Macron camina sobre cristal

Así es como el presidente francés, Emmanuel Macron, ha confesado sentirse, en referencia a la situación de crisis social abierta tras el inicio de las protestas de los chalecos amarillos. En un lúcido análisis publicado este lunes en la prensa gala, el presidente ha relacionado el momento que atraviesa el país con el fenómeno más amplio de crisis estructural que están experimentando las democracias occidentales. También ha admitido, sin muchos circunloquios, no tener una respuesta (léase una solución mágica), aunque sí una propuesta: el debate nacional. Un debate nacional que tiene por objeto que los ciudadanos den rienda suelta a sus quejas, propuestas y sentires. Una lluvia de ideas nacional o una terapia colectiva, según se mire. Sin embargo, el ejercicio es todo menos seguro y una prueba de ello es el nuevo movimiento que vio ayer la luz en las calles de París, los fulares rojos.

¿Las dos Francias?

En lo que puede parecer una muy peculiar revisión de las revoluciones coloridas de otros tiempos, tras la última jornada de manifestación de los chalecos amarillos (que reunió el sábado unas 70.000 personas en toda Francia) se sucedió la marcha republicana por las libertades de los fulares rojos. En ella confluyeron unas 10.000 personas convocadas por diversos grupos, creados y difundidos desde noviembre a través de las redes sociales (Facebook, principalmente) para responder a los chalecos amarillos o, más concretamente, para «exigir el fin de la violencia y del odio, el respeto de la libertad de la prensa y la vuelta al Estado de Derecho». Atribuyéndose los símbolos republicanos y auto-identificándose como la «mayoría silenciosa que se esconde en sus casas desde hace 10 semanas», el colectivo, al que se ha calificado como simpatizante de La República En Marcha (algunos senadores y diputados fueron vistos en la manifestación), solicita si no el fin de las reivindicaciones de los chalecos amarillos, al menos su contención dentro de un movimiento no violento. Tanto el Ejecutivo como los miembros de La República en Marcha se han apresurado a marcar sus distancias respecto a esta reivindicación, temiendo que una toma de posición eche leña al fuego del enfado y contribuyendo, con ello, a cristalizar una confrontación naciente, peligrosa y difícil de manejar: entre unas clases populares que piden protección y respeto y sus conciudadanos molestos por las escenas de violencia que ven sucederse cada semana.

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En este contexto, la nueva ley contra la violencia en las manifestaciones (‘Loi anticasseurs’), propuesta por el ministro del interior, Christophe Castaner, es un ejemplo muy gráfico del difícil equilibrio entre la necesidad de dar respuesta a todos y el riesgo de no satisfacer a nadie. El texto, tomado de una propuesta ya votada en el Senado, donde tiene la mayoría el grupo conservador Los Republicanos, es percibido por una parte del espectro político y de los observadores como una manera de limitar la libertad de manifestación (una ley anti chalecos amarillos); por la otra, como algo poco más que imprescindible para contener y limitar los daños que, hasta ahora, las han acompañado (mano dura). El ejercicio de equilibrismo político que tendrá que realizar la mayoría parlamentaria para no inclinarse hacia ninguno de los lados, para mantenerse neutro da cuenta, además, de las dificultades de un movimiento que llegó al poder bajo el signo de la superación de la vieja división izquierda-derecha.

¿Qué ocurrirá después del debate?

Según una encuesta de opinión realizada por Opinion Way y publicada el 23 de enero, el 67% de los franceses ve como algo positivo la celebración del debate nacional. Ahora bien, cuando se les pregunta si consideran que el presidente y el Gobierno tendrán en cuenta los resultados, un 62% estima que no.

Es este escepticismo sobre el que se podría argumentar que se ha construido la insatisfacción que se encuentra en el origen de la crisis actual, ni mucho menos exclusiva de Francia. Pero es ahí precisamente donde se encuentra toda la fuerza de la propuesta de Macron: en vencerla, en mostrar a los ciudadanos que otra manera de hacer política es posible. Ofrecer una alternativa que sea percibida como una mano tendida. Una mano tendida que, como un ejemplo, hiciera posible también la reconciliación en sociedades en proceso de polarización.

Todo lo demás sería táctica política a la espera del soplo de un viento favorable: una izquierda borrada del mapa, una derecha haciéndose la guerra, una nueva fragmentación política con la entrada en el Parlamento de los chalecos amarillos o la mejora milagrosa de la economía mundial. Todo ello retrasaría lo peor, pero no curaría un malestar profundo que viene de lejos.

En todo caso, los ciudadanos parecen tenerlo claro. Según los mismos encuestados, tras el gran debate el 79% desearía que se le diera más poder a los territorios (ciudades, departamentos), restando el del Estado; el 72%, que el Gobierno modifique la política económica; el 70%, que modifique ciertas medidas tomadas desde el inicio del mandato. Puede que la solución del presidente ni de izquierdas ni de derechas pase precisamente por ser de izquierdas y de derechas, reconciliando con él a todos los colores.

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