Las remesas, el desarrollo y la democracia

El 16 de junio se celebra el Día Internacional de las Remesas Familiares. Probablemente hayan pasado innumerables veces delante de alguna de esas oficinas que publicitan el envío de dinero a otros países. Son los llamados operadores de transferencia de dinero (MTO, por sus siglas en inglés), adonde acuden emigrantes para enviar recursos a sus familias.

Se trata de remesas familiares, que para muchos hogares y países en vías de desarrollo suponen una entrada enorme de dinero. Por dar algunos ejemplos, según datos recientes del Banco Mundial esos flujos de dinero representan el alrededor del 30% de la riqueza de Tajikstan, el 20% de la de El Salvador o el 10% de la de Senegal. Y éstos son sólo los flujos contabilizados de manera formal. Se estima que al menos la mitad de las remesas se envían por canales informales y, por tanto, no están contabilizadas. Esta cifra es muy superior a otros flujos internacionales de capital y, en particular, a los recursos que moviliza la Ayuda Oficial al Desarrollo.

Además, las remesas se caracterizan por ser envíos entre personas, esto es, ajenos en gran parte a la mediación por parte de estados receptores con frecuencia corruptos. Los economistas han estudiado a fondo las consecuencias de estos flujos en términos de desarrollo económico. Muchos estudios en diferentes contextos nacionales han mostrado que las remesas que los emigrantes envían a sus familias les ayudan a reducir sus niveles de pobreza y les permiten acceder a servicios públicos y sociales (educación, vivienda, sanidad, auto-empleo) antes fuera de su alcance.

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Investigaciones recientes van más allá del estudio de las consecuencias económicas de estos flujos y apuntan a que el dinero que los emigrantes envían a sus familias puede tener consecuencias políticas de gran alcance. Por ejemplo, en muchas dictaduras y en democracias en proceso de consolidación la compraventa de votos forma parte de la vida cotidiana. Cuando las familias reciben remesas, pueden escapar de estas redes clientelares, debilitando las maquinarias electorales partidistas. La transición a la democracia en México en 2000 se ha relacionado en parte con la emigración y las remesas asociadas a ella, que ha debilitado la capacidad, por parte de partidos clientelares, de movilizar a un electorado ya no tan pobre.

Estudios recientes han mostrado que las remesas permiten la movilización social en contra de dictadores en dictaduras africanas. Además, con frecuencia, los emigrantes se organizan en destino y envían dinero colectivamente a sus comunidades de origen a fin de financiar obra pública local. En esos casos, los migrantes en destino y sus familias en origen se convierten en los primeros interesados en dar un uso correcto a los recursos que envían, convirtiéndose en un factor de control de la corrupción a nivel local. Quizás consciente de estos canales de transmisión, el presidente Obama anunció en 2009 el fin de las restricciones al envío de remesas familiares a Cuba, así como a los viajes de las familias entre el país caribeño y Estados Unidos. Es desafortunado que tales restricciones se hayan reavivado durante el mandato de Donald Trump.

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Y es que los recursos monetarios, que elevan la renta de las familias y les permiten dedicar recursos a la movilización y la participación política, son sólo una vía por la que la emigración puede afectar la vida política en origen. Las llamadas remesas sociales, término acuñado por la socióloga Peggy Levitt, nos habla de la transmisión de valores, ideas y normas entre los emigrantes, sus familias y amigos que se quedan en casa. Comunicarse con la familia, algo que los migrantes hacen con mucha frecuencia, afecta a las actitudes y comportamientos políticos de los que se han quedado atrás. Por ejemplo, en América Latina, la comunicación frecuente entre los que se van y los que se quedan hace a estos últimos más críticos con el funcionamiento de sus democracias y más proclives a implicarse políticamente en sus comunidades. Así, aunque se considere que hay una cierta selección política entre quienes se van, siendo los más críticos con el sistema los que suelen hacerlo, tanto el envío de dinero como de ideas ayuda a atenuar esta fuga de cerebros políticos, haciendo de la emigración un potencial motor de cambio.

Por supuesto, hay matices al hallazgo de que los emigrantes son un factor de cambio político democrático sin ambigüedad. Eventualmente, qué valores se transmiten depende de la gobernanza en destino y de la inserción (o no) de los emigrantes en esos países. Ésta es una razón de más para que sea en interés de todos que quienes llegan se inserten con rapidez, y de pleno derecho, en esas sociedades. Sus experiencias en países mejor gobernados se transmiten, con consecuencias, a sus familiares y a sus comunidades.

Ser conscientes de que quienes emigran y se incorporan plenamente a las sociedades de destino pueden ser, gracias a su trabajo, sus recursos y a su propia experiencia un factor de mejora de la calidad de vida y de gobierno en los países de origen debería estar muy presente en el diseño de cualquier política migratoria que se tome en serio eso de lo que tanto oímos hablar: actuar en origen. Igualmente, como recientemente señalaba Naciones Unidas, la actual emergencia sanitaria está golpeando duramente la capacidad de los emigrantes de continuar realizando envíos de remesas a sus familias. La pandemia debe servir para acelerar la reducción de costes y digitalizar los envíos, a fin de que este salvavidas continúe siéndolo; muy especialmente en las actuales circunstancias.

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