La movilidad como herramienta de innovación social

Después de la insurgencia provocada en Francia por los chalecos amarillos, el presidente Macron inició un proceso multi-nivel de contacto y discusión con todos los estamentos del Estado, desde alcaldes a miembros de las más altas instancias, pasando por el ciudadano de a pie, para abordar y discutir las numerosas reformas que necesita la República.

Una de esas reformas se está materializando en la muy interesante ley de las orientaciones sobre movilidad, que se está tramitando en el Senado y en la Asamblea. La primera sorpresa es que ya no usa la palabra transporte; se usa el concepto de movilidad, dándole el carácter solemne que tiene plasmarse en una ley como ésta. Para el legislador, la movilidad es un derecho individual básico que ayuda a ejercer los demás derechos individuales y promueve la cohesión social y territorial. Este principio se consagra para resolver los retos a los que se enfrentan nuestros vecinos: su ausencia es ya una fuente de desigualdad e injusticia que está fragmentando el territorio y es un problema de urgencia ambiental y climática, en un contexto en el que las infraestructuras actuales han demostrado sus limitaciones.

El concepto de movilidad se construye en la ley como una oportunidad para impulsar la innovación, para desarrollar el papel de las administraciones locales y regionales y para urgir a las empresas francesas a que recuperen su papel de liderazgo en ese terreno.

[En colaboración con Red Eléctrica de España]

Son 10 los principios consagrados en la ley y sobre los que ha insistido el presidente de la República. La transición ecológica y energética de los transportes es una necesidad de salud pública, incluyendo definitivamente este principio en el cuerpo legislativo, lo que evitará en el futuro discusiones baldías e interesadas de algunos negacionistas.

La ley se enmarca también dentro del impulso del presidente Macron de descentralizar el Estado, ya que obligará a las autoridades locales a confeccionar planes de movilidad que garanticen en todo el territorio al menos una alternativa al vehículo que sea real y económica. Ésta es una de las reclamaciones de los chalecos amarillos, y muy acertadamente ha sido incluida en la norma; con un gran sentido de la autocrítica, ya que cifra en más de un 80% del territorio las carencias de movilidad alternativa al coche privado.

A partir de 2021, los legisladores deberán tener transferidas las competencias necesarias para que se pueda aplicar este ambicioso plan de movilidad alternativa local (que, por supuesto, deberá incluir planes de calidad del aire) en todos aquellos municipios superiores a los 100.000 habitantes, fijando las Zonas de Bajas Emisiones como herramienta obligatoria. Estos planes deberán ser inclusivos, especialmente con las personas mayores, jóvenes y personas con movilidad reducida.

Uno de los estudios sobre los que se basa esta ley determina que la mitad de los desplazamientos diarios de los franceses son inferiores a los cinco kilómetros, lo que sirve de base para fijar en la ley que en 2024 el uso de la bicicleta deberá multiplicarse por tres, además de conceder enormes ventajas a los ciudadanos por su uso. En línea similar, se favorece el uso compartido de los vehículos, ya muy implantado en Francia y que con esta ley recibe su consagración como solución de movilidad. Y por acabar con este bloque, el legislador exigirá a las empresas públicas y privadas la confección de planes de movilidad para sus trabajadores, a los que dotará de ventajas fiscales, y que plantearán soluciones que excluyan el uso de vehículos térmicos.

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Durante la tramitación, se ha incorporado una enmienda en el Senado que fija para 2040 la prohibición de venta de vehículos que produzcan gases de ‘efecto invernadero’, lo que convierte esta ley, de aprobarse así, en una de las primeras en Europa que lo fija como norma legal y no como deseo político; como en otros países, como en España.

Muy interesante es la enmienda presentada para prohibir la publicidad de aquellos coches que emitan más de 60 gramos de CO2/km, cuyo autor la presenta como la Loi Evin (precursora en Europa en la eliminación de la publicidad del tabaco y del alcohol) los coches. No hay duda de que la enmienda fija un objetivo de emisiones inalcanzable, pero llama la atención que estemos ante la primera iniciativa legislativa que equipará el coche al de otros productos dañinos para la salud. No se trata de una boutade, ya que los cronistas parlamentarios que siguen la tramitación señalan que el ambiente que se respira entre la mayoría parlamentaria es que esta ley va a poner freno al uso del coche tal y como lo concebimos actualmente, y que hay un problema muy serio de salud pública.

En este contexto, ¿debiera España aprobar una norma similar? Desde luego, la ministra Ribera abordará muchas de estas cuestiones en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. No tiene España un problema de descentralización de las competencias en materia de movilidad, como sí tiene Francia; pero sí se observa un problema de coordinación, en especial con los ayuntamientos, que no siempre tienen la misma visión para resolver los problemas de movilidad.

Póngase por caso Madrid, donde la implantación de los carriles bus-vao exige a las tres administraciones (el Ministerio de Fomento, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento) ponerse de acuerdo; sin mucho éxito, por cierto. Una visión homogénea de cuáles deben ser las oportunidades para priorizar una movilidad sostenible debería poder compartirse entre las 17 comunidades autónomas, los ayuntamientos y el Estado.

Una ley de movilidad en España sí debería abordar de forma clara el riesgo de que, como en Francia, buena parte de nuestra España vacía se quede sin alternativa de movilidad al coche, o que tengamos ayuntamientos que prohíban nuevos sistemas de movilidad basados en la tecnología y otros, bien al contrario, los favorezcan, y me refiero a la asombrosa diferencia que en esta cuestión existe entre Barcelona y Madrid.

Por último, esta ley debiera fijar una hoja de ruta conjunta con la industria del automóvil, para abordar el enorme reto de hacer evolucionar su modelo de negocio hacia una movilidad sostenible y saludable.

Que en España no haya debate social acerca de la movilidad, exceptuando Madrid Central y el taxi, en contraste con la crisis social provocada por los chalecos amarillos en Francia, es el escenario perfecto poder abordar de forma serena una ley como ésta, cuyo fin no es otro que garantizar los objetivos de salud pública y sostenibilidad que están fijados en la Agenda 2030, de forma que la transición sea social y justa.

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1 Comentario

  1. Mariana de Vienne
    Mariana de Vienne 06-14-2019

    muy interesante

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