La improbabilidad de protestas masivas en Paraguay

En las últimas semanas hemos sido testigos de la erupción de protestas masivas en distintos puntos de América Latina. Con sus distintos matices, han sido consecuencia de grandes desigualdades estructurales en contextos de retracción económica y encarecimiento del coste de la vida, o de prácticas corruptas y hasta criminales de los gobiernos de turno. El conjunto de razones que dio lugar a las protestas se presenta con regularidad en los distintos países del continente, incluido Paraguay. No obstante, en éste no se han producido protestas masivas como expresión del descontento social, si bien existen motivos para ello.

En lo que refiere a la situación económica, el combate contra la desigualdad es una gran tarea pendiente en este país. De acuerdo con el Banco Mundial, la economía nacional creció en promedio al 4,5% anual entre 2004 y 2017, lo que trajo aparejada una disminución en el porcentaje de la población en situación de pobreza a lo largo del período. No obstante, según la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), más del 24% de la población se encuentra todavía en situación de pobreza, mientras que en zonas rurales este indicador sube a cerca del 35%. Por su parte, la tasa de desempleo abierto es de 5,7% y la tasa de informalidad laboral comprende al 65,2% de las personas ocupadas.

El contexto de desaceleración económica al que se enfrenta el país en la actualidad plantea el riesgo de un retroceso en las tendencias señaladas, además del descontento generado entre actores económicos debido a la débil reacción del Gobierno de Mario Abdo (ANR) para reactivar la actividad económica.

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Si bien en los últimos años se ha desarrollado una incipiente institucionalidad de bienestar, estructurada principalmente mediante transferencias monetarias para personas en situación de pobreza, los servicios públicos vinculados a la seguridad social se mantienen débiles, como lo han sido históricamente. Estos sectores concentran los vicios de una burocracia ineficiente, a la vez que se enfrentan a limitaciones constantes de presupuesto para la atención efectiva a la población. Su persistente mal funcionamiento ha incidido en una actitud conformista entre gran parte de la ciudadanía paraguaya, que ha llegado a aceptar como natural el mal funcionamiento de la Administración pública.

Por su parte, el Gobierno actual no sólo no posee hoja de ruta clara para la superación de este problema, sino que llegó al poder con la promesa de repoblar la Administración con funcionarios ‘colorados’, en detrimento de una burocracia profesionalizada.

El nivel de aprobación del Ejecutivo de Mario Abdo tras su primer año de gobierno es bajo: el 69,3% de la población considera su gestión como mala. A esta percepción se sumó una crisis política generada en julio de este año como consecuencia de la negociación, a puerta cerrada, de un acta bilateral sobre Itaipú con representantes de Brasil. El acuerdo que salió a la luz implicaba un aumento de costes de la energía eléctrica (estimado en 250 millones de dólares) que sería trasladado a la población paraguaya.

La situación se agravó al conocerse que la firma del tratado había sido consecuencia de la presión ejercida por Electrobrás. También la ejerció un intermediario del vicepresidente paraguayo Hugo Velázquez para excluir del acuerdo una cláusula que permitiría a la Administración Nacional de Electricidad (Ande) comercializar libremente la energía excedente en el territorio brasileño, que implicaba mayor competencia para la empresa Léros Comercializadora, vinculada a la familia Bolsonaro.

El acuerdo firmado resultaba particularmente delicado debido a que el país se encuentra en la antesala de la renegociación, para 2023, del Tratado de Itaipú y sus anexos. Resultó particularmente alarmante que la firma de ese acuerdo se produjera entre representantes diplomáticos y sin el aval técnico del entonces presidente de la Ande, quien renunció en consecuencia junto al gerente técnico de la empresa estatal.

La falta de transparencia durante este proceso, dada la importancia estratégica de la hidroeléctrica para la economía paraguaya, precipitó el descontento de la oposición legislativa al presidente y de sectores organizados de la ciudadanía, constituyendo el momento más cercano a una explosión de descontento social en el país. Se amenazó con llevar a juicio político a Abdo, hasta que sus aliados políticos cerraron filas para protegerlo y el grueso del funcionariado público se dispuso a defenderlo en las calles. En tanto se mantengan parcheadas las brechas existentes en el interior del partido de gobierno, la Presidencia de Abdo no será susceptible a los desafíos políticos que puedan suponer eventuales protestas.

Por otra parte, las posibilidades de que se articulen protestas masivas que lleguen a amenazar al Gobierno son bajas. En Paraguay, éstas han sido una excepcionalidad histórica. En lo que va de 2019 se han articulado diversas protestas puntuales con relación a reivindicaciones de organizaciones campesinas, indígenas, estudiantes de Secundaria y universitarios, docentes y hasta policías, sumadas a las generadas en torno al caso Itaipú, pero ninguna ha aglutinado a distintos sectores con la suficiente fuerza como para representar una amenaza a la estabilidad gubernamental.

Abdo ha argumentado que existiría un plan liderado por sectores de izquierda para desestabilizar su Gobierno, en tanto sectores políticamente afines a éste se hacen eco de esa amenaza tácita y se han encargado de reproducir el miedo entre la población.

El miedo es uno de los principales recursos que manejan los gobiernos paraguayos para desarticular protestas. Por un lado, genera autocensura entre una población temerosa de ser identificada con posicionamientos de la izquierda latinoamericana, identificación que conlleva sanción social. Ante coyunturas propicias para la protesta se fortalece un activismo discursivo que equipara toda manifestación de descontento ciudadano con proyectos de revolucionarios de izquierda, lo que activa el miedo latente incluso entre sectores no afines a la ANR. Resultante de la ausencia de pluralismo ideológico y de debate programático a nivel público, el temor al estigma es un elemento disuasorio a la hora de protestar.

Otro elemento que incide negativamente en la predisposición a la protesta de la población paraguaya es el control del aparato estatal y los recursos públicos que mantiene la ANR. Se extiende por todo el territorio nacional, por lo que tanto las dependencias del Gobierno central como las de los locales son utilizadas por representantes del partido gubernamental para ejercer el control sobre la población, abrigados por la impunidad que genera la falta de contrapesos políticos en el aparato estatal.

La activación del miedo como estrategia de disuasión de la protesta se ha manifestado en las últimas semanas en el distrito de Mayor Otaño, al sur del país. Estudiantes de Secundaria de este distrito iniciaron manifestaciones contra Pedro Chávez (ANR), intendente de ese municipio, debido a la presunta malversación de recursos transferidos por el Gobierno central. El pedido de intervención de la Contraloría General de la República en esta localidad ha sido respondido con querellas por difamación y calumnia emprendidas por el intendente, dos concejales municipales y un político de la Seccional colorada de la zona contra el presidente del Centro de Estudiantes. Éste ha denunciado haber recibido amenazas y su madre ha perdido su trabajo como limpiadora en el Centro de Salud de la región.

La manera en que los representantes municipales han actuado en el caso de Mayor Otaño es representativa de las estrategias mediante las cuales se desactivan las protestas en Paraguay cuando éstas llegan a representar una amenaza real al manejo de recursos por parte del poder político. En este contexto, los costes de protestar superan ampliamente a los eventuales resultados que se puedan generar.

Por ello, la sociedad civil paraguaya difícilmente reaccionará masivamente ante la reclamación de prisión preventiva para el ex presidente Horacio Cartes (ANR) por parte de la Justicia brasileña. en el marco la investigación por el caso Lava Jato; o ante la detención, en Estados Unidos, de ex diputada colorada Cynthia Tarragó (ANR) por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Estos casos no están siendo investigados por la Fiscalía paraguaya y tampoco hay indicios de que llegarán a ser objeto de exigencias de rendición de cuentas por parte de la sociedad civil.

El recurso de la protesta sigue siendo, en el caso paraguayo, una práctica política anómala, por lo que las ocasiones en que acaba teniendo lugar merecen ser analizadas con detenimiento.

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