Los profesores como problema educativo de Andalucía

Existe una delgada línea entre lo ideológico y la regulación del sistema educativo que, sin duda, ha sido traspasada de forma recurrente en nuestro país. Sin menoscabar la buena intención de las sucesivas reformas educativas, lo cierto es que tanta reforma y contrarreforma no han contribuido a mejorar la percepción de la población sobre el sistema educativo. Así se pone de manifiesto en sendos informes publicados por la Varkey Foundation en 2013 y 2018 (elaborados en co-autoría por el que suscribe), en los que la población española otorgaba una baja valoración a nuestro sistema educativo. Lo que es más, en el último de ellos la comparación del estatus relativo de la profesión docente en relación a otras 14 profesiones situó a España en el puesto 26º de 35 países, lo que resulta especialmente problemático si se tiene en cuenta que ese índice de estatus muestra una correlación significativa con el rendimiento educativo medio del alumnado.

Además, existe un denso corpus de evidencia científica que corrobora lo que, con mucho acierto, se afirmó en el informe McKinsey (2007, página 4): «La calidad de un sistema educativo no puede superar la calidad de su profesorado». Y es precisamente en ese mismo informe donde se pone de manifiesto que el éxito de sistemas educativos como el de Corea del Sur o Finlandia se puede deber a que se recluta al personal docente de entre los graduados universitarios con mejores expedientes. Asimismo, no es menos cierto que el milagroso progreso de nuestra vecina Portugal en las evaluaciones internacionales es achacable a la aplicación de criterios más restrictivos de selección de su profesorado, atendiendo a su nivel de formación. Todo ello presidido por la lógica de la racionalidad económica, que conduce a concluir que los incentivos permitirán atraer y reclutar a mejores graduados y graduadas para la profesión docente.

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Pero no nos engañemos, no es sólo una cuestión de más o menos remuneración, sino de dotar a la profesión de una carrera profesional estructurada basada en los principios de mérito y capacidad. Veamos las implicaciones de esta afirmación centrándonos en el caso de Andalucía. La primera es la necesidad de abordar el cambio en la selección del profesorado, puesto que la acumulación de grandes bolsas de interinos, debido a la fuerte sindicalización del colectivo, tiende a limitar la oferta de plazas hasta que los integrantes de las mismas acumulan los méritos suficientes. La selección premia la ‘antigüedad acumulada’, mientras se minimiza el peso de los ‘conocimientos científicos’. El resultado ha sido que personas que con frecuencia no fueron capaces de superar procedimientos selectivos han accedido a la función pública docente sin acreditar conocimientos objetivos y con la mera experiencia por la renovación de sus nombramientos interinos durante años como principal mérito; en cambio, estudiantes con expedientes brillantes y elevadas calificaciones en las oposiciones no obtienen plaza para ser docentes.

Según datos difundidos por los sindicatos, en la oposición de 2018 se ha cubierto por esta vía más del 70% de las plazas en la práctica totalidad de las especialidades de Secundaria. Las bolsas constituidas tras cada oposición deberían ordenarse de acuerdo con el número de ejercicios de la oposición aprobados y por orden de la calificación obtenida.

La segunda implicación, relativa a la gestión de los centros educativos, reside en la necesidad de adoptar la figura sajona del ‘head teacher’, en el sentido de establecer procedimientos selectivos para la dirección de los centros basados en la capacidad demostrada de gestión, acompañados de un programa de incentivos económicos claramente vinculado a resultados. Para ello, es necesario extender la cultura de la evaluación o rendición de cuentas: no hablamos de espiar al profesorado, sino de premiar a los/as docentes más capacitados para potenciar la calidad del sistema educativo.

La tercera pieza del puzle es la falta de formación inicial del profesorado. En la actualidad, los planes de estudio de los grados de Educación Primaria de las universidades andaluzas carecen de formación suficientemente profunda y extensa en ámbitos fundamentales, como las matemáticas, la lengua castellana y la literatura, las lenguas extranjeras, las ciencias naturales o las ciencias sociales. Por lo que respecta a la Educación Secundaria, el máster de Formación del Profesorado está regulado por una norma de ámbito estatal que requiere una revisión integral; no obstante, las universidades andaluzas tienen un margen que se refiere a la selección del profesorado que lo imparte y la organización de sus prácticas en los centros educativos. Aquí habría que seguir el modelo del MIR sanitario; la asistencia del alumnado de prácticas a los centros educativos debe prolongarse al menos durante los dos últimos trimestres del curso, así como respetar escrupulosamente el principio de especialidad.

Esa formación inicial del profesorado debe venir reforzada por otra continua, que hoy se ha convertido en un sistema burocrático de acreditación de horas formativas y de participación en proyectos que no son evaluados externamente, poniendo en duda su objetividad.

No obstante, esas reformas no ofrecerán todos sus potenciales beneficios si olvidamos la materia prima del proceso: el alumnado. Debemos apostar por uno ambicioso que aspire a llegar a lo más alto en aquello para lo que es más competente. De ahí la necesidad de una evaluación individualizada y sistemática de los conocimientos curriculares en las materias instrumentales y competencias clave, especialmente durante la Educación Primaria. Es necesario detectar a tiempo e intervenir sobre las carencias en los niños y niñas con dificultades, por sus características individuales o de contexto, de lectura, escritura o matemáticas debe ser una prioridad absoluta, así como el diseño curricular individualizado. El aprobado por compensación o la reducción de los niveles de exigencia no son el camino. Todas las personas son competentes en algo y hay que detectar en qué, para lo cual es esencial extender y fomentar los ciclos formativos de grado medio y superior y vincularlos al tejido productivo y nuevos yacimientos de empleo.

Y ¿qué decir de la Universidad? Eso es capítulo aparte…

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