Más de lo mismo como causa permanente de las crisis latinoamericanas

El problema de América Latina “es la existencia de un acuífero profundo de frustración y descontento a medida que las ganancias conseguidas durante el boom de las materias primas se ha frenado o hemos ido hacia atrás”, explicaba hace poco un reputado especialista. Las protestas estallan ahora, argumentaba en estas páginas Juan Vázquez Zamora, por la confluencia de los problemas estructurales de la nueva clase media (que apenas sobrevive de mes a mes) y la ralentización del crecimiento económico de los últimos años. A ello se unirían, además, factores propios de cada país, como la marginación del movimiento indígena en Ecuador; el debilitamiento de las instituciones democráticas en Bolivia; el malestar con la falta de respeto a los Acuerdos de Paz en parte de la sociedad colombiana; o el descontento con la política en Chile.

Sin restar mérito a todas estas explicaciones, quizás debemos poner más acento en el coste que para la región tiene la enorme concentración de la renta en manos de unos pocos. Según las (insuficientes) estimaciones disponibles, el porcentaje del ingreso nacional que recibe el 1% más rico está entre el 25% y el 30% en Brasil, Chile o México, comparado con un 9% en Suecia y un 20% en el muy desigual Estados Unidos.

Como ya es bien sabido, este poder económico se traduce, además, en influencia política. La élite económica utiliza el control de los medios de comunicación, la financiación de las campañas electorales y los lazos informales con Gobierno y partidos políticos para mantener sus privilegios. Política fiscal, de competencia, protección medioambiental… se mire donde se mire, se hace evidente la capacidad de la élite para proteger sus intereses (como ilustraba Oxfam en un informe reciente sobre la captura del Estado en América Latina). Incluso el supuesto Gobierno populista de Evo Morales mantuvo lazos estrechos con los grupos económicos más poderosos.

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La concentración de renta y poder contribuye a entender buena parte de las crisis actuales. Explica en buena medida el bajo peso de los impuestos directos en la región. El impuesto personal sobre la renta representa poco más del 10% de los ingresos impositivos totales en América Latina, comparado con un 25% en los países de la OCDE. En Chile (donde la tasa impositiva efectiva del 1% más rico es de sólo un 16%, frente al 24% en Estados Unidos), cada intento de aumentar la progresividad de los impuestos ha tenido que hacer frente a un ataque feroz y casi siempre exitoso de la élite. Lamentablemente, sin más ingresos fiscales es imposible mejorar los servicios públicos que la clase media vulnerable necesita y demanda con creciente virulencia.

La debilidad de estos servicios públicos tiene también que ver con la existencia de poderosos proveedores privados. La expansión del gasto social en los 2000s no vino, en general, acompañada de una mayor regulación de la provisión privada. En Chile, crecieron las pensiones no contributivas, pero se mantuvo el sistema privado que tantos beneficios genera para el sistema financiero; en Colombia, aumentó la cobertura de la salud, pero a través de aseguradoras privadas que segmentan los servicios; en Ecuador, a pesar de los esfuerzos del Gobierno de Correa por fortalecer el Estado social, el gasto privado en salud como porcentaje del PIB aumentó un 26%.

La relación entre la concentración de poder y la crisis boliviana, aunque más compleja, es también significativa. En países desiguales, el control del Estado se convierte en la mejor forma de proteger los intereses de grupos hasta entonces marginados y lograr para ellos nuevas oportunidades económicas. Tristemente, movimientos sociales y partidos políticos como el MAS tienden entonces a ver la política como un juego de suma cero: o estás en el poder o dejas de tener reconocimiento político y hasta económico. “No estamos de paso por el Palacio, no estamos visitando el Palacio, hemos llegado al Palacio para toda la vida”, proclamaba Evo Morales en 2009.

Aunque peligrosa, no es ésta una visión injustificada. El revanchismo ha sido una respuesta habitual de la derecha cuando llega al poder después de la caída (legal o ilegal) de gobiernos progresistas y/o populistas. No hay más que pensar en la Argentina después de Perón, el Brasil de Temer y Bolsonaro o la Bolivia de las últimas semanas. Aunque los nuevos gobiernos representan a intereses muy variados, no hay duda de que la élite económica ha ejercido una influencia notable en todos ellos. Al final, como mostraba en un análisis anterior de Agenda Pública, construir democracia en ambientes desiguales no es nada sencillo.

El bajo crecimiento económico que tanto ha contribuido a los problemas recientes también está estrechamente relacionado con la concentración de la renta. El problema económico de la región no es de ahora, sino que viene de hace muchas décadas: de hecho, entre 1910 y 2010 aumentó la brecha entre el PIB ‘per cápita’ latinoamericano y el de los países más ricos del mundo; todo lo contrario que sucedió en los países asiáticos. La alta desigualdad ha contribuido de forma variada a este retraso económico: desincentivando la inversión en educación y en innovación (¿para qué quieren los grandes grupos económicos invertir en nuevos sectores si reciben pingües beneficios en los ya existentes?); generando incertidumbre, y aumentando la probabilidad de crisis externas. Como muestra la Cepal en estudios recientes, la mejora en la distribución de la renta es condición necesaria para la promoción del cambio estructural y la reducción de la dependencia en bienes primarios.

Tristemente, el reconocimiento de que la concentración de la renta es una causa estructural de los problemas presentes conduce a un cierto pesimismo sobre el futuro no sólo latinoamericano, sino también mundial. Por un lado, refleja lo difícil que va a ser reconciliar las demandas urgentes de la población con el lento proceso de transformar la distribución de la renta. Reducir la desigualdad a través de redistribuir entre la clase media y los pobres (éxito de la región en los 2000s) es mucho más fácil que acabar con el poder absoluto de la élite.

Por otro lado, la crisis actual puede convertirse en un anuncio de lo que les espera a muchos países en otras partes del mundo. Cómo hacer frente a todo ello deberá ser asunto para una futura columna.

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