Macron, ¿un presidente reformista?

Cuando todo va mal en política, pocos están dispuestos a apoyarte. Incluso quienes han inspirado tu programa toman distancia con prudencia en los medios de comunicación (véase la tribuna publicada en Le Monde el 9 de diciembre de 2019 por Philippe Aghion, Antoine Bozio, Philippe Martin y Jean Pisani-Ferry). Hay un efecto bola de nieve, una espiral negativa que fortalece día tras día la desconfianza y la contestación.

Sin embargo, los presidentes detestados acaban a menudo, con el tiempo, siendo adulados; incluso cuando su balance sea muy pobre, como el de Jacques Chirac, llamado cruelmente, pero con razón, el “rey holgazán” por uno de sus sucesores. ¿Correrá Emmanuel Macron la misma suerte envidiable de una cierta rehabilitación una vez alejado de la arena política? Chirac, sin lugar a dudas, inspiró simpatía gracias a su personalidad cercana y cálida. Al contrario, a Macron se le cuestiona a menudo por su personalidad y sus comentarios a veces provocadores. Pero después de todo, para el país lo mas importante no es la personalidad del presidente, sino su acción y las reformas que haya llevado a cabo. ¿Que debemos pensar del balance reformista del presidente Macron una vez llegados a la mitad de su mandato (excluyendo del análisis la reforma de las pensiones, cuyo futuro es todavía incierto en este momento)?

Macron ha acometido reformas en tres sectores. En este artículo nos centraremos sobre todo en la primera, la del mercado laboral y la formación profesional.

Mercado laboral y formación profesional

En este primer ámbito se han operado reformas clave. Primero, por descontado, hay que destacar la del código del trabajo que acometió Macron desde el inicio de su mandato. Aunque no fue tan lejos como preveían algunos economistas expertos del mercado laboral (como Pierre Cahuc, que lamenta que el alcance de los acuerdos de empresa sea demasiado restringido), su objetivo fue que el mercado laboral funcionara con mayor fluidez, simplificar las normas de negociación y representación del personal y reducir la inseguridad jurídica para las empresas respecto a las contrataciones y los despidos: fortalecer el papel de los acuerdos de empresa, poner un techo a las indemnizaciones por despido, tener en cuenta el perímetro nacional para evaluar la validez de un despido por motivos económicos, fusionar los representantes del personal en una instancia única, establecer descansos en la negociación colectiva que permitan ofrecer bajas voluntarias a los asalariados sin que el motivo del despido sea económico fueron algunas de las propuestas clave de esta reforma. Es todavía demasiado pronto para medir su impacto (se ha creado un comité de evaluación y seguimiento bajo la dirección de France Stratégie) pero podemos advertir claramente su lógica: romper algunas barreras y rigideces del mercado laboral que tienen al país atrapado en un paro masivo desde hace 40 años.

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El segundo eje es la reforma de la formación profesional, puesta en marcha con mucha determinación y sin temor a poner en tela de juicio algunas reservas sindicales o políticas. La consigna es la individualización y la liberalización de la oferta de formación. Esta reforma es esencial porque, como se destacó en un informe de la OCDE en 2017, Francia sufre un déficit muy grave de competencias, en particular en el grupo de edad de los 45-65 años, que recibió en su juventud niveles bajos de formación. Este déficit penaliza a la vez a las empresas, que en ciertos sectores no encuentran personal cualificado y adaptado a sus necesidades, y por supuesto a las personas poco cualificadas, que tienen muchas dificultades para encontrar un empleo. El sistema de formación profesional actual está mal orientado respecto a las necesidades de personas salidas del sistema educativo con un bajo nivel de cualificación y no permite, por lo tanto, reducir este déficit.

La reforma es un verdadero big bang porque permite a los usuarios tener un acceso, directo y sin intermediarios, a su cuenta personal de formación mediante una aplicación móvil alimentada en euros (y no en horas de formación, como anteriormente). Los operadores de recaudación conjunta (Opca), rebautizados como operadores de competencias(Opco) y en menor número (11 en lugar de 20), seguirán gestionados por los interlocutores sociales, pero éstos dejarán de recaudar las contribuciones de capacitación, función que de ahora en adelante recae en la URSSAF (Unions de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales).

Éste es un punto importante que pone fin a numerosos abusos y al mal funcionamiento que, en 2011, pusieron en evidencia Pierre Cahuc, André Zylberberg y Marc Ferracci (actual consejero de la ministra de Trabajo, Muriel Pericaud) en un informe encargado por el Institut Montaigne. En efecto, el sistema de mutualización de fondos, que supuestamente debían administrar los Opca, funcionaba principalmente a favor de las grandes empresas, de forma que, “al final, las cotizaciones para la formación de pequeñas empresas, mayoritariamente compuestas por personal poco cualificado, contribuyen a financiar la formación de personal altamente cualificado de las grandes” (informe citado, páginas 24-25).

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Además, este sistema funcionaba de manera discutible en beneficio de las organizaciones patronales y sindicales a través de tres mecanismos: la retención del 1,5% de los fondos recaudados que estaban legalmente autorizadas a ejercer; el personal sindical empleado por las Opca (en aquel tiempo, François Chérèque, entonces presidente del sindicato CFDT, los estimaba sólo para éste entre 800 y 1.000 militantes); y, por último, la orientación de estos fondos hacia proveedores de servicios vinculados a las organizaciones de gestión. Estas disposiciones eran legales (o al límite de la legalidad en algunos casos), pero contribuían finalmente a desviar de su finalidad principal una parte notable de los recursos.

En su conjunto, el sistema era opaco, sesgado, poco igualitario y eficaz, y costoso para mejorar el nivel de capacitación, y en particular el de las personas poco cualificadas.

Tras la reforma de la formación profesional, se han liberalizado y simplificado el modelo de formación de los aprendices y la creación de centros de formación para ellos (CFA). Las regiones han perdido la tutela administrativa y financiera de éstos últimos y las empresas tienen a partir de ahora la posibilidad de crear sus propios centros. Se ha facilitado la entrada para los jóvenes (es posible comenzar un aprendizaje hasta los 29 años y existe la posibilidad de ingresar durante el año) y han mejorado sus condiciones de empleo (incremento de las remuneraciones y primas, y 500 euros adicionales para obtener el permiso de conducir), al tiempo que ha aumentado su flexibilidad (posibilidad de exención de tiempo de trabajo para los aprendices menores de edad, reducción de la duración mínima de la enseñanza, final de la obligatoriedad de recurrir al Tribunal de Trabajo francés (Prud’hommes) en caso de ruptura de contrato). El éxito de esta reforma parece inmediato puesto que, en un año, en septiembre de 2019, el numero de contratos de aprendizaje firmados aumentó un 8,1%, alcanzando su «máximo histórico» (diario Les Echos, 16/12/2019).

Una vez más, la lógica de estas reformas obedece al pragmatismo, a la flexibilización, a la simplificación y a la supresión de las barreras reglamentarias y administrativas que ponían trabas a su accesibilidad.

El sistema de salud

Una segunda área muy importante de reformas es la de la salud, una de las principales preocupaciones de los franceses. La ministra (ahora candidata a las elecciones municipales en París) y el Gobierno están siendo fuertemente criticados por los profesionales de la salud del sector hospitalario público, que reclaman más medios. Pero mas allá de la cuestión estrictamente presupuestaria, que sólo es parte del problema, el Gobierno ha emprendido una reforma estructural. Uno de los objetivos esenciales de la Ley de Salud aprobada por el Parlamento el 16 de julio de 2019 es el de replantear la organización territorial para combatir la desigualdad de acceso en función del lugar de residencia. La idea central de la reforma es articular mejor en el territorio la atención médica de las ciudades, los hospitales y el sector médico-social. Se han adoptado varias medidas con ese fin: desarrollo de casas de salud multidisciplinares que agrupan a varios profesionales, creación de un colectivo de 4.000 asistentes para liberar a los médicos de aquellas tareas delegables, redefinición de las misiones de los hospitales de proximidad para especializarlos en cuidados necesarios y en estrecha colaboración con los médicos de ciudad. El espíritu de esta reforma es el de derribar, aquí también, las barreras administrativas o corporativistas que dañan la eficacia de la atención a los usuarios.

La Educación

Podemos añadir a esta visión general (incompleta) de reformas ya emprendidas por Macron la del sistema educativo del ministro del ramo, Jean-Michel Blanquer, para mejorar su eficacia en términos de éxito y de aprendizaje fundamental, dado que Francia ocupa un puesto mediocre en las encuestas PISA de la OCDE. También en este caso se trata de combatir las desigualdades, haciendo hincapié en la adquisición de competencias básicas desde una edad temprana (se duplican las clases en la enseñanza primaria) y en otorgar a los alumnos una mayor libertad de elección (fin de las diferentes series de bachillerato y puesta en marcha de un sistema de opciones escogidas por los estudiantes para que compongan su menú educativo).

Al final, todas estas reformas esbozan una agenda social-liberal. Social, porque el objetivo es facilitar el acceso a los mecanismos de la acción pública a quienes debieran ser sus principales beneficiarios y que a menudo se ven excluidos de ellos; liberal, porque esta mayor facilidad de acceso es posible gracias a la supresión de rentas, de barreras de entrada y, a veces, simplemente por la eliminación de trámites burocráticos y complejidades administrativas; liberal también, o sólo pragmática, porque en algunas de las reformas se valora más el papel de las empresas en el acceso al empleo y a la formación, o el del sector privado en el ámbito hospitalario.

La dificultad política de este programa reformista es que resulta difícil explicárselo al público. Las disposiciones son muy técnicas y los retos institucionales, a menudo escondidos. Los negociadores que participan en los debates y en las controversias que acompañan a estas reformas conocen estos desafíos velados (el poder y la financiación de los organismos paritarios de los sindicatos, por ejemplo), pero no los explican públicamente porque son las reglas del juego. Por consiguiente, la opinión pública los desconoce totalmente y el debate se focaliza muchas veces en cuestiones ideológicas muy alejadas de estos retos institucionales. En cuanto a los beneficios que los usuarios pueden esperar, no son inmediatos.

Estas dificultades hacen que las reformas de Macron sean difíciles de leer y de defender ante la opinión pública. A pesar de todo, aunque su éxito no esté asegurado y deberá ser evaluado, el balance parece consecuente y, en todo caso, muy superior al de los tres presidentes anteriores.

(Este análisis fue publicado originalmente en Telos. Traducción de Isabel Serrano)

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