilla y León, que, en sentencia de 25 marzo 2015 y posteriores, ha considerado no vinculantes las decisiones del Comité dictadas respecto de otros países, precisamente por no haber aceptado España la Carta revisada y el protocolo sobre reclamaciones colectivas.

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