Los límites de la política

Sin duda, una de las interpretaciones dominantes de la crisis económica ha sido la que apunta hacia la colonización de la política por la economía y el consiguiente secuestro de la democracia por una tecnocracia más interesada en mantener los privilegios de las clases acomodadas que en trabajar en beneficio del interés general. De ahí el éxito que experimenta el clásico argumento populista según el cual el poder ha de ser recuperado para el pueblo y ejercido en su favor. Es premisa subyacente de esta promesa que la política, entendida como actividad colectiva concertada que tiene su mayor exponente en el ejercicio del poder por parte del Estado, habría evitado la crisis o procurado una más fácil salida de la misma si hubiese podido actuar libremente. Dicho de otro modo, si la política no puede, es porque no la dejan; y pasaría a poder en caso de que la dejaran desenvolverse rectamente.

Es una idea que venimos oyendo de manera reiterada en estos tiempos de crisis económica y contestación social, en la que son muchos los ciudadanos que se rebelan frente a las reformas planteadas por sus gobiernos. Ahí está el caso de Francia, donde una reforma laboral de corte similar a la española ha provocado huelgas y movilizaciones sin interrupción durante las últimas semanas. Si el argumento de los gobernantes, entre ellos la Syriza que llegó al poder dispuesta a desafiar los dictados de la troika, es que no hay alternativa a las medidas encaminadas a controlar el déficit y flexibilizar los mercados de trabajo, son muchos los ciudadanos y no pocos los partidos que niegan la mayor y, como dijo la dirigente de Podemos Carolina Bescansa en el curso de un debate televisivo reciente, apelan a la «voluntad política». Ésta sería capaz de imponer criterios políticos allí donde parecería que sólo son hacederas soluciones técnicas. Juan Torres, asesor económico de este mismo partido hasta hace unos meses, lo expresa así:

«Ningún problema económico tiene solución ‘técnica’. Todos tienen soluciones políticas, entendiendo por política toda aquella decisión que no depende de un criterio objetivo sino de una preferencia del tipo que sea».

Siendo cierto, no es el del todo cierto. Porque también hay problemas sin solución, así como problemas que no pueden solucionarse, total o parcialmente, sin haber descartado previamente un buen número de preferencias para los que la realidad no tiene acomodo. Y aún hay no pocos problemas cuyo abordaje requiere de la aceptación de un conjunto nada desdeñable de límites técnicos. Pensemos en el objetivo de proporcionar un empleo a todos los españoles, retribuido idénticamente con independencia de la función que cumpla cada trabajador; o en la hipotética abolición del dinero. Eso no quiere decir que las decisiones económicas no impliquen preferencias de valor; por supuesto. Pero si la política no se viera sometida de facto a estas limitaciones, la economía habría de funcionar a las mil maravillas en aquellas sociedades donde sobra ‘voluntad política’ para desarrollar un modelo alternativo.

¿No estamos, pues, sobrevalorando las capacidades de la política, a la que atribuimos una capacidad para la ordenación de la vida social que excede con mucho sus verdaderas posibilidades? ¿De dónde viene la idea de que la política, entendida como toma de decisiones colectivas, es omnipotente o necesariamente eficaz como tal? ¿Y si la política estuviera aquejada de una cierta impotencia constitutiva, si no pudiera tanto como queremos pensar, aún cuando no deje de disfrutar de una notable capacidad para influir sobre la realidad social?

Se sobreentiende que nos referimos a los límites de la acción política, entendiendo por límite no tanto una restricción de aquello sobre lo que la política puede decidir (porque, potencialmente, puede decidir sobre todo aquello que quiera someter a su campo decisorio), sino más bien una restricción de aquello sobre lo que puede decidir eficazmente (o sea, con una eficacia razonable), lo que resultaría en una autolimitación de aquello sobre lo que debe decidir. Naturalmente, todo aquello sobre lo que la política pueda decidir eficazmente dará lugar a mejores o peores resultados según cuál sea, a su vez, el acierto de las decisiones adoptadas.

Es importante hacer aquí una precisión. Y es que no nos preocupamos únicamente por la dimensión democrática o participativa de la política, entendiendo así los medios como un fin en sí mismo, sino también por sus resultados. Porque, si no fuera así, podríamos someterlo todo a la deliberación formal democrática, con independencia de los rendimientos socioeconómicos resultantes. Sin embargo, no es así. Nos preocupan los resultados tanto, al menos, como los principios. Igual que no estamos dispuestos a sacrificar por completo estos últimos en nombre de la eficacia, tampoco queremos desentendernos de los resultados para ser fieles a nuestros principios.

En realidad, la política no es omnipotente. Más al contrario, padece dos clases distintas de impotencia: (i) una impotencia constitutiva, causada por aquellos límites originarios que sufre la actividad política por sí misma; y (ii) una impotencia sobrevenida, debida al conjunto de circunstancias adicionales, de carácter histórico, que agravan aquella primera impotencia.

Las razones que explican la impotencia constitutiva de la política recorren la historia del pensamiento político y son bien conocidas. Entre ellas están el hecho de la pluralidad humana, que implica divergencias de valores y fines entre individuos o grupos; la escasez relativa de bienes, que impide satisfacer todos esos fines y realizar todos esos valores simultáneamente, aún en el supuesto de que esa presunta ‘satisfacción’ fuera posible o duradera; la subsiguiente imposibilidad del consenso absoluto entre seres humanos, o la radical volatilidad del mismo, así como la insuficiencia de aquellos acuerdos que pudieran alcanzarse; la peligrosidad de unos hombres para con otros, ya se entienda ésta en sentido fuerte o en uno más débil que admita, cuando menos, la tendencia de los seres humanos a abusar de su poder.

Pensemos, por ejemplo, en la persecución de la plena igualdad de oportunidades, el control político del lenguaje en la persona de los hablantes o la felicidad colectiva. En todos estos casos, la acción política podrá orientarse hacia esos fines, que a su vez será capaz de realizar en alguna medida variable; pero ninguno de ellos es susceptible de una completa y duradera consecución. Eso significa que la política, en cualquiera de sus versiones, autoritaria o democrática, estará limitada por razones que atañen a su ambigua relación con la realidad social. Y esa limitación será tanto más clara cuanto más complejo sea el orden social sobre el que recaiga esa actividad política.

Probablemente, además, está bien que así sea. Si la política todo lo pudiera, la dictadura perfecta sería posible. Y no pocas catástrofes sociales han sido el resultado de la sobrevaloración de sus capacidades: desde la utopía racial hitleriana al Gran Salto Adelante maoísta. La arrogancia política consistiría entonces en olvidar que querer no es poder.

En suma, la capacidad de la acción política para ordenar los asuntos colectivos no puede desdeñarse ni exagerarse. No obstante, a esas limitaciones constitutivas hay que añadir otras, directamente relacionadas con los problemas que discutimos en España ahora mismo, derivadas del progresivo aumento de la complejidad social, acelerado en los últimos dos siglos. Resulta de ahí la impotencia sobrevenida de la política, que puede resumirse someramente en el proceso de debilitamiento de la soberanía estatal causado por el proceso de globalización, que redistribuye entre múltiples actores un poder antes concentrado en los Estados, no por casualidad titulares de una soberanía concebida teológicamente como poder absoluto e ilimitado, a imagen y semejanza del poder divino que legitimaba inicialmente el poder terrenal de los reyes absolutistas. La desnacionalización correspondiente ha dado paso a sociedades definidas menos por su independencia que por su interdependencia, lo que redunda en una menor capacidad de ordenación directa de las mismas por parte de sus gobiernos.

No se trata, a la vista de estos obstáculos, de renunciar a la política; todo lo contrario, porque ésta es un medio irrenunciable para hacerles frente. Pero sí parece conveniente ajustar nuestra concepción de la política, a fin de no sobrecargarla con tareas que no puede cumplir. Sería así conveniente que los ciudadanos de las democracias desarrolladas llevasen a término un cierto aprendizaje de la decepción, reajustando sus expectativas de tal forma que no se pida a la política ni a los políticos aquello que no pueden proporcionar.

Autoría

1 Comentario

  1. Rafael Durán
    Rafael Durán 06-29-2016

    El profesor Arias nunca defrauda. Tiene acreditada su capacidad expositiva, su densa formación y su profundidad de pensamiento, siempre tan sugerente. Es por ello que apostillo a su reflexión que lo que llama «impotencia constitutiva de la política» no dejan de ser las razones por las que, saltando de Hobbes a Locke, hemos sometido a controles, hemos impuesto límites al ejercicio institucionalizado de la política. Se trata de un acto de voluntad, encaminado, no a reconocer la impotencia del Estado, sino a dificultar su ejercicio arbitrario del poder. En consecuencia, quizás no solo debamos preguntarnos por la «impotencia sobrevenida» de la política (quizás, mejor, de lo político), sino por la medida en que parte de tal impotencia responde a la potencia de quienes, en ámbitos extraparlamentarios, no son sometidos a controles similares. Ciertamente, las injerencias del poder económico en la marcha de la economía pueden ser perniciosas. Ciertamente, el populismo es también un peligro, y da igual que nos refiramos al de derechas o al de izquierdas. Pero quizás convendría tener en cuenta la medida en que el populismo está en auge, de nuevo, justamente por el empoderamiento de la economía (de determinados actores económicos) en detrimento de la política institucional. Me refiero al quebrantamiento del pacto social (de posguerra) con que completamos el contrato social (liberal) y a la medida en que la Gran Recesión, como la Gran Depresión, trae causa, también, del ultraliberalismo. Ciertamente también, venimos asistiendo a una «menor capacidad de ordenación directa de (…) [las sociedades, cada vez más complejas,] por parte de sus gobiernos», pero la respuesta no tiene por qué ser ni menos Estado ni el Estado total. Las ensoñaciones populistas con el Estado-nación concebido como Estado nacional son tan reprobables como extemporáneas, un anacronismo en pleno siglo XXI, pero la crítica al populismo no debería hacernos conformistas. Los ciudadanos de las democracias desarrolladas podemos ‘reajustar nuestras expectativas a la vista de la impotencia de lo político’ o abordar los retos de la globalización, a través de nuestros representantes, sometiendo a pesos y contrapesos también las actividades de actores que, no siendo políticos, tienen capacidad para imponer sus decisiones en el ámbito político-institucional, y hacerlo también en clave supra, alternacional, comunitaria, siempre sin renunciar a la dual condición del liberalismo, que es o ha de ser político y económico a un tiempo.

Dejar un comentario

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.