La influencia mediática en los procesos judiciales

La intensa tensión política e informativa que rodea el juicio del procés suscita la duda elemental de si los jueces y juezas podrán abstraerse de esta presión para ejercer su trabajo. La situación no es nueva. Javier Gómez Bermúdez, el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional –tribunal encargado del juicio del 11-M- declaró hace años que los jueces son unos profesionales de la “presión mediática”. En términos similares se expresó Pedro Horrach, fiscal del Caso Nóos, que dijo sentirse “maltratado” por la prensa cuando intentaba mantener su independencia.

Se han acreditado más de seiscientos periodistas de todo el mundo para cubrir el juicio y la retransmisión de la sala está en la portada de todos los medios en España. Desde la consulta popular del 1 de octubre de 2017 para decidir sobre el proceso soberanista catalán, hasta la encarcelación de Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat, y otros siete exconsellers, pasando por la huida de Carles Puigdemont a Bélgica, los acontecimientos más representativos del procés no sólo han copado la agenda mediática nacional sino que también han tenido mucha repercusión internacional. En estas circunstancias, miembros de colectivos como la Asociación Judicial Francisco de Vitoria o la Asociación Profesional de la Magistratura han expresado su preocupación que para los profesionales supone la intensidad del seguimiento que se ha generado en este caso.

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Ciertamente, en este juicio confluyen numerosos elementos que lo convierten en asunto de portada cada día y el Tribunal Supremo ha actuado en consecuencia aplicando las sentencias del Tribunal Constitucional (56 y 57/2004 y 159/2005) que amparan facilitar la cobertura periodística. El CGPJ emite en streaming la señal de las sesiones. La transparencia informativa en esta causa se intuía imprescindible como elemento legitimador de la Justicia, máxime cuando tanto las comparecencias como la actuación de los juzgadores van a ser evaluadas en clave judicial pero también política.

En las grandes causas como ésta, resulta especialmente importante conciliar el interés social que suscita, la obligatoria publicidad de las actuaciones judiciales y el derecho a comunicar libremente información veraz con el respeto a las condiciones para que el proceso se desarrolle con normalidad y no haya colisión con derechos como la presunción de inocencia, la intimidad y propia imagen y el honor, entre otros.  Pero, del mismo modo, se hace necesario concertar otras facetas de la actividad judicial, periodística y política que se antojan difícilmente compatibles en este caso.

Una causa de esta magnitud, en primer lugar, tendrá una duración de varios meses –tras un año de instrucción- y luego necesitará de un periodo de deliberaciones hasta que se dicte la sentencia. Los ritmos periodístico y el judicial van desacompasados; los medios necesitan información no ya diaria sino instantánea sobre el desarrollo del juicio. Ello no favorece la comprensión global del fenómeno ni la reflexión sobre el mismo sino que potencia el periodismo de titulares, de clickbait, con el que se destaca lo anecdótico o estridente y se buscan veredictos en cada testimonio. Más aún, guiados por su línea editorial, ciertos medios optan por darle a las declaraciones de los acusados o de la defensa el rango de elemento informativo demostrado y no los presentan como parte de su legítima estrategia judicial; es decir, difuminan interesadamente la frontera entre hechos probados y opiniones interesadas.

Además, la inclusión del periodismo de tribunales, a propósito de este caso, en magazines televisivos diarios conlleva un aumento significativo de las horas de debate que no siempre se realiza con profesionales especializados en la materia sino que, para aumentar la espectacularidad del politainment, puede contar con líderes de opinión o, directamente, políticos que lanzan sus argumentarios sobre el independentismo. Más contenidos no significa, en estas condiciones, que la ciudadanía esté mejor informada.

En segundo lugar, y en línea con las anteriores disfunciones de la relación de los sistemas mediático y judicial, el componente político de este caso es insoslayable. Se juzga a ex-políticos de Cataluña y las consecuencias de la sentencia serán determinantes para la gestión del conflicto territorial. Pero hay que recordar que en el juicio del procés no se juzgan las ideas políticas secesionistas sino hechos que han podido constituir delito de rebelión, sedición y malversación de fondos. La existencia de partidos independentistas en España es legal, así como la expresión pública de dichas ideas en cualquier espacio público; sin embargo, parece incuestionable que, por encima de las consideraciones meramente jurídicas, en las páginas de cada medio existe un indisimulado posicionamiento sobre el tratamiento que el Estado debe dar al independentismo.

Gómez Bermúdez y Elisa Beni advertían de que la mayor arma de presión que actualmente existe para forzar al poder judicial es precisamente la utilización espuria del género de opinión o de interpretación para atenazar la independencia de éste. Igualmente, en la línea de otros estudiosos sobre el periodismo judicial, previenen del riesgo de los juicios paralelos-entendidos como campañas de la prensa sobre un asunto que se encuentra sub iudice en la que no sólo se aporta información sino que, sobre todo, se llevan a cabo valoraciones éticas-, que se ven magnificados con la componente política o ideológica que existe de manera destacada en este caso.

El margen de los jueces para interpretar la legislación de acuerdo a la realidad social del momento en el que ha de ser aplicada es relativo, aunque así lo establece el artículo 3 del código civil. Pero lo cierto es que desde el inicio de la instrucción del juicio del procés ha suscitado un profundo debate jurídico sobre las repercusiones políticas de las decisiones de los magistrados pues resulta imposible ignorarlas. Este transcendente caso se está desarrollando en un periodo de máxima polarización y en plena precampaña electoral. Un escenario, desde luego, poco adecuado para obtener la cobertura mediática reflexiva y sosegada que necesitarían los jueces y fiscales para ejercer su trabajo, por una parte, pero, sobre todo, la opinión pública, por la otra.

La transparencia, el rigor, la independencia y la pedagogía del día a día del juicio y de la sentencia son, por tanto, tan imprescindibles como una cobertura periodística especializada, veraz y responsable si no se quiere erosionar la confianza sobre la Justicia y desacreditar la separación de poderes en la que se sustenta el Estado de Derecho en este asunto tan trascendental. La intensidad de la coyuntura actual y la actitud de los partidos políticos no lo favorece, pero de otra manera, ambos actores corren el riesgo de alimentar el argumento de que, en estos meses, se van a juzgar causas políticas en lugar de delitos.

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