Más IVA para la ‘comida basura’ no es tan buena idea

A la espera de una mayor concreción en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, parece que desde el Gobierno se pretende una subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para las bebidas azucaradas. Es una línea iniciada con el anuncio del Ministerio de Consumo de modificar la Ley del IVA para aumentar la presión fiscal sobre la conocida popularmente como ‘comida basura’.

En todo caso, ya sea bebidas azucaradas ya sea ultraprocesados, la idea no es nueva, pues se trata de combatir una lacra actual como es la del sobrepeso mediante una política tributaria que incremente la fiscalidad sobre los alimentos menos saludables. En principio, es una buena medida a la que es fácil adherirse, pero que analizada más allá del titular puede generar alguna controversia.

El primer problema será ver cómo se determina que una bebida es azucarada. Si pensamos en las que se venden en un supermercado, salvo el agua el resto de bebidas no alcohólicas probablemente tenga entre sus ingredientes el azúcar o alguno de sus derivados. A todos se nos viene a la cabeza al hablar de bebidas azucaradas ese refresco de cola que era o es la chispa de la vida. Pero cualquier modernidad biosaludable lleva azúcar. ¿Dónde estará el límite entre una bebida azucarada y otra que, pese a contener azúcar, no tendrá esa condición de azucarada a efectos del IVA? ¿O es que se pretende, mediante una azucarado argumento, subir el IVA a toda bebida que no sea exclusivamente agua?

Es un problema similar al que se plantea con la determinación de qué alimento es saludable y cuál no para una posible diferenciación en su tributación en IVA. Si pensamos en uno procesado dañino para la salud es fácil imaginar la bollería, no hay ninguna duda. Pero, ¿qué pasa con las galletas? Siendo igual de dañinas (incluso algunas, según estudios de un grupo científico canadiense, son para los ratones de laboratorio más adictivas que la cocaína), es complicado imaginar que se eleve su tipo al 21%: la merienda de los niños haría mella en el IPC.

Querer elevar el tipo de gravamen del IVA a unos determinados alimentos en atención a un criterio de salud no es riguroso. Desde el punto de vista del Derecho tributario, no se ajusta a los principios constitucionales del artículo 31.1 de la Constitución Española, ya que la incidencia del alimento en la salud poco o nada tiene que ver con la capacidad económica, como referente que debe ser de la sujeción a tributación.

Pero, además, se estaría haciendo depender un elemento esencial del tributo de las opiniones científicas de cada momento.

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No voy a entrar en una exposición sobre el análisis científico de los alimentos, pues no es mi especialidad. Sólo quiero dejar constancia de la conflictividad sobre la materia. Criticar las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados está bien, pero gravar al 21% un alimento sólo por contener azúcar o ser ultraprocesado ni responde a la finalidad esencial del IVA ni será cuestión pacífica desde el momento en que muchas economías domésticas dependen de bebidas azucaradas (zumos de frutas) o de ultraprocesados (las galletas, pan de sándwich).

Por no hablar de las grasas, a las que también se quiere someter al castigo impositivo. Pero, ¿qué grasas? Porque no todas son iguales: el aceite de oliva virgen extra o los frutos secos son ricos en grasas y, sin embargo, bajan el nivel de colesterol y previenen la obturación de las arterias.

Creo que son más que suficientes las ideas aportadas para hacer ver que el debate no es quizá tan sencillo y son muchas las aristas que surgen en un ámbito tan controvertido como es el alimenticio y nutricional. Por ello, quizá sería interesante otro enfoque y pensar que, salvo alguna excepción, todos los alimentos han de ser estimados como necesarios, por lo que estaría justificado un tipo de gravamen general del 4% y de un tipo del 21% sólo para las excepciones. Así podríamos centrar el debate en cuáles serían las excepciones, pero no desde el punto de vista de la salud, sino desde su consideración como suntuario o como necesario. Todo alimento es, por principio, necesario para vivir, por lo que el tipo de gravamen en el IVA debería ser del 4%; y sólo aquéllos cuyo principal reclamo no es la alimentación, sino un añadido extra, tendrán la consideración de suntuarios, con lo que su tipo subiría al general del 21%.

Entre tales alimentos suntuarios están los funcionales, entendiendo por tales aquéllos con los que el consumidor pretende obtener una ventaja nutricional o de salud con su ingesta por habérsele añadido un nutriente, una vitamina, un mineral u otra sustancia que produce tal efecto (pensemos, por ejemplo, en leche enriquecida con fibra o huevos enriquecidos con omega3); y para ello están dispuestos a pagar una cantidad de dinero superior a la del alimento al que no se le ha añadido tal sustancia. Así pues, en tanto la ingesta de un alimento funcional no está motivada en la ancestral necesidad de comer, sino en la de alcanzar una ventaja nutricional o de salud, decaería su condición de básico o necesario, pasando a tener la condición de suntuario.

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Así, se puede proponer que pasen a estar sometidos al tipo de gravamen general del 21% en el IVA todos aquellos alimentos que tengan la condición de funcional en tanto se declare en su publicidad o etiquetado que las sustancias añadidas producen efectos o ventajas nutricionales o de salud distintos a los del producto similar sin tales añadidos. Para lograr tal objetivo, se deberá reformar previamente la normativa que regula el etiquetado y publicidad de estos productos, obligando a que, al menos en España, sea la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición la que certifique la cualidad de funcional del alimento propuesto tras la superación de las oportunas pruebas científicas a realizar en sus propios laboratorios, previo abono de la correspondiente tasa por parte del productor alimenticio interesado en tal certificación.

De este modo, una vez superadas las pruebas y obtenida la certificación, el alimento funcional pasaría a tributar al 21% en el IVA, pero, a cambio, podría lucir bien visible en el etiquetado su certificación de alimento funcional. Asimismo, en toda promoción que de él se haga por cualquier medio se podrán declarar todos los efectos nutricionales o de salud que la Agencia haya certificado que tal alimento produce.

El que no se someta a tales pruebas se seguirá comercializando con un tipo de gravamen reducido en el IVA, pero ni en su etiqueta ni en su promoción publicitaria podrá hacerse la más mínima mención a posibles ventajas nutricionales o efectos de salud.

En conclusión, someter a distinto tipo de gravamen en el IVA a los alimentos según criterios de salud no es tan fácil como parece. Además, la alimentación es una materia esencial, por lo que a la hora de planificar su tributación se debe hacer con el mayor cuidado posible en tanto de lo que se trata es de gravar unos bienes imprescindibles para subsistir.

De ahí que la propuesta lanzada aquí sea la de gravar lo mínimo posible a lo esencial y lo máximo posible a lo no esencial. Por tanto, someter al 21% aquellos productos por los que el consumidor está dispuesto a pagar más sólo por contener algo que los mejora. La leche es básica y, por ello, se grava al 4%; pero si se está dispuesto a pagar más dinero por una enriquecida, no hay razón que justifique que ese alimento sea esencial, por lo que bien podrá ser gravado al 21%.

Dejaríamos así el debate de relacionar saludable con tipo de gravamen y lo centraríamos en algo más consustancial al Derecho tributario, como es la manifestación de capacidad económica puesta de relieve en la realización de un gasto suntuario y no esencial.

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