Los datos, el ‘petróleo’ del siglo XXI

Hemos estado inmersos en una vorágine de campañas electorales en el Estado español y en Europa en las que oímos multitud de mensajes con decenas de propuestas políticas diferentes. Sorprende, eso sí, la falta de debates sobre grandes temas que, más temprano que tarde, afectarán nuestras decisiones, valores, prioridades, etc. Por ejemplo, sobre el uso que se hace de los datos que generamos cada uno de nosotros y qué se podría hacer con ellos si recuperáramos nuestra soberanía. Cuestiones que debieran discutirse desde la sociedad.

En estas últimas semanas de debates informales sobre política con colegas y amigos entre cañas y cafés, ha surgido varias veces la reflexión de cómo es posible que en el debate público el uso y la privacidad de los datos que generamos en nuestro día a día desde nuestros smartphones u ordenadores no sea un tema central de la vida política diaria. Sólo hace falta mencionarle a alguien la serie distópica Black Mirror para entender que la colonización de nuestra vida por parte de la tecnología, y por un reducidísimo número de empresas, es una cuestión que genera muchas dudas, incomodidades y resignación.

En el documental ‘Free money: the case for basic income’ se detallan los debates alrededor de la posibilidad de instaurar una renta básica universal en la que toda la ciudadanía reciba anualmente una cantidad determinada de dinero por parte del Estado. El documental plantea muchas preguntas y reflexiones, y utiliza el caso de Alaska como uno de los ejemplos en los que se ha implementado esta fórmula.

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En 1976, en este Estado de EE.UU. se constituyó el ‘Alaska Permanent Fund’, un fondo estatal creado tras el inicio del flujo de petróleo proveniente de la región conocida como North Slope. Con él, se buscaba recolectar un 25% de los ingresos generados por ese crudo con el objetivo de repartir los beneficios o dividendos entre toda la población residente. De esta forma, desde 1982 se ha pagado a cada ciudadano una cantidad variable que ha oscilado entre mínimos de 331,29 dólares a máximos de 2.072 dólares en 2015 (en 2017, se pagaron unos 1.600).

La idea tras la política que se implementó en Alaska es simple, pero no por ello estúpida. En Alaska se extrae un recurso natural finito ‘propiedad’ de todas y cada una de las personas residentes en ese Estado. ¿Por qué se pueden beneficiar de su extracción y uso sólo un cierto número de empresas privadas y/o el Gobierno? ¿Por qué no se puede beneficiar toda la ciudadanía?

Traslademos ahora esta misma idea a la extracción y gestión de nuestros datos y analicemos quién se beneficia de ello. ¿Deben ser sólo las empresas las que saquen provecho de la nueva economía de datos?

A día de hoy, estamos entrando en una nueva etapa de la historia en la que la evolución de nuestros sistemas económicos, políticos, sociales y culturales va a estar impregnada de la información que se desprenda de nuestros datos. Es decir, el uso que se haga de ellos y cómo va a revertir en la carrera de la inteligencia artificial, va a moldear nuestros patrones de consumo, voto, preferencias, acceso a determinadas posiciones, nuestras rutas de viaje, hábitos alimentarios, etcétera.

La extracción y explotación de la información que nuestros datos generan es una ‘mina de oro’ en la que sólo un reducido grupo de actores tienen permisos para excavar. Es necesario, por lo tanto, que empecemos a hablar sobre posibles propuestas en relación a los impuestos en forma de regalías, witholding taxes, etc. que deberían pagar a sus propietarios por su extracción y uso, teniendo en cuenta los enormes beneficios que generan. Igual que entendemos que la extracción de petróleo o el depositar nuestros ahorros en un banco debe revertir en un beneficio para sus propietarios, ¿por qué no nos planteamos lo mismo sobre la información que generamos y que un grupo reducido de empresas compila, almacena, gestiona, procesa y usa?

Si siguiéramos la analogía que nos ofrece el ejemplo de Alaska, estaríamos proponiendo ‘monetizar’ los datos que algunas grandes empresas compilan sobre cada persona, ver el beneficio que se genera con su uso y obligarlas a depositar un porcentaje del mismo en un fondo público. Es decir, si una red social como Facebook generó por publicidad durante el último trimestre de 2018 un beneficio de 11 dólares por usuario en Europa, donde la mitad de la población utiliza la red social, los cálculos nos dicen que la empresa genera casi 3.000 millones de dólares (256 millones por 11 dólares) sólo en la UE-28.

En el caso de España, donde el 52% de la población usa la red social, estaríamos hablando de más de 250 millones de dólares. Si a esta cantidad le aplicáramos una retención conservadora del 25% –como se hizo en Alaska–, habríamos recaudado unos 62,5 millones en 2018 sólo de una sola red social. Si incluyéramos otras empresas, esta cifra podría fácilmente triplicarse.

A pesar de que las cantidades, vistas a escala macro, pueden parecer pequeñas –para verlo en perspectiva, las podríamos comparar con la Ayuda Oficial al Desarrollo por ejemplo–, recordemos que estos beneficios los generamos cada uno de nosotros en nuestro día a día, y estamos haciendo un cálculo hipotético bajo, con una retención del 25%. No sería descabellado aplicar una más alta.

Podríamos, además, pensar qué hacer con el dinero que se recaudaría. Evidentemente, se trata de cantidades pequeñas para poder revertir en una asignación individual, sobre todo si el porcentaje que debieran pagar es pequeño. Vistas en su conjunto, no es descabellado plantear que se pudieran asignar a fondos públicos soberanos (para educación pública, pensiones, etc.) o incluso a un fondo global para financiar la lucha contra el cambio climático o financiar el desarrollo.

Sin embargo, si visualizamos este debate a partir de la recaudación, perdemos la perspectiva más global de lo que está en juego. Nos referimos al mayor control del mercado jamás creado y con posibilidades infinitas de crecimiento. Tantas como posibilidades tiene la mente humana. Los beneficios van más allá de los puramente económicos y se amplían a otros sectores, tal y como demuestran las actuales controversias alrededor del 5G y China-EE.UU.. El poder de mercado de estas empresas. que gozan de cuasi monopolios, les permiten ejercer una influencia desmedida en la toma de decisiones. Como diría la académica británica Susan Strange, estas empresas gozan de poder estructural para establecer las reglas del juego. Y de aquí la dificultad de implementar medidas como la propuesta, ya que raramente fijarán reglas contra sus propios intereses.

Es curioso cómo, a lo largo de la historia, el desarrollo del capitalismo ha permitido la acumulación de poder en ciertas empresas (petroleras, bancos, etc.), y cómo ha sido casi imposible poner coto a su campo de acción vía impuestos o regulaciones más estrictas. Ahora es el momento de las tecnológicas.

Como afirma Mariana Mazzucato en su último libro, los modelos de negocio de empresas como Facebook o Google se construyen a partir de la comodificación de nuestros datos personales. Es decir, nuestras pasiones, ideas, sentimientos, amistades, intereses, etc. se convierten en productos a la venta para el mejor postor, sea una aseguradora, un partido político o una empresa de trabajo. Ver estas empresas como proveedores de servicios gratuitos a los usuarios –nosotros– es erróneo. Por el contrario, somos nosotros quienes proveemos a estas empresas con nuestros servicios. Y gratis. Evidentemente, damos nuestro consentimiento y existen varias alternativas, pero ¿por qué renunciar a recuperar el control de nuestros datos? ¿Por qué no plantear un debate abierto sobre qué propuestas existen para ello? ¿Por qué no utilizar parte del beneficio que se desprende de nuestros datos para financiar bienes públicos globales, servicios básicos, etcétera?

Estas preguntas, en apariencia tan sencillas, chocan con una realidad que conforma un reducido número de empresas, que moldean nuestra vida diaria sin oposición bajo el argumento irrefutable de la modernidad y la importancia del internet de las cosas para el avance tecnológico y el crecimiento de la economía y bienestar de las sociedades. Es necesario plantear este debate en el espacio público.

Lo propuesto aquí es solo una de las medidas que se podrían plantear para que los beneficios del mundo virtual no se queden en manos de unos pocos, sino que repercutan en el bienestar de toda la población. Dejémonos de mundos virtuales y trabajemos para hacer más justa nuestra realidad. Abramos el melón del impacto de la tecnología en nuestras vidas y el uso que se hace de nuestros datos.

Autoría

1 Comentario

  1. Fvj
    Fvj 06-07-2019

    Este artículo, bien intencionado probablemente, olvida que hoy por hoy ya existe un debate muy intenso en cuanto a cómo gravar esta riqueza con impuestos (no con aportaciones a fondos soberanos de difícil implementación- no hablamos además ni de un recurso cautivo por localización, ni perjudicial por uso, ni agotable-. Adicionalmente, No puedo en absoluto compartir La idea subyacente de que el Estado se “apropia” vía impuestos los recursos y que por eso es mejor este “fondo” común. Los Estados (al menos los no corruptos) hacen uso colectivo de lo recaudado y existen mecanismos (elecciones, ciclo presupuestario…) para asegurar que es una decisión colectiva. También existe un nivel significativo (aunque imperfecto) de debate supranacional para tratar estos asuntos tributarios que trascienden el nivel de una jurisdicción.

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