Los riesgos del Plan de Transición Ecológica

En los últimos meses, se han venido publicando varios artículos sobre el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Gobierno de España, en el que se presenta a la Comisión Europea la hoja de ruta para cumplir con los objetivos de lucha contra el cambio climático por parte de nuestro país.

En estos análisis, se destaca la ambición del español en relación al resto de los planes de los estados miembros de la Unión Europea, en el marco de transición energética de cara al año 2030. Ha sido igualmente común calificar al PNIEC español como el alumno aventajado de los países europeos. Sin embargo, creo que la metáfora más adecuada es la de un alumno que ha prometido sacar la mejor nota de la clase, pero no está demasiado claro si con sus horas de estudio actuales puede conseguirlo.

En efecto, el PNIEC español es uno de los más ambiciosos (si no el que más) de los presentados ante la Comisión Europea; no sólo en términos de reducción de emisiones de efecto invernadero (donde se triplica la ambición propuesta por Europa), sino también en cuanto a las medidas para alcanzar tal fin; destacando el objetivo de eficiencia energética y de porcentaje de energía renovable como demanda final de la energía (que, a su vez, está relacionado con el objetivo anterior).

[Con la colaboración de Red Eléctrica de España]

Las cifras son claras: para 2030, la Unión Europea debe conseguir una reducción del 40% de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) con respecto a 1990. 

Trasladado a España, este compromiso (derivado de sucesivos reglamentos comunitarios) supone que es admisible un incremento del 1% con respecto a las emisiones españolas en 1990 o, comparándolo con 2005 (año en el que experimentamos nuestro mayor nivel de emisiones GEI en la historia, tras una década de potente crecimiento económico), una reducción del 33%. Sin embargo, el PNIEC español incrementa notoriamente la ambición comunitaria y plantea una reducción del 21% de emisiones GEI respecto a 1990 (lo que en cifras absolutas supone triplicar la ambición de la UE), que a su vez se traduce en una reducción del 51% con respecto a 2005.

Para ello, existen además dos instrumentos/metas esenciales: la penetración de energías renovables en la demanda final (no únicamente electricidad, sino todo el consumo energético) y la eficiencia o reducción del consumo de energía (objetivos que, a su vez, se relacionan entre sí, ya que el primero se calcula sobre la energía total consumida). En estos casos, la UE plantea un objetivo del 32% de energías renovables sobre la demanda final y del 32,5% de eficiencia energética, todo ello en el horizonte de 2030.

Por su parte, el PNIEC plantea un objetivo de eficiencia energética del 39,6% y una penetración de energías renovables del 42% sobre la demanda de energía final para el año 2030, lo que implica una generación renovable del 74% en el sector eléctrico frente al 80% planteado por la UE de cara al año 2050 (dos décadas después).

No cabe duda de que la transición energética es un objetivo ineludible y que todos los países deben contribuir a ella en un esfuerzo multilateral. Además, deben establecerse unas bases y metas adecuadas para conseguir capitalizar esta transformación a través del liderazgo tecnológico.

Sin embargo, es importante puntualizar que este proceso, si bien irrenunciable, no es unívoco ni exento de ‘externalidades’ negativas que hay que valorar adecuadamente para consolidar una transición de éxito.

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Es conveniente entender adecuadamente las implicaciones para la competitividad económica en términos globales. Ciertamente, la introducción de energías renovables en el mix eléctrico supone, a día de hoy y a la vista del abaratamiento del coste de estas tecnologías, una reducción del precio de generación y, por ende (con matices, en función de los cargos imputados en la factura) del coste de suministro para todos los consumidores.

Pero tampoco conviene obviar las implicaciones que tiene para el consumidor final una introducción masiva de tecnologías de manera apresurada: si pretendemos pasar de un 40% de producción renovable sobre la total del sistema eléctrico a un 70% en sólo 10 años, y más que duplicar en el mismo período la penetración de renovable en la demanda final, serán necesarias amplias transformaciones en un plazo muy breve, lo que muy probablemente conlleve mayores costes, que el consumidor acabará pagando de una u otra manera.

A las obvias ayudas económicas al vehículo eléctrico (imprescindible si se quiere electrificar un vector como el transporte, y máxime en un plazo tan breve cuando la tecnología no es competitiva), hay que añadir retribuciones adicionales para asegurar el suministro constante (fundamentalmente, a través de ciclos combinados) en un sistema con alta penetración de energías intermitentes (especialmente cuanto más voluminosa sean éstas); posibles retribuciones a la instalación de renovables si se pretende una penetración masiva, acelerada y de titularidad diversa (y, sobre todo, si continúa la escalada de precio de los puntos de acceso y conexión); así como fuertes inversiones en el ámbito de la distribución eléctrica, tanto para garantizar una amplia red de suministro a la movilidad eléctrica como para adaptarse a una red en la que los consumidores, a través del autoconsumo, también serán productores en muchas ocasiones. 

Asimismo, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima plantea un cierre de la tecnología nuclear (actualmente, una de las fuentes con mayor cobertura de la demanda eléctrica) con un calendario difícilmente asumible en términos de seguridad de suministro (dadas las características técnicas de estas centrales) y que además, paradójicamente, dificulta la reducción de emisiones de ‘efecto invernadero’.

Hay que contextualizar el esfuerzo del que se está hablando. Actualmente, y según datos de la Agencia Internacional de la Energía, la Unión Europea es responsable del 9% de las emisiones globales y, a su vez, España supone menos del 1% de éstas. Existe un claro contraste con el 28% de responsabilidad de China y el 15% de Estados Unidos, primer y segundo país, respectivamente, en el ranking de países contaminantes de GEI. En otras palabras: nuestra ineludible aportación a la reducción de emisiones, por ambiciosa que sea, no va a cambiar decisivamente el curso de los acontecimientos.

¿Quiere esto decir que no hay que hacer nada ante la amenaza del cambio climático? Desde luego que no; pero ha de ponderarse adecuadamente tres componentes esenciales: la aportación de emisiones GEI de España, la evolución de las tecnologías y los costes de transición.

El dato anterior no es óbice para abordar la transición energética por parte de España. Como se decía más arriba, hay que conseguir reducir las emisiones de efecto invernadero en un 33% con respecto al año 2005; que es una buena referencia sobre cuál es nuestro nivel de emisiones tras una década de crecimiento económico muy pujante, y da cuenta de la dificultad de la tarea. Sin embargo, si contextualizamos estos niveles de emisiones al ámbito global, veremos que mejoras sustanciales en cuanto a los objetivos nacionales suponen una mejora muy marginal con respecto a la comunidad global.

En segundo lugar, en relación a la evolución de las tecnologías, debe evitarse incurrir en los errores de la década pasada, cuando se optó por sobre-retribuir masivamente unas tecnologías necesarias pero inmaduras, lo que ha conllevado a un incremento exponencial de los costes del sistema eléctrico y con ello, de todos los consumidores (familias y empresas). En este sentido, el planteamiento del Gobierno no prevé en qué medida la demanda masiva de nuevas renovables en un plazo breve va a ser conciliable con el efecto caníbal que su entrada en el pool supone (a más renovables, menores precios y por tanto menores retribuciones, lo que dificulta la amortización de la inversión); de modo que pueden volver a requerirse sobre-incentivos para unas instalaciones que, hoy sí, son competitivas. 

Además, el PNIEC plantea una flota de vehículos eléctricos de hasta cinco millones de usuarios en 2030, cifra espectacular si la comparamos con la que plantea el Instituto de Investigación Tecnológica IIT-ICAI. En su estudio ‘Vehículo eléctrico: situación actual y perspectivas futuras’, plantea que la cifra será de entre 1 y 2,5 millones, mucho más razonable atendiendo a la estimación de que este tipo de vehículos será competitivo con respecto al coche de combustión para el año 2025.

Desplegar, tanto esa cantidad de vehículos como las redes de suministro que deben darles soporte en un plazo tan breve y con una tecnología por madurar puede suponer un enorme volumen de inversión que no está nada claro que pueda realizarse sin ningún cargo, bien al presupuesto público o al sistema eléctrico (y éste, a su vez, bien a través de peajes o de deuda). 

Además, está la cuestión de trasladar la oferta productiva a nuestro país, de forma que los fabricantes locales puedan participar de este mercado y no se produzca un mero proceso de importación asiática (que cuentan con muchas de las materias primas clave), como ya sucede en otros apartados del sector energético. Nuevamente, contar con una hoja de ruta razonable sería decisivo, con el fin de habilitar un crecimiento sostenible.

En síntesis, todos los esfuerzos económicos del PNIEC son susceptibles de repercutirse en el consumidor, bien a través de impuestos, bien (como ya es tradición) a través de cargos en la factura eléctrica o incluso a través del precio de mercado (al retirar oferta barata). Hay que tener en cuenta que, cuando hablamos de la energía, no lo hacemos de un fin en sí mismo, sino de un medio para producir. Siguiendo con la metáfora más obvia, el sistema energético es el combustible de un coche con el que queremos llegar a algún lado; por tanto, hacer que ese combustible sea más caro no va más que a ponernos dificultades en la carrera de la competitividad global, lo que a la larga también perjudica el empleo, la recaudación fiscal y, con ello, la cohesión social de nuestro país.

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