La memoria histórica como exigencia democrática

La decisión del Gobierno socialista de exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos ha provocado que la memoria histórica vuelva a ser protagonista en los periódicos, los telediarios y las redes sociales. «Aprovechad ahora», nos aconsejaban hace unos días, como si estuviésemos ante una irrepetible ventana de oportunidad caída del cielo. Entendí entonces que no se está comprendiendo prácticamente nada de esta cuestión.

La Historia, la Psicología, el Derecho, la Sociología, la Antropología y la Ciencia Política entre otras disciplinas, llevan décadas ocupándose del estudio de la memoria. Comprender sus principales aportaciones nos permitirá acercarnos a eso que llamamos memoria histórica. Este proceso, tal y como se palpa también en el ambiente, está lleno de polémicas y de debates abiertos. Sin embargo, existe un elemento más o menos pacífico en todas ellas y que justifica el profundo interés en su estudio: que la memoria forma parte de la realidad de un grupo, de una comunidad o de una sociedad. Y es más, su papel resulta determinante en el desarrollo de las sociedades.

Dos de sus principales funciones, desde el plano psicológico, consisten en la construcción de nuestra identidad personal y en la provocación de sentimientos de solidaridad o empatía en los seres con los que nos relacionamos. Por lo tanto, identidad y memoria van de la mano.

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La Sociología nos señala que las personas nos identificamos como parte de un grupo (la familia, el barrio, la oficina, las amigas de la infancia…) cuando mantenemos, a lo largo del tiempo y del espacio, un sentido de pertenencia que está configurado en función a unos criterios compartidos: economía, valores, religión, principios, educación, género, etcétera. Evidentemente, cada uno y cada una forma parte de numerosos grupos y, en cada uno de ellos, se viven situaciones y experiencias que se convierten en recuerdos. ¿Cuántas veces habremos recordado, con las amigas o con la familia, esas anécdotas del pasado que se nos quedaron grabadas? Y cuando lo hacemos, no siempre las recordamos de la misma manera, ni en el mismo orden, ni lo cuentan las mismas personas. Pero, al hacerlo, el resultado general es la cohesión, el sentimiento de pertenencia, el refuerzo de la identidad.

Cualquiera niega, ante la situación política en la estamos, que uno de los principales grupos a los que pertenece el individuo es el de la nación y que, por lo tanto, existe la identidad nacional. Para su construcción, y sin entrar en el interesante debate que la actualidad ha suscitado sobre el concepto, podemos decir que se necesitan, además de una vinculación con el territorio, unos elementos comunes o compartidos: cultura, economía, derechos y obligaciones e historia. Sin embargo, esta historia (como diría Walter Benjamin, «el pasado que está presente») que va a servir de eje en la construcción de la identidad nacional es seleccionada, elaborada e interpretada. Ojo, esto no es nada novedoso ni alarmante. Pero por esto mismo debemos entender y retener que la realidad no sólo posee una cara, la de la historia, sino que tiene una segunda constituida por la memoria colectiva; o las memorias, pues son múltiples en tanto que formamos parte de numerosos grupos sociales y, cada uno de nosotros la interpreta de manera diferente. En síntesis, la diferencia entre ellas radica en que, aunque ambas miran hacia el pasado, la primera se refiere a los hechos mientras que la segunda pone el foco, como dice el filósofo Reyes Mate, en la historia de esos hechos.

Todas las sociedades, por tanto, tienen una historia, pero también guardan memorias. En ocasiones, las memorias están acalladas, especialmente aquéllas que se encuentran ligadas a hechos traumáticos y se enmarcan en contextos de conflicto y violencia. Sin embargo, irrumpirán en momentos y de formas imprevisibles, generando el asombro de algunos y la irritación de otros. Así ocurrió en nuestro país a principios de los 2000, cuando el movimiento memorialista, impulsado por los nietos y las nietas de las víctimas de la Guerra Civil española y de la Dictadura, comenzó a darle voz a las memorias. Y así ocurre hoy cuando ya no son sólo los nietos y las nietas, sino también generaciones más jóvenes, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, entre otras. Pero es que la memoria, aunque mire al pasado, no es tal; más bien, todo lo contrario.

Hoy, el dictador Franco sigue enterrado con honores en una de las fosas comunes más grandes del mundo; hoy siguen en los campos, cementerios, pueblos y cunetas de nuestro país más de 114.000 mujeres y hombres víctimas de desaparición forzosa; hoy se estima que hay más de 300.000 bebés que fueron robados de sus familias y que desconocen su origen; siguen sin pedir perdón algunas de las empresas del Ibex-35 que se nutrieron del trabajo forzoso de los presos políticos; continúan presentes cientos de símbolos franquistas en los edificios de las instituciones democráticas; siguen sin reconocimiento ni reparación las miles de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual durante la Guerra y la Dictadura; seguimos sin conocer cifras oficiales, sus nombres, sus historias, los responsables. Hoy tenemos la obligación de seguir recuperando la memoria histórica.

Necesitamos conocer las circunstancias de sus muertes, por qué fueron asesinados, dónde se encuentran, cómo y por quiénes fueron educadas nuestras abuelas, en qué espacios de nuestras ciudades y pueblos se ubicaron los campos de concentración, qué infraestructuras fueron levantadas con trabajo forzoso. Y no lo necesitamos por cuestiones de revancha como plantean algunos, ni de simple nostalgia como defienden otros. Lo necesitamos porque forma parte de nuestra realidad y, por lo tanto, configura nuestra identidad individual, colectiva y nacional. Por eso mienten quienes afirman que la intención de quienes hablamos de memoria histórica es la de reabrir heridas del pasado. La memoria es presente y siempre mira al futuro para que el horror jamás se vuelva a repetir.

Precisamente en esto último consiste el deber de memoria que ha sido configurado por instrumentos de Derecho Internacional Público y de derechos humanos. Todas las sociedades deben recordar los horrores de su pasado para que el futuro sea distinto. Conocer la verdad es, según la ONU, un derecho inalienable de los pueblos y obliga a los estados a investigar las violaciones de los derechos humanos. Además, las víctimas y sus familiares tienen derecho a que el Estado juzgue a los culpables, les repare más allá de la dimensión económica y les garantice que dichas violaciones no volverán a ocurrir.

España ha ratificado algunos de los principales tratados internacionales que se ocupan de estas materias. Entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en 1977), el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en 2000 y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas en 2010. Sin embargo, y a pesar de las reiteradas recomendaciones de la ONU y de diversas organizaciones internacionales, aún no ha ratificado la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, lo que nos debería hacer, como mínimo, sospechar.

Desde la perspectiva del Derecho, la memoria histórica y la protección de los derechos humanos están profundamente entrelazadas. ¿Cómo puede una persona que defienda el discurso de los derechos humanos considerar que no es importante que el Estado asuma la obligación de buscar los restos de las personas desaparecidas y entregárselos a sus familiares? ¿Sobre qué argumento puede justificar su oposición a la constitución de una Comisión de la Verdad que investigue las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra y la Dictadura? No sirve el manido argumento de que los hechos, en el momento en el que ocurrieron, no eran considerados violaciones de los derechos humanos, porque, además de que puede ser desmontado (Cláusula Martens, Principio de continuidad del Estado, etcétera), menosprecia y rebaja la base sobre la que se fundamentan los derechos humanos: la dignidad humana. El artículo 10.1 de la Constitución Española se refiere a ésta como uno de los fundamentos del orden político y de la paz social. Se considera, por tanto, base de nuestro sistema democrático. Pero ¿hay dignidad en un país que construye su democracia sobre los restos de más de 114.000 mujeres y hombres desaparecidos?

Cuando hablamos de la necesidad de recuperar la memoria histórica nos estamos refiriendo, por tanto, a la defensa de los derechos humanos, a reivindicar una Justicia y una reparación eficaces para las víctimas, a garantizar la dignidad de las personas y a la protección y profundización de nuestra democracia. En definitiva, se trata de abrir espacios donde podamos reconocernos a nosotros mismos y a los demás, donde podamos reconciliarnos, donde podamos empezar a construir futuros comunes. La memoria, aunque mire al pasado, es siempre futuro.

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