La industria del automóvil se resiste a una transición inevitable

Hemos agotado todos los plazos en lo referente a cambio climático y lo hemos hecho por no terminar de creérnoslo, por resistirnos a hacer los cambios necesarios y por no poner la ecología y el medio ambiente en el centro de las decisiones políticas.

En España hemos conocido las consecuencias de la procrastinación ecológica, en casos (por ejemplo) como el del carbón. Sabíamos de las consecuencias de no hacer una transición ordenada hacia otras formas de generación de energía: el desempleo, el despoblamiento de las zonas mineras y, por supuesto, la contaminación y el cambio climático. Y, sin embargo, hemos llegado hasta aquí.

Ahora nos encontramos con una nueva resistencia al cambio, la de la industria del automóvil. El transporte por carretera actual conlleva, principalmente, dos problemas graves que requieren acciones urgentes: la contaminación atmosférica y el cambio climático. Pensar que este sector puede seguir retrasando las modificaciones necesarias para cumplir con su papel en la ya inevitable transición ecológica es cerrar los ojos a una realidad inevitable. Lo que debería hacer una política responsable es destinar recursos a planificar esta transición.

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Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo ‘Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2018: Sostenibilidad medioambiental con empleo’, la puesta en práctica de políticas para una transición energética coherente con el Acuerdo de París podría generar, en todo el mundo, 24 millones de empleos para 2030 o, lo que es lo mismo, cuatro veces más de los que se perderían. En el caso concreto de España y de los empleos asociados a la industria del automóvil en nuestro país, el estudio ‘Repostando hacia el futuro’ demuestra que, con la entrada paulatina de vehículos eléctricos de aquí a 2030, se crearían 23.185 empleos netos.

Según este mismo informe, los beneficios económicos y sociales no terminan aquí, pues la reducción de gasto en la importación de petróleo se traduciría, ese mismo año, en un aumento del PIB de 3.191 millones de euros.

Es decir, acometer las acciones necesarias en el sector del automóvil contribuiría a los objetivos del Acuerdo de París y crearía empleo, además de los consabidos beneficios para la salud de la ciudadanía. Recordemos que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación es una de las principales causas de muerte prematura en el mundo y que en España son muchas las ciudades asfixiadas con niveles de contaminación por encima de lo permitido, como se recoge en el ‘Informe de evaluación de la calidad del aire del Ministerio de Transición Ecológica’.

Por todas estas razones, algunas regiones de nuestro país han dado un paso adelante para mitigar los efectos perjudiciales para la salud y el medio ambiente del transporte en las ciudades, elaborando sus propias leyes de cambio climático y energía. Éste es el caso de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Govern Balear, cuyo trámite finaliza este martes y que contempla la prohibición de circulación de coches diésel y gasolina en 2025 y 2035, respectivamente. Una medida coherente con el Reglamento de Acción Climática (o el Reglamento de Reparto de Esfuerzos) adoptado para implementar el Acuerdo de París y, también, con el objetivo de neutralidad del carbono para 2050 propuesta por la Comisión Europea, así como con medidas ya incluidas en el borrador de Ley Nacional de Cambio Climático y Energía.

Éste sería un hecho para celebrar y, sin embargo, la Comisión Europea aceptaba a trámite, la semana pasada, la denuncia de Anfac, patronal de los fabricantes de automóviles, que no sólo se resiste a operar los cambios necesarios en su sector, sino que demuestra también que intentará evitar cualquier medida política encaminada a una movilidad más sostenible. Es sorprendente, además, que denuncie una ley de una comunidad autónoma en la que sólo uno de cada tres automóviles es diésel y, por tanto, donde el impacto sería mínimo.

Argumenta Anfac que España es «el único país que prohíbe el coche de combustión». Si bien el borrador de la Ley Nacional de Cambio Climático y Energía contiene algunas medidas al respecto, esta crítica se centra en la ley presentada por el Govern Balear, que sigue, en contra de lo defendido por la industria, la estela de otras medidas ya en vigor de otras ciudades y países de Europa, como Noruega y Países Bajos, donde los coches de combustión interna no podrán circular a partir de 2025 y 2030.

Aunque no sea cierto que ningún otro país haya contemplado en su normativa restricciones al vehículo convencional, Anfac tiene razón en una cosa: no todos los países han sido tan valientes. Alemania, por ejemplo, intenta aumentar los límites asumidos en la Directiva europea sobre calidad del aire para que ésta se adapte a los coches y no a nuestra salud. Cuestión gravísima, sobre todo si tenemos en cuenta que estos límites están por debajo de los recomendados por la OMS.

Dice también la patronal que estas medidas de restricción carecen de respaldo científico y técnico, como si el informe del IPCC y los de calidad del aire que respiramos no fueran suficientes. Desde un punto de vista técnico, mientras Anfac sigue dedicando esfuerzos a resistirse son los mismos fabricantes europeos los que invierten siete veces más en China que en Europa para fabricar sus vehículos eléctricos.

La resistencia al cambio es, seguramente, una característica intrínseca al ser humano, pero también lo es aprender. Seguir retrasando lo inevitable es seguir tropezando con la misma piedra de la procrastinación que nos ha traído a la actual situación de emergencia. Es, también, perder la oportunidad de mantener, e incluso incrementar, el número de empleos en sectores vinculados a un nuevo modelo de transporte y movilidad.

En palabras de la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, “es aquí y ahora. Luchar contra el cambio climático no admite demoras ni demagogia. Exige acción decidida y solidaria y facilitar sinergias. Energía y movilidad son un primer paso imprescindible. Gracias, Baleares por sumaros con valentía».

Hasta la fecha, 2018 ha sido el cuarto año consecutivo más caluroso desde que hay registros. Además, en casi una veintena de ciudades españolas respiramos aire contaminado. No conseguiremos desacelerar el cambio climático y limpiar nuestro aire hasta que la industria deje de resistirse y se alinée con los gobiernos regionales y nacionales que están tomando las medidas necesarias para una transición ecológica justa y ordenada para el conjunto de la ciudadanía.

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