Los desafíos postelectorales de la democracia boliviana

Prácticamente un año después de las elecciones anuladas de 2019, las bolivianas y los bolivianos volvimos a acudir a las urnas para definir el destino político del Ejecutivo y el Legislativo nacionales. Aunque la tan anhelada electoral de este domingo pasado llegó, al fin, tras una serie de postergaciones obligadas por el contexto sanitario, hubo dramatismo hasta el final. Un día antes de la votación, el Tribunal Supremo Electoral anunció que, debido a falta de confianza absoluta, cancelaba la transmisión de resultados preliminares y se enfocaría en el procesamiento de la información oficial y vinculante proveniente del sistema de cómputo; priorizaba certeza por encima de velocidad en la información. Sin embargo, las empresas y otras entidades habilitadas para la elaboración y difusión de proyecciones mediante sondeos a pie de urna y/o conteo rápido estaban facultadas a informar a partir de las 20.00 horas, por lo que la ciudadanía estuvo pendiente de los tan anunciados resultados.

Pero la espera fue en vano. La empresa Ciesmori comunicó que sus encuestas de boca de urna no habían logrado cumplir los criterios técnicos establecidos por la normativa, por lo que sus resultados se demorarían antes de poder hacerse públicos. Por su parte, la iniciativa Tu Voto Cuenta señaló que sus resultados también se retrasarían debido al cierre tardío de varias mesas de sufragio. Las estimaciones no oficiales llegaron, finalmente, cerca de la media noche.

La sorpresa fue inmediata. El candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) ganaba en la primera vuelta, pero no como pronosticaban las encuestas publicadas hasta una semana antes de la elección. Luis Arce y David Choquehuanca pasaban el umbral de la mayoría absoluta y obtenían alrededor del 53% de la votación válida, más de 20 puntos por encima de su principal contendiente, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC). Desde la publicación de estos datos, no se hicieron esperar las hipótesis para explicar tanto el resultado como el desatino de las encuestas preelectorales.

En distintos medios de comunicación, los análisis barajaron como explicación que la alta y constante proporción de voto oculto había terminado por favorecer al MAS; o que una sociedad tan diversa y tan dispersa territorialmente como la boliviana limitaba la eficacia de esos sondeos; así como los vacíos respecto al voto en el exterior, especialmente en estos comicios, donde representa algo más del 4% del total, mayor que el de departamentos como Beni y Pando y muy cerca del peso de Oruro, Tarija, y Chuquisaca (de alrededor del 5%).

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Otras explicaciones, menos difundidas y más centradas en aspectos estructurales, atienden la fortaleza partidaria del MAS, en términos de estructura y organización, así como de base militante, a diferencia de sus contrincantes electorales, que se centraron en alianzas, muchas de ellas circunstanciales, o la presencia de partidos pequeños (FPV) e incluso de antaño (como ADN, aunque luego se retiró). También se ha hablado de un sentimiento de seguridad, especialmente económica, que estaría ligado al MAS y a Luis Arce en particular, una suerte de voto retrospectivo derivado de la insistencia en campaña de Arce sobre la estabilidad económica. Finalmente, no se descarta el impacto de la gestión (y su efímera candidatura) de la presidenta interina, Jeanine Áñez, en detrimento de la oposición al MAS y en favor de éste.

Más allá de estas hipótesis explicativas, que no son excluyentes entre sí y que se dirimirá mediante la investigación a partir de los datos completos, la victoria del MAS es virtual y un hecho estadístico mientras el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) continúa el cómputo oficial. Y este panorama dibuja varios desafíos para el Gobierno, así como para la democracia como régimen político. En este análisis se exploran algunos de esos desafíos con el pensamiento en lo urgente y lo necesario, lo inmediato y lo de más largo aliento, lo coyuntural y lo estructural.

Desafíos urgentes, inmediatos, y/o coyunturales

El desafío más urgente e inmediato, en este contexto sanitario y económico mundial, es la aceptación de los resultados electorales, en especial por parte de los perdedores del proceso. Este punto es fundamental para asegurar el inicio de una transición pacífica del poder y para fortalecer la democracia, y ha sido ya en parte atendido. La presidenta interina felicitó a través de Twitter a los candidatos del MAS, y Carlos Mesa otorgó validez a la tendencia y resultado del conteo rápido aunque mantuvo la cautela a la espera del resultado oficial, sobre todo para conocer la conformación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Luis Fernando Camacho, candidato de la alianza Creemos, también opositora al MAS aunque posicionada más hacia la derecha en el espectro ideológico, declaró que esperará los resultados oficiales para pronunciarse oficialmente al respecto.

Estas declaraciones, principalmente las de Añez y Mesa, marcan el inicio de una transferencia de poder pacífica y disipan las dudas sobre la no aceptación de resultados y los rumores de una toma violenta del poder. Si bien queda pendiente, todavía, el pronunciamiento oficial de algunos actores políticos, así como la reacción de la ciudadanía, a la que también debiera exigirse la misma madurez política y democrática, la democracia boliviana gana con las certezas conocidas hasta ahora.

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De la misma forma, pero desde un enfoque más procedimental, queda aún pendiente que el organismo electoral certifique si hay mesas anuladas en las que se debe repetir la votación (como señala la norma) para conocer si la toma de posesión de autoridades será el 14 de noviembre o el 5 de diciembre, según el calendario electoral. Esta exigencia de carácter administrativo obliga a que la autoridad proclame los resultados finales una vez que se hayan computado todas las actas/mesas, incluso si las eventuales repeticiones no tuvieran incidencia sobre esos resultados finales.

En términos de gestión, queda claro que los desafíos urgentes e inmediatos tienen que ver con la lucha contra la pandemia de la Covid-19, en especial ante la preocupación por una segunda ola de contagios masivos, así como la recuperación de la economía. De igual manera, un asunto que será (y así debe ser) prioridad del nuevo Gobierno es la atención a la educación en un contexto de pandemia, que ha desnudado la persistencia de desigualdades e inequidades no sólo respecto del acceso a la educación como tal, sino también sobre las herramientas (dispositivos tecnológicos y conexión a internet) para su desarrollo en este escenario de virtualidad.

Desafíos estructurales

Los desafíos que tendrá el Gobierno de Arce y de Choquehuanca en términos estructurales se dividen entre los que aquejan específicamente al Movimiento Al Socialismo y los que estaban pendientes indistintamente de quién hubiera ganado las elecciones. Respecto de los primeros, uno de los más grandes retos de la siguiente Administración será su capacidad de diferenciación de los anteriores gobernantes del mismo partido. Durante su discurso tras conocerse los resultados del conteo rápido, Arce planteó un proceso de reconciliación y unidad, aceptó los errores pasados y se comprometió a corregirlos mediante la “reconducción del proceso de cambio”. De igual manera, otro punto que puede ser determinante para la estabilidad del Gobierno es la estabilidad interna del partido. Ahí, uno de los elementos que más fracturan su estructura es el rol del ex presidente Evo Morales en la toma de decisiones gubernamentales.

Dentro de los desafíos estructurales que le hubieran tocado a cualquier Gobierno se pueden enumerar una gran cantidad de issues y demandas pendientes, no sólo en los últimos años sino históricamente. Uno de los ‘clivajes’ más fuertes en Bolivia es la escisión territorial, que marca identidades regionales muy fuertes y ha vuelto a activarse, por lo que la demanda por las autonomías va a ser uno de los grandes desafíos, en especial desde una perspectiva fiscal. De igual manera, en esta legislatura concluye la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo, por lo que se debe poner en marcha la elaboración de un documento que no sea para nada discursivo, sino que oriente la gestión estratégica de todas las entidades territoriales. Es decir, se trata de la hoja de ruta para todas las administraciones públicas del país.

Dentro de estos desafíos también se incluye la reconstrucción e institucionalización de una Justicia independiente del poder político. Human Rights Watch ya denunció que el Gobierno anterior había desarrollado una maquinaria institucional y extra-institucional de persecución política a través de la Justicia, y que ésta también había sido utilizada por el Ejecutivo interino de estos últimos meses. Por lo tanto, queda pendiente una reforma judicial verdadera, profunda, apolítica y que mire al futuro.

Finalmente, la próxima gestión deberá desarrollar un nuevo censo nacional de población y vivienda y, con sus resultados, definir no solamente los recursos que reciben las gobernaciones y alcaldías, sino también reasignar la cantidad de escaños parlamentarios que le toca a cada Departamento. Esto último abre la posibilidad de una reforma electoral durante el siguiente periodo.

Conclusiones (el fin y el inicio de las incertidumbres)

Las elecciones generales de 2020, sus resultados y las primeras repercusiones otorgan evidentemente a la democracia boliviana muchas certezas para los próximos años, pero otras incertidumbres se abren o mantienen vigentes y habrá que prestar atención a cómo se resuelven.

Según el ‘Varieties of Democracy Institute’, la democracia en Bolivia ha retrocedido desde mediados de la década de los 90 del siglo pasado, con caídas más pronunciadas desde 2017 que dejaron un saldo en el país similar al que teníamos en los inicios de la transición, a mediados de 1980. Este proceso electoral es crucial para la recuperación democrática; no en términos de qué opción política gane, sino en relación con el respeto de las reglas y el inicio de la reconstrucción de la institucionalidad. Aparentemente, hemos empezado a dar los primeros pasos.

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