Los impuestos y la vida

A estas alturas de la pandemia, la gran mayoría de las personas es consciente de que la contraposición entre economía y salud es falsa. Hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) aconseja garantizar el control de la pandemia para restablecer la confianza económica y poder salir de la crisis.

Ya antes de la Covid-19 era necesario apostar por una economía que pusiera a las personas en el centro, por valorar el cuidado de la vida como una prioridad, por repensar el modelo de crecimiento. Ello obliga a revisar casi todo. Y también los impuestos.

A estas alturas de la pandemia, la gran mayoría de las personas es consciente también de que si España hubiera alcanzado en los últimos años la presión fiscal media europea podrían haberse evitado muchos recortes en Sanidad y Educación y afrontado la situación en mejores condiciones.

Por ello, debemos alegrarnos de que empiecen a ponerse medidas en el camino correcto; como el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal o la aprobación de dos nuevos impuestos sobre Determinados Servicios Digitales y sobre Transacciones Financieras. Cabría más ambición, pero bien está que se avance en la dirección adecuada.

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El proyecto de Ley de Presupuestos incorpora, también tímidamente, algunos avances para conseguir una presión fiscal más acorde con nuestras necesidades de gasto público. Avances todavía escasos cara a un sistema tributario constitucional, es decir, inspirado en los principios de igualdad y progresividad. 

Se debate también la posibilidad de introducir otro tipo de impuestos que contribuyan a la protección del medio ambiente o a una vida más saludable. Desde la perspectiva de una economía enfocada a las personas y a la protección de la vida, hay que aplaudir tales iniciativas.

La teoría económica es clara: muchas actividades humanas conllevan efectos colaterales que afectan no sólo a las personas o empresas directamente involucradas, sino también al conjunto de la sociedad. Estas externalidades, al consumo o la producción, pueden ser positivas o negativas. Las primeras, como la educación o la salud, son beneficiosas para quien las disfruta, pero también para el conjunto de la sociedad. Las segundas, como la contaminación o los malos hábitos, son perjudiciales para quienes están directamente involucrados, pero también para el resto.

El juego del mercado no garantiza el equilibrio eficiente en tales supuestos. Quienes intervienen en el juego de la oferta y la demanda valoran los costes y beneficios que les afectan directamente, pero rara vez, motu proprio, los efectos que causan a terceros. Si dejamos la asignación de tales consumos o producciones al libre juego del mercado, resulta un nivel muy bajo de los bienes con externalidades positivas, y muy alto de los casos con externalidades negativas.

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Por ello, es necesario que el Estado intervenga, de una forma u otra, corrigiendo ese fallo del mercado. Los impuestos son uno de los instrumentos. Al encarecer formas de producir nocivas o determinados consumos, se consigue que se incorporen esos costes indirectos en el nuevo equilibrio. El gravamen incrementa el precio y hace menos atractiva esa opción en favor de otras alternativas más saludables.

Naturalmente, los sectores afectados por los nuevos tributos se alzan en tromba contra cualquier intento de subida de la imposición que soportan. Nos aterrorizan con que arruinarán al sector y que se perderá un gran número de empleos. Ese efecto no viene avalado por la historia. El retroceso en el consumo o en la producción suele ser paulatino y va permitiendo reconvertir procesos y demandas hacia otras alternativas más beneficiosas socialmente. Incluso se crean nuevos empleos para mejorar los sistemas de producción o crear productos más saludables.

Por otro lado, si destruimos empleos destinados a actividades socialmente indeseables y los encaminamos hacia otras más acordes con el bienestar general, tenemos un beneficio, no un perjuicio. Argumentar en contra equivale a defender que no se persigan el tráfico de armas, de drogas o de personas porque tienen un considerable número de empleados trabajando en ello.

Se argumenta que un impuesto sobre la comida basura o las bebidas azucaradas puede suponer una carga tributaria sobre hogares con bajos ingresos mayor (en términos proporcionales) que los soportados por los más adinerados. Esto puede ser cierto. Por ejemplo, los impuestos sobre el tabaco son notoriamente regresivos; pero ello no es razón para desecharlos. Precisamente, las personas con más bajos niveles educativos y menores ingresos suelen presentar perfiles más negativos de salud. Al mismo tiempo, son las más sensibles al precio. Por ello, en sectores donde llega menos una acción educativa y de sensibilización, el impuesto aparece como un buen instrumento para estimular un cambio de costumbres.

Más sorprendente es leer que “querer elevar el tipo de gravamen del IVA a unos determinados alimentos en atención a un criterio de salud .. no se ajusta a los principios constitucionales del artículo 31.1 de la Constitución Española, ya que la incidencia del alimento en la salud poco o nada tiene que ver con la capacidad económica”.

El Tribunal Constitucional ha permitido reiteradamente la extrafiscalidad de los tributos ”que persigan, bien disuadir o desincentivar actividades que se consideren nocivas, bien, en sentido positivo, estimular actuaciones protectoras de determinada finalidad” (sentencia 53/2014, de 10 de abril, por ejemplo).

Precisamente, de estos tributos se dice que tienen una triple ventaja: aportan recaudación, mejoran la eficiencia de los mercados y corrigen comportamientos negativos para la salud, para la vida, para el bienestar colectivo.

Es probable que la definición del hecho imponible no siempre sea fácil. Pero ahí debe radicar el debate, no en la conveniencia de implantar tales impuestos.

En favor de la vida, más impuestos para la comida y la bebida basura, para los plásticos de un solo uso, para las emisiones contaminantes, etcétera es muy buena idea.

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