Las coaliciones de socialdemócratas y la izquierda radical

Tras la votación de investidura, el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos es ya una realidad. Han sido meses cargados de tensión política: reuniones secretas, negociaciones con todo el arco parlamentario, presión mediática y, ya en la recta final, intentos judiciales de hacer fracasar la investidura. La renovada polarización de la política española, palpable en las tertulias y en el Hemiciclo, vendría a confirmar el repetido mantra de que este Gobierno es una rara avis en nuestro entorno europeo.

Pero lo cierto es que la entrada de partidos de izquierda radical en el Gobierno no es un hecho extraño en Europa Occidental, más bien al contrario. En los últimos 40 años, Francia, Italia, Finlandia, Noruega, Dinamarca e Islandia, por este orden, han tenido ejecutivos liderados por partidos socialdemócratas con ministros de partidos asimilables a Unidas Podemos. De igual modo, Chipre y Grecia han sido directamente presididas por la izquierda radical y, por último, ha sido habitual el apoyo externo de partidos de este signo a ejecutivos socialdemócratas (Portugal o Suecia) o incluso conservadores (República Checa).

Analizamos aquí las experiencias europeas más parecidas al recién constituido Gobierno español: cinco gobiernos de coalición liderados por socialdemócratas en los que la izquierda radical participó como socio menor: Francia (1997-2002), Italia (2006-2008), Noruega (2005-2013), Dinamarca (2011-2014) e Islandia (2009-2013). 

 Tabla 1.- Relación de casos analizados

Más allá del análisis de resultados electorales, cargos y políticas públicas (la triada policy, office and votes) que es transversal a cualquier formación sin importar su orientación ideológica, parece lógico recoger otros matices que afectan específicamente a las fuerzas de la izquierda radical. ¿Ha servido para legitimar a la izquierda como actor de gobierno fiable? ¿Cómo afecta la participación gubernamental en la relación con movimientos sociales y sindicatos? ¿Qué consecuencias tiene para el funcionamiento interno del partido y su crecimiento organizativo?

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La formación de gobierno. El Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos venía fraguándose desde antes de las elecciones del 26 de abril de 2019, siendo uno de los elementos centrales en la campaña de Pablo Iglesias. El líder de Unidas Podemos moderó su hostilidad hacia los socialistas, mostrando su voluntad de llegar a un acuerdo que permitiera la entrada de su formación en el Gobierno. Éstos, aunque a priori se resistían a dar por hecha una coalición de izquierdas, también relajaron sus reticencias tras la moción de censura, situando a Unidas Podemos como socio prioritario. Pese al fracaso de la investidura y la convocatoria de nuevas elecciones para el 10 de noviembre, se mantuvo la estrategia de apaciguamiento entre los eventuales socios.

Este planteamiento táctico puede ser novedoso en la política española, pero no lo es tanto en el resto de Europa. Los gobiernos de coalición en los que ha participado la izquierda radical como socio menor no se producen por generación espontánea, sino que se cocinan a fuego lento. A veces el acercamiento es sutil y, al igual que en España, conlleva una moderación discursiva y programática por parte de los izquierdistas. Fue el caso de Dinamarca, donde el Partido Socialista Popular (un híbrido de ecologismo y post-comunismo) había renunciado a sus demandas más ambiciosas meses antes de entrar en el Gobierno. Curiosamente, los socialdemócratas daneses siguieron el camino contrario, adoptando un discurso marcadamente izquierdista destinado a pescar en las impetuosas aguas que salpicaban a babor.

En otras ocasiones, el proceso de negociación exige una cierta planificación, o incluso la participación de un tercer actor. Así fue en las elecciones noruegas de 2005, donde la Confederación Noruega de Sindicatos lideró La Larga Marcha hacia la Coalición: un marco de entendimiento entre el Partido del Trabajo (socialdemócrata) e Izquierda Socialista un año antes de las elecciones.

Mayor esfuerzo aún implicó la organización de los Rassemblements Populaires en Francia, una iniciativa del Partido Comunista Francés que movilizó a su amplia militancia para generar un espacio de debate con el resto de los actores de la izquierda francesa.

En el complejo caso de Islandia fue la movilización popular, y no las urnas, la que dio lugar a la entrada en el Gobierno del Movimiento de la Izquierda Verde. En 2008, se produjo la mayor crisis fiscal de la historia de la isla, en la que quebraron los tres grandes bancos islandeses. El Ejecutivo de conservadores y socialdemócratas renunció ante la masiva ola de protestas, siendo sustituido por un nuevo Gabinete en el que se mantenían los socialdemócratas y entraban los izquierdistas. El nuevo Gobierno convocó elecciones parlamentarias y salió reforzado de las mismas, erigiéndose en portavoz de las demandas ciudadanas. La gestación de un proceso constituyente por parte de un sector amplio de la población, con asambleas por todo el país y la redacción de una nueva Carta Magna, había obligado a los socialdemócratas a virar hacia la izquierda, donde el Movimiento de la Izquierda verde llevaba años cómodamente instalado.

Funcionamiento del Gobierno. Estabilidad y reparto del poder. España ha sido un país de tradición bipartidista, en el que han abundado las mayorías absolutas y el agotamiento de las legislaturas. Felipe González fue presidente durante 14 años, Aznar y Zapatero gobernaron dos legislaturas y Mariano Rajoy estuvo en el poder siete años. Quizás sea ésta la razón por la que un Gobierno de coalición y en minoría parlamentaria genere tantas dudas con respecto a su previsible longevidad y estabilidad. Estas variables se suelen medir no solamente con el número de años que dura el Gobierno, sino con el número de reestructuraciones ministeriales realizadas y el abandono o expulsión de alguno de los socios.

El análisis de los ejemplos europeos arroja resultados más positivos de los que cabría esperar en ejecutivos de composición heterogénea. En Francia e Islandia se completó la legislatura, mientras que los izquierdistas noruegos gobernaron durante ocho años. En el lado opuesto, la tradicional inestabilidad del parlamentarismo italiano llevó a la caída del Gobierno en el ecuador de la legislatura, mientras que en Dinamarca los socialistas populares salieron prematuramente del Ejecutivo por diferencias irreconciliables con su aliado.

Como es natural, hubo cambios de ministros en casi todos los gobiernos, descompensando en algunos casos el reparto inicial entre los socios (véase Tabla 2). Las rotaciones en las reestructuraciones netas tuvieron un saldo neutro o variaciones en la mayoría de casos. En Francia e Italia, además, se produjeron entre socialdemócratas y otros socios minoritarios de la coalición. En conjunto, las experiencias europeas que más se asemejan al nuevo Gobierno español no auguran necesariamente una legislatura corta y abrupta.

Tabla 2. Tipos de Gobierno y estabilidad

El reparto de los ministerios ha sido otra cuestión polémica en la formación del Gobierno español. Se ha hecho referencia a la inexperiencia institucional de Unidas Podemos como un obstáculo insalvable para ocupar carteras relevantes. Por el contrario, la literatura científica ha señalado que el reparto de ministerios tiende a guardar una relación de proporcionalidad con el peso parlamentario, o con la posición estratégica en las negociaciones de investidura. La experiencia europea así lo confirma. Salvo en Italia, el porcentaje de ministerios otorgados a la izquierda radical es bastante aproximado a su peso relativo dentro de la coalición o incluso superior. La juventud o falta de experiencia no ha sido, por tanto, un criterio para delimitar la influencia de los partidos de izquierda radical en Europa.

El análisis de la distribución del poder real es, sin embargo, más complejo. Existe una serie de ministerios de gran importancia política o presupuestaria (Interior, Hacienda, Defensa o Asuntos Exteriores), mientras que otros son meros desgajamientos de ministerios más grandes, o antiguas secretarías a las que se ha dotado de rango ministerial, pero no de unas competencias o un presupuesto acorde. Éstas son dinámicas habituales en los gobiernos de coalición, que tienden a aumentar el número de ministerios y cargos gubernamentales con el fin de contentar a los diferentes socios.

En Islandia y Dinamarca la izquierda radical logró carteras de carácter estratégico como Finanzas o Asuntos Exteriores, respectivamente. En el resto de casos, la importancia de los ministerios desciende desde un  nivel medio en Noruega (Medioambiente y Educación) hasta el rango más bajo en Italia y Francia, donde los partidos comunistas se conformaron con carteras menores como Transporte, Vivienda o Solidaridad Social. Unidas Podemos quedaría, si se confirma la propuesta de reparto actual, en el nivel medio, pues no dispone de ninguna cartera clave, pero ostenta una Vicepresidencia, dos ministerios medianos (Trabajo e Igualdad) y dos con competencias muy reducidas (Consumo y Universidades).

El desarrollo de políticas públicas. La entrada de partidos de izquierda radical en un Consejo de Ministros se asocia a un compromiso prometedor, pero incumplido. Todos recordamos las esperanzas que una parte de la izquierda puso en la victoria de Alexis Tsipras en Grecia: la izquierda radical italiana llegó a conformar una coalición para las elecciones europeas denominada L’ Altra Europa con Tsipras, con magros resultados.

Esta visión olvida, quizás interesadamente, que todos los partidos políticos gobiernan de forma diferente a como prometieron, y que lo que es válido para un programa electoral puede no serlo para un programa de gobierno.
El elemento central de cualquier política pública es la economía. Para los partidos homologables a Unidas Podemos, una buena política económica es aquélla que implica un aumento de la presión fiscal sobre las rentas altas con el fin de financiar una mayor inversión pública en sectores estratégicos para el Estado del Bienestar como Sanidad o Educación, o para una mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras. En este sentido, los resultados son bastante diversos.

En Francia, el PCF estaba lejos de exigir el ambicioso programa de nacionalizaciones del Gobierno Mitterrand en 1981, en el que también había participado. En este caso, los límites presupuestarios impuestos por el Tratado de Maastricht (contra cuya aprobación los comunistas se habían movilizado), el giro al centro-izquierda de los socialistas y la entrada de partidos liberales auguraba un Ejecutivo poco rupturista. Por último, la cohabitación con un presidente de la república conservador como Jacques Chirac limitaba considerablemente el margen de actuación en materias como Política Exterior, Defensa o Justicia. Se lograron algunas medidas de calado, como la reducción de la jornada laboral a 35 horas, la subida del salario mínimo o el aumento de los impuestos a las grandes empresas. En la retina de los votantes de izquierdas también quedó, sin embargo, el amplio paquete de privatizaciones que afectó a empresas estratégicas como France Telécom o Air France.

En Islandia, el Gobierno priorizó la presión fiscal sobre los sectores económicos más poderosos, evitando de esta manera recortes drásticos en el sector público. Un asunto clave durante la crisis financiera fue la asunción de responsabilidades del Estado islandés por las deudas generadas por la quiebra de los bancos con entidades de Reino Unido y Países Bajos. En sendos referendos, la población se opuso a pagar con dinero público una deuda que había sido contraída por entidades privadas. El litigio se llevó a la Corte de la Eefa, quien resolvió que el Estado islandés no era responsable de esa deuda, confirmando los argumentos expuestos por el Movimiento de la Izquierda Verde y la mayoría de la población.

En Noruega, uno de los principales objetivos del Gobierno progresista consistió en deshacer algunas de las medidas promulgadas por el anterior Ejecutivo conservador. De este modo, se derogaron las anteriores reformas laborales, se paró la privatización de escuelas y ferrocarriles, se aplicaron medidas contra la temporalidad laboral y el exceso de horas extra y se aumentó la tasa impositiva a las rentas del capital.

En Dinamarca, la entrada de los socialistas populares en el Gobierno también ayudó a desandar el camino iniciado por el anterior Ejecutivo liberal-conservador (apoyado externamente por la extrema derecha), retirando una ley que aumentaba la edad para la jubilación anticipada y recuperando ambiciosas partidas de inversión pública para combatir la pobreza extrema, aumentar las becas para estudiantes o mejorar la calidad de la Sanidad.

En la política exterior, un asunto cardinal para el Estado, la izquierda radical europea se cuadró disciplinadamente ante las decisiones del líder de la coalición. En Italia, Rifondazione Comunista aprobó un aumento de fondos para la misión de la ONU en Afganistán, rompiendo así su tradicional discurso en contra de las intervenciones militares. Los noruegos de Izquierda Socialista lograron la retirada de las tropas de Irak, aunque a cambio renunciaron a sus objetivos de máximos: la salida de la UE y de la OTAN. No en vano el primer ministro, Jens Stoltenberg, fue elegido secretario general de la organización atlantista en 2014. Los socialistas populares de Dinamarca también renovaron su política exterior: pasaron de rechazar la intervención en Kosovo sin mandato de la ONU en 1999 a justificar la de Libia “para proteger a la población civil de un lunático como Gadafi”.

Unidas Podemos ya ha dado algunas señales de que no se interpondrá en las líneas estratégicas de la política exterior española. Desarbolado ya el tímido euroescepticismo del que hacía gala en sus inicios, los posibles conflictos se centrarán antes en cuestiones mediáticas (Venezuela) que en unos planteamientos políticos en los que parece haber cierto consenso entre ambos socios (integración europea, Oriente Próximo, etc).

Resultados electorales y organizativos. La izquierda radical, como cualquier partido político, busca obtener un rendimiento electoral de su presencia gubernamental. Mantener o aumentar el número de cargos da acceso a una mejor financiación pública, a una mayor atención mediática y, primordialmente, a la posibilidad de seguir siendo esencial para la formación de un Gobierno, lo que le permite continuar con las políticas públicas que se comenzaron a desarrollar en la legislatura anterior.

En primer lugar, parece una dinámica generalizada que a la izquierda radical no le siente bien electoralmente ser el socio menor de un Gobierno de coalición. Como puede observarse en la tabla de más abajo, los partidos de la cuerda de Unidas Podemos perdieron votos en todos los casos menos en uno (Dinamarca). El desgaste de los socialdemócratas también es, en general, más suave salvo en el caso islandés, donde ambas formaciones caen estrepitosamente.

Varios son los factores que, de forma complementaria, contribuyen a que la izquierda radical se vea más dañada tras su paso por el Gobierno.
Como explicamos anteriormente, una dinámica habitual es que los izquierdistas abonen pacientemente el terreno para lograr el acuerdo. Esto implica limar asperezas con sus futuros socios socialdemócratas, ya sea evitando los ataques directos como reduciendo las medidas más controvertidas (y ambiciosas) de su programa. Parece lógico pensar que la pérdida de cierto cariz contestatario y antisistema puede generar desencanto entre los sectores más activistas de su electorado.

Por otra parte, la labor gubernamental conlleva siempre un riesgo de erosión. Ya sea porque las expectativas eran altas, o porque la gestión ha sido impopular, la izquierda radical asume riesgos al entrar en un Gobierno de coalición. Además, siempre hay un riesgo de apropiación por parte del socio mayoritario de aquellas políticas que resultan más populares o eficientes.

*En Noruega se completaron dos legislaturas. Las pérdidas fueron escalonadas en el caso de la izquierda radical (-2,6 y -2,1, respectivamente) mientras que los socialdemócratas ganaron tras la primera legislatura (+2,7) y perdieron en la segunda (-4,5).

La transición de un partido de oposición a uno de Gobierno resulta bastante problemática para la izquierda radical. Son partidos con una considerable democracia interna, en los que son frecuentes los debates ideológicos y programáticos. Esto choca con las necesidades del equipo de gobierno, que desea ejercer un control jerárquico de la organización y acallar cualquier conato de disidencia interna.

Los izquierdistas daneses fortalecieron de esta forma el partido, a costa de granjearse la enemistad de una parte importante de su militancia. Cuando se planeó la venta a Goldman Sachs de un 18% de las acciones de la empresa estatal de Petróleo y Gas Natural, la militancia dijo basta. Esto produjo la dimisión de tres ministros favorables al proyecto, que pasaron a engrosar las filas socialdemócratas y social-liberales. Se produjo un cambio de líder y un duro enfrentamiento entre el grupo parlamentario y las bases del partido, aunque se mantuvo el apoyo al Gobierno mediante mociones de confianza.

En Islandia, el Movimiento de la Izquierda Verde se posicionó a favor del ingreso en la Unión Europea, lo que dio lugar a un agrio debate interno y al abandono de dos diputados euroescépticos y de una parte de la militancia. En Noruega, la negativa de los izquierdistas a iniciar prospecciones petrolíferas en el condado de Nordland enajenó a la rama local de esta región, que veía cómo las posibilidades de empleo y crecimiento económico quedaban relegadas frente a la conservación ambiental.

El apoyo de los comunistas franceses al paquete de privatizaciones generó una amplia respuesta social, liderada por  el que había sido su sindicato de referencia, la Confederation General du Travail. Robert Hue, líder del partido y ministro de Transporte, llegó a ser abucheado cuando participaba una manifestación. El caso más dramático fue, sin embargo, el de los italianos, ya que la desaparición parlamentaria elevó la tensión entre los partidos y corrientes que conformaban Rifonzacione Comunista.

Conclusiones.

Es difícil dar un sentido unívoco al paso de la izquierda radical por los diferentes gobiernos europeos. Atendiendo a los resultados electorales, el balance es claramente negativo, pero es difícilmente medible el impacto políticas públicas desarrolladas o la normalización de las propias ideas izquierdistas dentro de la sociedad. Al fin y al cabo, no existe una fórmula matemática que nos permita calcular cuántos votos es admisible perder para lograr un avance social.

¿Cómo se traslada esto a la previsión de la coalición española? En principio, debiéramos reseñar lo obvio: Unidas Podemos tendrá grandes dificultades para transformar sus políticas públicas en apoyos electorales. Algunos aspectos pueden ayudar, por el contrario, a un desarrollo positivo para la formación.

En primer lugar, PSOE y Unidas Podemos necesitarán apoyos externos, pero serán los únicos socios gubernamentales, lo que sin duda les otorga cierta ventaja con respecto a sus homólogos europeos. En Noruega y Dinamarca compartieron coalición también con partidos de centro, y en Francia e Italia la combinación era aún más heterogénea. Islandia es el único caso en el que socialdemócratas e izquierdistas compartieron el Gabinete en solitario.

En segundo lugar, las experiencias de Gobierno conjunto han sido una realidad en otros niveles de la Administración. Más allá de la esfera municipal, de difícil extrapolación con la estatal, el gobierno de las comunidades autónomas también podría aportarnos algunas enseñanzas interesantes. En Asturias, Cataluña o Andalucía formaciones como Iniciativa per Catalunya o Izquierda Unida se mostraron capaces para una gestión eficaz, solidificando su apoyo electoral y mostrando que podían ir más allá de las promesas de campaña.

Por último, ambos socios podrían coexistir de forma más o menos pacífica. Los socialistas no necesitan el abrazo del oso para crecer, ya que disponen de un centro abandonado por las fuerzas de la derecha. Unidas Podemos, por su parte, puede repescar en las naciones históricas donde su apuesta de negociación territorial funcionó en las elecciones de 2015 y 2016 (País Vasco, Cataluña, y Galicia), e incluso integrar las demandas de autonomía de los anti-capitalistas andaluces y comprobar si tenían razón. Los dos partidos desconfiarán entre sí, esto es inevitable, pero deberán aprender a repartirse los roles y los segmentos de voto. Solamente de esta manera podrán ambos disfrutar de los posibles frutos que otorgue gobernar. 


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