La validez de la apuesta por el ‘i-voto’

Desde la introducción de los primeros sistemas de voto electrónico en entornos controlados hasta el desarrollo del voto por internet, estos sistemas han debido cargar con un halo de desconfianza basado esencialmente en acusaciones de falta de transparencia, inseguridad y facilidad de ser manipulados. Así, no tardaron en aparecer estudios que mostraban la poca fiabilidad y la capacidad de manipulación (o hackeo) de diferentes modelos de urnas electrónicas que se emplearon –y se emplean aún- en diferentes entornos, como un buen número de condados estadounidenses, las elecciones brasileñas o los procesos electorales venezolanos, por citar algunos ejemplos. Uno de los casos paradigmáticos fue el escándalo Diebold, que pareció confirmar la facilidad con la que la urnas electrónicas de este proveedor podían ser manipuladas, adulterando así el resultado electoral.

Pero esta modalidad de voto electrónico también ha tenido que enfrentarse a otros elementos críticos: por un lado, el supuesto ahorro económico que se esgrimía como uno de los elementos ‘atractivos’ de las urnas electrónicas se deshace como un azucarillo: no sólo es preciso un considerable desembolso económico para la adquisición de las urnas electrónicas (por ejemplo, en las elecciones legislativas españolas se instalan alrededor de 60.000 mesas electorales), sino que es preciso mantener actualizado el software de votación, a lo que se añade un considerable dispendio económico en concepto de gestión logística de dicho volumen de urnas.

Por si no fuera suficiente, se une a ello la irrupción en el proceso electoral de la figura del técnico, que en tanto pertenece a una empresa privada (muy pocas son las administraciones electorales que se embarcaron en el diseño de una urna propia), es ajeno a las exigencias y controles institucionales que fiscalizan la actuación de los funcionarios electorales. Considérese, además, los fallos de seguridad anteriormente comentados y se comprenderá la dificultad de implantar esta modalidad de voto electrónico, independientemente de la forma de expresión del voto.

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Por otro lado, se iba desarrollando una solución de voto electrónico remota, el ‘i-voto’, basado en la emisión del voto utilizando internet, en un entorno que, por definición, deja de ser controlado como lo son los colegios electorales en los que se instalan las urnas electrónicas o tradicionales. Esta modalidad de voto electrónico ha ido creciendo en implantación, con Estonia como uno de los grandes referentes.

A título de ejemplo, recientemente el Instituto Electoral del Distrito Federal de México ha dado por finalizado el programa de urnas electrónicas que vino desarrollando desde principios de siglo y lo ha sustituido por uno basado en el voto por internet. Aunque también ha sido objeto de fuertes críticas por el peligro de un potencial hackeo de los datos y, por ello, la percepción de inseguridad, la evolución de la organización del proceso electoral basado en el i-voto, así como los avances en criptografía parecen validar el voto electrónico remoto (o voto por internet) como una solución viable social y políticamente.

Ello exige, no obstante, algunos requisitos para garantizar la fiabilidad del sistema que, esencialmente, se centran en la transparencia en su funcionamiento. Por un lado, es indispensable someter a escrutinio independiente las soluciones de voto electrónico remoto que vayan a emplearse, para detectar anomalías –voluntarias o no– que puedan poner en peligro la integridad de la votación. La validez de esta medida quedó claramente en evidencia recientemente en Suiza, donde informáticos anónimos y en representación de la sociedad civil y los actores políticos detectaron serios fallos de seguridad e integridad en el sistema que pretendía implantarse.

Junto a ello, y en cuanto a la gestión del proceso electoral, es altamente recomendable la adopción de la figura de las mesas de custodios: representantes de la administración electoral (y no sólo de la administración) a los que se les encarga la custodia de las claves criptográficas de sellado y apertura de la urna electrónica que almacena los votos emitidos. Un elemento adicional encaminado a garantizar mayor transparencia y confianza por parte de los ciudadanos (y de los actores políticos) es la inclusión en estas soluciones de la emisión de un recibo de votación con el que poder verificar que el voto emitido por el elector ha sido incluido en la urna electrónica y, por ende, ha sido computado. Aunque estos recibos no incluyen datos personales ni de la opción elegida por el votante, sí permiten validar a posteriori que el voto se emitió y se recibió en la urna electrónica.

Aunque añadiéramos mayores consideraciones sobre la deseabilidad y la viabilidad del voto electrónico remoto, seguramente habría quien destacaría un elemento que potencialmente podría invalidar nuestra apuesta por él: ¿cómo evitar la coacción al votante en un entorno no controlado como es el colegio electoral? Ciertamente, es casi imposible evitar que un votante pueda serlo en el momento de la emisión de su voto en un entorno no controlado; sea éste su casa, un hotel o en la calle con su smartphone. Cierto. Obviamente, no es un consuelo ser conscientes de que las prácticas de family voting son habituales en nuestro entorno más inmediato, ni de la casi nula utilización de las cabinas de votación en nuestros colegios electorales, por poner otro ejemplo que ayudaría a garantizar el secreto del voto y, por ello, la no coacción al elector.

Pero en el caso de i-voto existe una posibilidad novedosa que debe valorarse más allá de la anécdota: cada vez más sistemas (y sus ordenamientos jurídicos) incorporan la posibilidad de emitir tantos votos como desee el elector, siendo válido únicamente el último de los emitidos durante el período de la votación remota anticipada (por lo general, una semana). Pero es que si, además, el elector dudara de la integridad de su voto, el sistema permite que en la jornada electoral presencial pueda anularlo y votar de manera tradicional, en papel y ante la mesa electoral, con lo que incluso mantendríamos la liturgia de la votación. Interesante, ¿no?

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