Las demandas de los pueblos indígenas: el caso de Chile

Las voces de los pueblos indígenas se han sentido con fuerza en las últimas décadas, dando cuenta de las limitaciones que los estados-nación tienen en la actualidad para dar cabida a la diversidad de demandas, que no sólo se acotan al ámbito cultural, sino también al social, político y económico. Los pueblos indígenas son actores políticos que buscan no sólo abrir nuevos espacios de reflexión y discusión intercultural, sino también generar cambios estructurales en las reglas que rigen la convivencia en las sociedades actuales. Ello, por supuesto, genera tensiones en la institucionalidad vigente, que ha tenido la oportunidad de consolidarse a través de siglos de implementación desde una sola mirada: la occidental. Y es que las alternativas que ofrecen los pueblos indígenas son de otra naturaleza: nacen de una epistemología diferente, provienen de marcos analíticos invisibilizados históricamente, pero que a la vez se han visto influidos por el despojo territorial y la falta de reconocimientos apropiados.

En el caso latinoamericano, los pueblos indígenas constituyen alrededor del 8% de la población, pero representan el 14% de los pobres y más del 17% de todos los habitantes de la región que subsisten con menos de 2,50 dólares al día (Banco Mundial, 2015). De acuerdo con el último informe del Banco Mundial sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, América Latina presenta los peores resultados en los principales indicadores asociados a los pueblos indígenas, tales como mortalidad infantil, acceso al agua, salud, alfabetización, empleo, entre otros. Asimismo, diferentes estudios demuestran que el aislamiento de los pueblos indígenas de los procesos de formación estatal, junto con decisiones políticas que afectan su desarrollo, han incidido en la pérdida de tierras, el quiebre de economías comunitarias y la pérdida de derechos y representatividad, lo que ha incidido en la pobreza que caracteriza a estos pueblos en la actualidad.

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El caso de los pueblos indígenas en Chile no es distinto. La encuesta Casen 2015 da cuenta de las brechas que persisten entre las poblaciones indígena y no indígena en ámbitos como acceso a educación superior, el uso y conocimiento de la lengua y la pobreza. Cabe señalar que en la Casen 2017, la región de La Araucanía presentaba la tasa de pobreza más elevada, alcanzando 17,2% y duplicando la tasa nacional. Sin embargo, resulta necesario ampliar el foco de análisis para comprender la verdadera naturaleza de las demandas de estos pueblos.

El pueblo mapuche, en particular, se ha convertido en un referente de lucha y resistencia, donde el sustento de su supervivencia se ha visto amenazado por políticas que buscan modificar la relación de este pueblo con sus territorios, sus autoridades ancestrales, su lengua o sus modelos educativos, entre otros. La imposición de una forma de vida occidental, sustentada en el modelo de Estado-nación chileno, ha limitado de manera importante la comprensión de la realidad que atraviesa un pueblo que mira el mundo con otros ojos, que sustenta su riqueza y su supervivencia en otros elementos; para quienes la tierra no es un factor productivo, sino un sustento de su cultura, de su existencia, de su futuro. Y por eso la tenencia de la tierra seguirá siendo un foco importante del problema.

Una revisión de las principales políticas implementadas en Chile desde el retorno a la democracia en 1990 evidencia que la tenencia de la tierra ha sido un foco sustantivo de atención del Estado, en su búsqueda por aumentar sus niveles de productividad, forzados por un modelo económico basado en la extracción de productos naturales cuyos asentamientos se encuentra principalmente en territorio mapuche o en tierras que están siendo reivindicadas por ellos.

Es aquí donde se pueden evidenciar las limitantes de nuestro diseño institucional, pero también epistemológico, para comprender que no se trata sólo de una demanda por control y uso de la tierra, sino más bien de una propuesta política que requiere avanzar hacia mayores niveles de autonomía, libre determinación y reconocimiento de la plurinacionalidad que caracteriza al Estado chileno en la actualidad. Para los pueblos indígenas, la tierra no constituye un concepto suficiente para dar cuenta de sus cosmovisiones. El de territorio indígena es un concepto más amplio, definido por los usos y ocupaciones que realiza un pueblo. Es así como, desde la perspectiva occidental, el derecho a la tierra se reduce a la superficie geográfica de un determinado espacio, pero no comprende el resto de la naturaleza que lo circunda. Por el contrario, para los pueblos indígenas, el territorio es un concepto mucho más complejo, que incluye suelo, subsuelo, todo el hábitat, lo que también comprende flora y fauna, así como las fuerzas materiales e inmateriales que se encuentran en él (‘Pueblos indígenas, identidad y territorio -Sin territorio no hay identidad como Pueblo’, por Silvina Ramírez, 2016)1.

Sin embargo, mientras no exista un avance en el reconocimiento de derechos importantes, las políticas públicas seguirán siendo formuladas desde visiones sesgadas. En Chile no existe reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, ya sea como sujetos colectivos pre-existentes a la República o como sujetos colectivos titulares de derechos especiales, lo que limita enormemente la capacidad de las instituciones para buscar alternativas distintas a las ya implementadas.

En contextos de restricción y de limitación en el reconocimiento de derechos importantes para los pueblos indígenas, las soluciones han sido formuladas en la misma línea. En el caso chileno, sólo se reconoce la existencia de una nación, pero es necesario considerar que en este territorio habitan diferentes pueblos en quienes también recae la soberanía y que se ven afectados por decisiones tomadas desde una sola posición.

La participación efectiva en los niveles de decisión política resulta sustantiva para aportar nuevos elementos que contribuyan a enriquecer el debate y la búsqueda de nuevas soluciones. Es necesario considerar la innovación no sólo como un factor vinculado a la economía, sino también en los métodos de discusión intercultural, en la diversificación de alternativas para avanzar hacia sociedades realmente inclusivas y en la visualización de nuevas estrategias de implementación de políticas.

Sin embargo, esto debe ir acompañado de nuevas competencias que contribuyan a la apertura de quienes controlan los espacios políticos, económicos o de convivencia social para avanzar hacia modelos de gobernanza efectiva. Mientras los pueblos indígenas sigan viéndose como culturas pre-modernas, atrasadas o que no contribuyen al desarrollo de sus estados, no existirá espacio para la interculturalidad. La legitimidad constituye una dimensión sustantiva en las relaciones entre los pueblos indígenas; y, por lo tanto, será esta legitimidad, en su más amplia concepción, la que debe servir de eje articulador del diálogo entre el Estado y estos pueblos. Esa legitimidad requiere del reconocimiento y valoración de otras culturas y de sus propuestas políticas, y de la voluntad de poner en la agenda de discusión ámbitos poco explorados de convivencia, no sólo en cuanto a estructuras políticas, sino también de los diseños administrativos y de gobernanza.

La experiencia latinoamericana es variada en este aspecto. Varios estados han dado un reconocimiento a estos pueblos en sus constituciones políticas (Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador o Perú) o han ratificado pactos, acuerdos o convenios internacionales. También han establecido espacios territoriales con ciertos grados de autonomía (Panamá, Bolivia, Ecuador o Colombia), o han modificado la institucionalidad política definiendo cuotas parlamentarias o sistemas judiciales específicos (Ecuador o Colombia); o han ajustado la institucionalidad administrativa, creando organizaciones con responsabilidades para formular y/o implementar políticas públicas (a nivel ministerial o de agencias y/o servicios públicos); o se han articulado redes de cooperación entre organizaciones diversas (tanto dentro como fuera de la Administración pública); o se ha propiciado la inclusión de directivos indígenas con el objeto de promover una mayor representación de sus intereses, entre otras estrategias.

Resulta urgente que Chile comience a avanzar hacia un reconocimiento de derechos efectivos. No sólo porque es una demanda legítima de los pueblos indígenas, sino porque es un imperativo de las sociedades actuales, donde la marginación o la subalternidad ya no son opciones viables ni legítimas en la relación con los pueblos indígenas. El pueblo mapuche, en particular, ha celebrado una serie de ‘futa trawün’ (reuniones), han asistido al Congreso Nacional a plantear alternativas de convivencia… habrá que ver si el Estado tiene la capacidad de reconocer sus limitaciones y estar a la altura de los nuevos tiempos.

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