“La renta básica universal en Argentina necesita de un debate racional”

Al comienzo del Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), la sociedad argentina se componía de un 25% de pobres estructurales y el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) indicaba, además, que cuatro de cada 10 ciudadanos eran pobres por ingresos. En este escenario, el presidente anunció la misión de su Ejecutivo: ¡No más hambre en la Argentina!

A ese telón de fondo se sumó la pandemia y el escenario cambió: aumentó sensiblemente la pobreza y el número de personas que reclaman asistencia alimentaria pasó de ocho a 11 millones, ilustra el ministro de Desarrollo Social del Gobierno argentino, Daniel Arroyo (en la imagen, el tercero por la izquierda). Desde la trinchera, esta cartera atiende a los sectores vulnerables que tendrán muchas dificultades para recuperarse en la post-pandemia. Asumiendo el escenario actual y proyectando el post-pandémico, el Ministerio que conduce Arroyo ha desplegado estrategias de asistencia alimentaria, planes productivos y líneas de refuerzo laboral. A estas políticas de desarrollo social, popular y local se suma un objetivo vital: promover un debate político social y parlamentario “racional” que defina un esquema de renta básica universal vinculada al trabajo y a la reactivación de la economía argentina.

Natalia Aruguete.- ¿Qué cambios ha generado la pandemia en las líneas de asistencia alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social en relación con las que se habían proyectado al inicio del Gobierno de Alberto Fernández?

Daniel Arroyo.- En la pre-pandemia, Argentina tenía un 25% de pobreza estructural (cuando una persona es pobre, sus padres fueron pobres y sus abuelos también). A ello se sumaban los datos de pobreza medida por el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec), que en el último trimestre del 2019 había llegado al 38%. El deterioro del poder adquisitivo de las familias, por el coste de los alimentos y por los altos niveles de endeudamiento, fue tan grande durante los cuatro años del Gobierno anterior que debimos generar una base antes de pensar en cualquier cambio profundo. Partiendo de que no puede haber hambre en Argentina, lanzamos la tarjeta alimentaria, para detener la caída en el poder adquisitivo. Las destinatarias son las madres con hijos menores a seis años, las mujeres a partir del tercer mes de embarazo, las personas con discapacidad.

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A partir de ahí, planificamos otras políticas sociales que excedieran lo alimentario y atendieran al trabajo, mediante microcréditos productivos. El segundo objetivo fue descentralizar la política alimentaria (en un país de 6.000 kilómetros de largo), vinculándola a políticas de desarrollo local. Del millón y medio de destinatarios que planificamos, la tarjeta alimentaria llegó a 1,1 millones de personas; el resto lo cubrimos con transferencia de recursos.

En el medio de esa política, llegó la pandemia y el escenario cambió. Primero, porque pasamos de ocho a 11 millones de personas que reclaman asistencia alimentaria. Segundo, porque tuvimos que aumentar el volumen de la compra centralizada, que no era el objetivo inicial. Lo bueno, reflejo de la crisis del 2001, es que trabajamos sobre una red social que ya existía; la promovimos, financiamos y potenciamos.

N. A.- ¿Con qué estrategias potenciaron esa red social?

D. A.- Los objetivos para fortalecer esa red y llegar a los 11 millones de argentinos que necesitan asistencia alimentaria son transferir recursos a provincias, municipios y organizaciones sociales y, desde ahí, articular con los comités de emergencia locales; descentralizar las compras con los comedores (lo que permitiría atender a las dificultades de hacerlas con precios máximos y promover una mejor nutrición); poner el énfasis en las escuelas, duplicando los fondos destinados a sus comedores. Las escuelas están cerradas por la pandemia, así que eso quedó a mitad de camino.

N. A.- ¿Cómo se puede aprovechar esa red social para la producción de alimentos, enfocada en estrategias de producción y comercialización que involucren a las organizaciones sociales?

D. A.- Al trabajo en los municipios, o en los comedores que cuentan con instancias más institucionalizadas, se sumó la señora que pone un comedor delante de su casa o la olla popular de los barrios más pobres. Esas micro-iniciativas, nacidas durante la pandemia, darán lugar a nuevos liderazgos sociales que modificarán el esquema organizativo barrial. Pretendemos que esos procesos comunitarios se transformen en comités de emergencia barriales, procesos de mesas de trabajo y de gestión que excedan lo alimentario y tiendan hacia políticas productivas. Creo que hay condiciones para ello. Para la producción y comercialización de alimentos desde la economía popular, necesitamos crear 400 mercados centrales que sean centros de acopio de pequeños productores, sobre todo de productos agro-ecológicos, y promover la compra estatal local y de cercanía. Imaginamos al Ministerio de Desarrollo Social transfiriendo fondos a las instancias locales, promoviendo y fortaleciendo estos centros de acopio, de comercialización, que sean además puntos de venta directa, del productor al consumidor, sin intermediarios. No tenemos aún esos 400 mercados centrales, pero hay muchos centros de acopio y esquemas de trabajo de producción de la economía social.

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N. A.- Pensando en una estrategia de compra directa desde el Estado, ¿cómo agilizar los mecanismos burocráticos, cómo pre-financiar a las organizaciones para que produzcan con escala y cómo mejorar la logística para la distribución de alimentos en un país tan extenso?

D. A.- Con mecanismos de descentralización empezaría, en parte, a mejorar la logística de distribución. Estamos impulsando un sistema de pre-financiación y de garantía por parte del Estado, asociado con la banca pública, el Banco de la Nación Argentina (BNA). Concretamente, el Estado le va a comprar a los productores, habrá una pre-financiación automática y directa; además, está el Fondo de Garantías (FoGAr) para la economía social. Lo que debemos seguir mejorando, aún más que el circuito de compra o la pre-financiación, es el pago rápido; actualmente estamos pagando en 45 días.

En paralelo, trabajamos con mecanismos de certificación de calidad: la idea es partir de las normas ISO generales, bajarlas a lo básico y establecer un distintivo.

N. A.- Pensando en las 11 millones de personas a las que asiste actualmente el Ministerio (una parte de ellas producto de la pandemia; otra, de las retracciones socioeconómicas que vivimos durante la última gestión, y la restante, de la pobreza estructural), ¿cómo imagina al sujeto destinatario de la renta básica que se procura implementar y cómo diseñarla para que sea sostenible en el tiempo?

D. A.- Para transformarse en una política de Estado sostenida, debe haber un proceso de acuerdo muy claro entre cámaras empresariales, organizaciones sindicales, organizaciones sociales y partidos políticos con representación parlamentaria. Veo muy cerca ese acuerdo para debatir la dimensión fiscal (está claro que Argentina tiene un problema fiscal y debe hacerlo por etapas) y lograr que trascienda no sólo a un ministro, sino a un Gobierno, a un ciclo político. A diferencia de los modelos europeos, nosotros tenemos un problema de ingresos, de trabajo y de acceso a los servicios básicos. Nuestro trípode es: la renta básica universal, el programa ‘Potenciar Trabajo’ y la urbanización de los 4.000 barrios populares.

Las personas que hoy reciben asistencia alimentaria, 11 millones, o cobran el Ingreso Familiar de Emergencia (nueve millones de hogares) viven cuatro realidades distintas. Una es la pobreza estructural, otra es la del cuentapropismo (quienes siempre vivieron de su ingreso de manera inestable, cada tanto recibían un plan social y, muy eventualmente, iban a un comedor), que se encuentra en situación crítica; la tercera realidad incluye al sector informal integrado (el gasista, el plomero, el mozo), que tal vez tenía ahorros y ahora los ha usado para superar los efectos de la pandemia. La última se compone de un sector de trabajadores formales con ingresos muy bajos, y que hoy también están en los comedores.

A ello se suma que cerca de tres millones de personas han visto caer sus ingresos y les cuesta mucho reconstruirse. Todos estos sectores, que en la post-pandemia han quedado en una situación peor que en la pre-pandemia, deben formar parte de ese primer proceso de ingreso base en Argentina.

N. A.- ¿Cómo se comunica una política como ésta, más allá de la dimensión mediática, para generar consensos alrededor de los sentidos públicos que activa esta iniciativa?

D. A.- El discurso político debe dejar claro que la renta básica está vinculada al trabajo; no hay manera de idearla desenganchada de éste, creo que en casi ningún país de América Latina. Ese punto sortea la grieta de si la gente quiere trabajar o no, o si el Estado le paga a unos y no a otros.

Segundo, el consenso de los actores genera consenso discursivo, mucho más si se trabaja con datos y procesos. El modelo de España (el Ingreso Mínimo Vital) es una base. Hoy no es universal, pero va camino a serlo. Creo que se produjo un debate serio que generó consenso. En Argentina, de los tres pilares que mencioné, el de urbanización tiene un consenso básico. Contamos con una ley que creó el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que se votó en el Parlamento durante la gestión anterior y tuvo un consenso absoluto. Además de asociar la renta básica al trabajo y debatir racionalmente, un punto clave es combinar derechos con movimiento económico. Más allá de ser un derecho, la renta básica va a mover la actividad económica. Urbanizar 4.000 barrios no es sólo derecho a la vivienda, es un gran plan de empleo. Éstos tres son los pilares de la política social post-pandemia.

N. A.- ¿Cómo lograr una rápida implementación y masificación del plan ‘Potenciar Trabajo’?

D. A.- La rapidez en Argentina es sinónimo de descentralización. Nosotros generamos una unidad de gestión en cada provincia y en cada municipio. En esas mesas, en las que participa el sector privado con sus cámaras empresariales, el sector social-sindical y el municipio, se definen las líneas productivas. Nosotros financiamos una unidad de gestión para comprar máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital, y para poner proyectos en marcha. La persona que está bajo el plan Potenciar Trabajo cobra la mitad del salario mínimo. Si lo contrata alguien tiene, por lo menos, que completar ese salario mínimo. Por ejemplo, si un municipio contrata a una cooperativa para hacer cloacas, o una obra social a ciudadanos para cuidar a personas, tienen que cubrir la diferencia salarial a sus integrantes.

N. A.- Pensando en el ‘Potenciar Trabajo en un escenario pandémico y post-pandémico, ¿cómo cree que hay que definir las políticas sociales, en particular las políticas de cuidados?

D. A.- Estas políticas incluyen el cuidado personal y el comunitario. Debemos ir hacia el modelo uruguayo, donde hay una ley amplia que incorpora los cuidados y los financia. A un sistema que venía creciendo naturalmente se suma el hecho de que cambiará el mundo de los geriátricos y el cuidado en los hogares en la post-pandemia. Vamos hacia un esquema de cuidados más personales, acotados, en pequeños grupos. Eso potenciará aún más el trabajo de las personas que cuidan de personas. Debemos reconocer esas nuevas dinámicas para establecer un criterio de capacitación, aprovechando las instituciones que ya cuentan con ella para potenciarlas a través de un esquema de contratación, como el de Potenciar Trabajo. Aunque puede ser más difícil proyectar este plan en el sistema de cuidados, sabemos que la construcción de infraestructura y este sistema son los dos sectores más dinamizadores del empleo en las clases populares.

N. A.- ¿Es posible considerar las organizaciones sociales como un actor económico de peso en el medio y largo plazo, en una economía tan concentrada como la argentina, y más aún en el mercado de alimentos?

D. A.- El mundo de la economía popular y social viene creciendo en Argentina, incluso en épocas de crisis importantes. Más allá de lo que haga el Ministerio, es un actor relevante. Nuestra tarea es que la economía social sea un actor económico de peso sustantivo y creciente, sobre todo en la producción de alimentos. Debemos generar los mecanismos para darle volumen y desarrollo. No tengo dudas de que va a crecer, porque las condiciones se dan estructuralmente: hay una mirada cada vez más ecológica y una tendencia a la compra de cercanía que ha sido, en parte, consecuencia de la pandemia. Ahora, si bien hay una concentración profunda de la actividad económica, no tengo tan claro que sea así en materia de alimentos. No sé en qué medida las organizaciones sociales se transformarán en un actor de peso en este terreno. Sí lo será la economía popular como esquema; en algunos casos estará vinculada a organizaciones sociales y en otros, a redes de comercialización y de producción.

N. A.- ¿Qué pujas entre distintos actores tiene en cuenta cuando piensa en la viabilidad política de estos esquemas productivos y de comercialización?

D. A.- No desconozco las pujas y las conflictividades económicas, pero el problema hoy no es ése. Nuestra tarea es descentralizar, desconcentrar, fortalecer la producción del 40% del sector informal bajo distintas modalidades. Ésta es casi la misión del Gobierno en su conjunto, no sólo una línea estratégica de este Ministerio. Conozco las tensiones y dificultades, pero observo más dificultades de orden operativo: me refiero, concretamente, a sostener el mecanismo de pre-financiación para que el asociacionismo permanezca en el tiempo, garantizar la calidad y mantener los volúmenes de la producción. En definitiva, diseñar los mecanismos para que el Estado consolide ese esquema. Ese sector está creciendo, aunque muy lentamente. Eso se debe, en parte, a que no ha habido políticas púbicas que lo acompañen.

N. A- En relación con los modelos español y francés, ¿cuáles son los referentes para pensar la política social?

D. A.- El ingreso universal ciudadano lo asocio con el modelo francés; yo vengo de esa escuela. Y, asimismo, al concepto de derechos, del fin del trabajo masivo y de la generación de mecanismos de ingresos de base. Además aprendí, estando en tres gestiones de ministerios de Desarrollo Social, que si eso no tienen vínculo con el trabajo no hay consenso social posible. Me parece, al mismo tiempo, que es también parte de la discusión que hubo en España entre renta básica universal, ingreso mínimo garantizado o un mecanismo de ingreso mínimo vital.

N. A- ¿Cuál es el denominador común en esta época, a partir de las distintas iniciativas estatales a las que ha hecho referencia en esta charla?

D. A.- Por un lado, que los estados han salido a financiar y a sostener la situación económica aún contra sus concepciones previas. Las transferencias a los ciudadanos por parte del Gobierno de Estados Unidos, como también ocurre en Francia, o el debate en España sobre un ingreso mínimo garantizado son iniciativas que conducen a la comprensión de que el Estado tiene un rol clave. De hecho, los sectores más críticos a esta idea se abstienen, pero tampoco construyen una idea de un no Estado. La tensión Estado-mercado, que en Argentina fue constitutiva de la grieta, va desapareciendo. No es tiempo de debates ideológicos vacíos en términos de derechos o trabajo, Estado o mercado. La sociedad se ha reencontrado con la idea de que el Estado es un actor central para la reconstrucción. En este escenario, no me perdonaría no hacer cambios estructurales.

N. A.- ¿La pandemia es una condición de posibilidad para cambios estructurales?

D. A.- En el caso argentino, con tantas dificultades previas, la pandemia es condición de cambio; pero, además, nos obliga a hacer reformas estructurales. El sistema educativo no puede ser el mismo en la post-pandemia, el esquema de desarrollo no puede encararse de la misma manera ni, mucho menos, las políticas sociales.

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