La vivienda que queremos después de la pandemia

Uno de los últimos memes que me ha reenviado un amigo muestra una nota de indignación pegada en el poste de una farola. El mensaje denuncia públicamente el comportamiento incívico de algunas personas que han comprado más mascarillas de las que necesitan para revenderlas a mayor precio y enriquecerse. Como consecuencia de esta especulación, la nota argumenta que muchas personas no pueden acceder a las mascarillas, enferman y, en ocasiones, mueren.

Podríamos pensar que el meme me ha llegado con retraso puesto que hace ya semanas que el Gobierno reguló el precio máximo de las mascarillas. Sin embargo, la nota incluye un giro final que da un vuelco a la historia. Al parecer, ha habido una errata debido al auto-corrector del teléfono. Donde la nota dice mascarillas, el autor quería decir viviendas.

El meme pretende ganarse la simpatía de la audiencia mediante un ejemplo dramático y de actualidad que ilustra la disfuncionalidad del libre mercado. Después, extrapola el razonamiento al debate sobre el mercado de la vivienda, en el que hay mucho menos consenso. ¿Estamos ante otra cadena demagógica y populista o, por el contrario, consigue poner en evidencia las costuras morales del sistema actual de vivienda? Si la analogía fuese acertada, ¿podría la pandemia propiciar un cambio en lo que consideramos importante y en cómo lo protegemos y fomentamos? ¿Estamos ante una oportunidad de repensar el modelo de la vivienda?

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En las últimas semanas, muchos expertos han pronosticado desde distintos ámbitos cómo será el mundo después de la pandemia. Sin entrar en el terreno de las elucubraciones, ya es posible observar los cambios que se están produciendo durante el estado de emergencia. No sólo las mascarillas se han vuelto un bien muy preciado; colectivos de trabajadores tan dispares como el personal sanitario, las fuerzas de seguridad, los repartidores a domicilio o los trabajadores de supermercado han pasado a considerarse esenciales. Está por ver si esta renovada consideración conlleva un mayor reconocimiento social y económico de estos colectivos una vez superada la pandemia.

La vivienda ¿de derecho a obligación?

Sin duda, otro de los protagonistas durante la crisis de la Covid-19 está siendo la vivienda. Ya desempeñaba un rol central tanto a nivel individual como social, pero en los últimos meses su papel se ha re-significado y su importancia se ha multiplicado. En cuestión de días, nuestros hogares se han convertido en el escenario de todas nuestras actividades. La vivienda ha pasado de ser un derecho (en ocasiones poco efectivo) a prácticamente una obligación.

A pesar de la analogía, las características de la vivienda y las mascarillas, así como de sus respectivos mercados, son muy diferentes; y, en consecuencia, sería absurdo exportar recetas de uno a otro directamente. De hecho, la naturaleza de las recientes medidas del Gobierno en estos dos ámbitos es notablemente distinta.

En el caso de las mascarillas, se ha intervenido el mercado para garantizar que puedan ser adquiridas a un precio asequible. Además, en los lugares cerrados en que su uso es obligatorio, como el transporte público, se han distribuido de forma gratuita. En cambio, las medidas en materia de vivienda no parecen estar destinadas a garantizar el acceso para posibilitar el confinamiento obligatorio. La moratoria a los alquileres y las hipotecas o la apertura de albergues temporales son medidas de emergencia poco efectivas en el largo plazo. Como ha señalado el Banco de España, las consecuencias económicas de la crisis van a dificultar todavía más el acceso a la vivienda de una gran parte de la ciudadanía, en especial los más jóvenes y aquellos con rentas bajas.

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Además, a la luz de los nuevos usos que acogen nuestras casas, más diversos, intensivos y prolongados en el tiempo, se ha reabierto el debate sobre cómo queremos que sean sus espacios. Muchas voces apuntan a la necesidad de contar no sólo con más espacio, sino también de que éste sea más flexible y con una mayor y más rica conexión con el exterior.

Los ciudadanos no son culpabilizados por esta crisis

En la última gran crisis de 2008, la vivienda también desempeñó un papel central. Entonces se esgrimieron muchos argumentos morales que culpaban a los ciudadanos de su situación. Habían convertido su derecho a la vivienda en un activo financiero; habían apostado sus ahorros y sus pensiones, y los habían perdido. En definitiva, habían vivido por encima de sus posibilidades y debían atenerse a las consecuencias. Este razonamiento, aunque profundamente cuestionable, ha servido para justificar no sólo las políticas de austeridad, sino también la escasa ambición de las reformas en el sistema económico, financiero o de vivienda.

Por el contrario, en la crisis actual es difícil definir con claridad a los culpables del origen de la pandemia. Aunque algunos científicos apuntan a causas ecosistémicas como la degradación de la biodiversidad, el debate político se está centrando más en la gestión gubernamental de la crisis y no tanto en sus causas profundas. Por el momento, las retóricas más extendidas no están culpabilizando a la ciudadanía de sus problemas y desafíos. Más bien al contrario: a menudo se presenta una amplia mayoría cívica que cumple responsablemente con las duras medidas decretadas.

Nos encontramos, pues, en un contexto en el que la vivienda es más esencial que nunca y los ciudadanos no son culpabilizados de su propia situación. Además, los gobiernos se han visto obligados a tomar el liderazgo, por encima de los mercados, para garantizar la salud pública y el bien común. ¿Es posible que un contexto tan dramático sea propicio para renovar el valor que le damos a la vivienda y repensar cómo garantizamos que todas personas puedan acceder a un espacio digno donde vivir?

Una oportunidad para que la vivienda contribuya a la solución

La experiencia nos dice que las condiciones sociales y económicas no volverán a ser las mismas tras una crisis de esta magnitud. Sabemos que las crisis abren una ventana de oportunidad para el cuestionamiento de los paradigmas existentes, así como la emergencia de nuevas ideas. En última instancia, pueden conducir tanto a cambios en los comportamientos individuales y colectivos como a reformas sistémicas o la reformulación de políticas públicas. Sin embargo, el recuerdo de la última crisis debiera moderar nuestro optimismo. Las crisis no implican necesariamente la mejora de las condiciones de vida precarias, sino que también pueden conducir a su normalización.

En los últimos días, el desconfinamiento y la recuperación progresiva del espacio público han avivado el debate en torno al futuro de nuestras calles, plazas y parques. Indudablemente es una cuestión capital, pero esto no debería hacernos perder de vista el papel central de la vivienda. El espacio doméstico y el espacio público están íntimamente relacionados, y ambos serán tan cruciales en el futuro como lo están siendo ahora.

No se trata, por lo tanto, de pronosticar cómo será la vivienda después de la pandemia, sino de debatir cómo queremos que sea y cómo podemos garantizar un derecho más fundamental que nunca. Diseñemos una nueva normalidad en la que la vivienda forme parte de la solución a esta crisis, y no parte del problema.

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