Liturgias, acuerdos y arquitectura constituyente en Chile

En la madrugada del viernes 15 de noviembre pasado, después de intensas negociaciones, se formalizó el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, arreglo que reunió a representantes de los partidos políticos desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), por la derecha, hasta el Frente Amplio (FA), por la izquierda, buscando una salida institucional de la polarización y la crisis social acaecida en Chile.

Dicho acuerdo contempla una hoja de ruta que se iniciará en abril de 2020, con el plebiscito de entrada, mediante el cual los ciudadanos decidirán a) si quieren una nueva Constitución, y b) cuál debiera ser el órgano encargado de su redacción. En caso de ganar el en el primer asunto, el proceso continuaría con la elección de los integrantes del órgano constituyente en noviembre de 2020. El plebiscito de salida para ratificar el texto de la nueva Constitución puede realizarse según este esquema desde enero de 2022. En lo inmediato, la Comisión Técnica Asesora deberá elaborar el proyecto de Ley que, refrendado por el Congreso Nacional, permitirá definir los procedimientos para el cambio constitucional y la organización del Constituyente en sus dos modalidades propuestas: Convención Mixta o Convención Constitucional.

El sábado 23 de noviembre, el Frente Amplio, la Democracia Cristiana y Convergencia Progresista (PS-PPD y PR) entregaron a Chile Vamos (oficialismo) propuestas por separado que debieran ser incorporadas al trabajo de la Comisión Técnica. En las propuestas de la oposición hay coincidencias en propósitos como los escaños reservados a pueblos originarios, paridad de género, participación de independientes; pero existen discrepancias en los mecanismos. Por ejemplo, sobre el número de integrantes del Constituyente, el porcentaje de escaños reservados para los pueblos originarios, los procedimientos para elegir independientes y las formas de establecer la paridad.

Actualmente, existe la querencia predominante en la oposición de evitar reproducir de forma mecánica la composición partidaria del Congreso en el Constituyente, generando así las condiciones para que éste último represente la diversidad de la sociedad chilena. Parece razonable suponer que un proceso legítimo no debiera heredar la desconfianza de los ciudadanos sobre los partidos políticos.

Del mismo modo, se debiera evitar que las lógicas de bloqueo predominen sobre la capacidad de generar propuestas ganadoras. En este sentido, no parece evidente que el criterio de dos tercios para los acuerdos del Constituyente sea una norma eficaz en el actual contexto, sobre todo ante la perspectiva de que en el plebiscito de entrada gane la opción Convención Constitucional integrada por personas elegidas ad-hoc (incluyendo independientes y pueblos originarios).

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Por cierto, los grandes números son necesarios para establecer una Constitución que represente al conjunto de la sociedad y sea expresión de una mayoría robusta. Es cierto que existen ejemplos de procesos en los que los 2/3 han dado buenos resultados; pero incluso la Constitución de Pinochet, dotada de múltiples mecanismos para preservar el statu quo, distingue en su artículo 127 las materias de reforma constitucional que requieren de 2/3 o de tres quintos. ¿Qué sentido tiene entonces adoptar un umbral de aprobación de propuestas idéntico al más exigente contemplado en la Constitución de 1980? A este respecto, la respuesta inmediata parece ser: fue el único trato posible entre los presidentes de partido la madrugada del 15 de noviembre.

Un propósito principal de los partidos, en contextos de alta fragmentación y polarización, debiera ser transformar al Constituyente en un espacio de propuestas ganadoras más que un espacio de bloqueos. No basta con la declaración de página en blanco si no se generan condiciones que permitan dejar atrás, después de casi cuatro décadas, la institucionalidad de la Dictadura de Pinochet.

El espacio del Congreso Nacional que discutirá en pocos meses el proyecto elaborado por la Comisión Técnica Asesora se encuentra integrado por cinco bloques políticos; Chile Vamos, PDC, Convergencia Progresista, Frente Amplio, Unidad para el Cambio e Independientes Sin Bloque. Se debe recordar que los partidos que integran Chile Vamos y Convergencia Progresista, además del PDC, fueron los partidos tradicionales que lideraron la transición desde el régimen autoritario de Pinochet.

De izquierda a derecha de la Tabla 1 se consignan los partidos que forman parte de cada bloque; la ubicación ideológica de cada uno (escala de 0 a 10, siendo el 0 la más a la izquierda y 10 la más a la derecha), y los porcentajes de escaños de diputados y senadores, respectivamente.

Para la tramitación del proyecto que definirá los procedimientos y la composición del Constituyente, se plantean restricciones que surgen de las correlaciones actuales. En el Gráfico 1 se puede observar la composición de ambas cámaras del Congreso Nacional chileno con patrones similares en ubicación ideológica y porcentaje de escaños. En ambos casos, Chile Vamos (A) es la primera fuerza política y Convergencia Progresista (C), la segunda, mientras la tercera varía dependiendo la Cámara: Frente Amplio (D) en diputados y el PDC (B) en el Senado.

Para ambos casos, existe una coalición ganadora integrada por Chile Vamos y Convergencia Progresista (A+C), con la que se alcanzarían los 2/3. Asimismo, tienen capacidad de bloqueo Chile Vamos (A) por sí solo y la coalición Convergencia Progresista y Frente Amplio (C+D) porque suman 1/3 en la Cámara de Diputados. Por su parte, Convergencia Progresista (C) puede bloquear en solitario en el Senado.

En las correlaciones de ambas cámaras se aprecia la relevancia, por su función como pivote, que puede tener Convergencia Progresista (C) en el proceso legislativo, posibilitando acuerdos con Chile Vamos (A) para los 2/3 o para vetar en ambas cámaras.

Si se observa la Tabla 2, advertimos a primera vista que, para la tramitación legislativa del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, existe una coalición (A+C) que garantiza los 2/3 en ambas cámaras. Por otra parte, existen dos fórmulas posibles en cada una de ellas para alcanzar 1/3 y bloquear las propuestas. De las cuatro posibilidades de veto, tres corresponden a decisiones unilaterales de bloques parlamentarios (en rojo): Chile Vamos, con un 46,5% de los escaños en la Cámara de Diputados y un 44,2% en el Senado pueden hacerlo unilateralmente; así como Convergencia Progresista, con un 34,9%, puede enervar y bloquear las propuestas del oficialismo en el Senado.

El tiempo y el avance del proceso dirá si el umbral de los 2/3 resulta eficaz, con la actual composición del Congreso Nacional, para legislar en dos o tres meses sobre la composición y los procedimientos de la Constituyente. Será un incentivo para la formación de super-mayorías si Convergencia Progresista y sectores del Frente Amplio (especialmente, RD) llegan a la convicción de que el avance de un proceso constituyente semi-controlado los llevará al Gobierno en dos años.

Pero también puede transformarse en un incentivo para la proliferación de bloqueos si los actores superfluos (los que no alcanzan ni los 2/3 ni un tercio) llegan a la conclusión de que la mejor manera de ganar poder es derrotar completamente al Gobierno de Sebastián Piñera o desactivar el predominio legislativo de los partidos de la transición. Esta posibilidad de capitalizar la crisis y el desgaste del presidente supone fortalecer el diálogo con las organizaciones sociales en un contexto de desarticulación entre la oferta y la demanda políticas.

En un contexto en el que el Ejecutivo parece aturdido y debilitado por la intensidad de la crisis, los partidos políticos chilenos, proclives a la inercia y parte principal del problema, tienen una oportunidad de convertirse en un factor fundamental de la solución: pueden encontrar la llave para rediseñar un nuevo pacto político que haga posible reconstruir el pacto social. Aunque parezca sorprendente en el proceso constituyente, la primera jugada la tienen los viejos partidos de la transición chilena.

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