México: narcotráfico, violencia y terror

El pasado mes de noviembre, Donald Trump comunicó su decisión de designar a los cárteles de la droga mexicanos como grupos terroristas, pero poco después la suspendería. El anuncio, más que formar parte de una estrategia de control de la amenaza a la seguridad, se engloba en la difusa y frontal guerra del presidente norteamericano contra el ‘enemigo mexicano’. Una amenaza que proviene de un sur continental genérico cuyas particularidades se desconocen, pero al que se alude como fuente de todos los males de América.

El anuncio de Trump se produjo como reacción a la masacre de nueve miembros de la familia mexicano-estadounidense LeBaron, entre ellos siete niños. La crueldad y violencia del narco mexicano es un evidente reclamo para la aplicación de mano dura frente a la incapacidad del Gobierno mexicano para controlar su territorio. De hecho, 2019 fue el año más mortífero en la historia reciente de México, con un saldo de 34.579 asesinatos que forman parte de las 250.000 muertes de los 13 años de guerra contra el narco.

De cualquier forma, la categorización como grupos terroristas tenía pocas probabilidades de materializarse; y aunque lo fuera, es un concepto difuso, cuya aplicación corresponde enteramente a intereses políticos y no supone una acción de defensa concreta. Sin embargo, vale la pena entrar en el análisis del narcoterrorismo y contrastar las respuestas que se plantean desde EE.UU. y México.

¿Son terroristas los cárteles de la droga?

Tras el 11-S y la consiguiente guerra contra el terror, el terrorismo se convirtió en una categoría por sí misma para justificar la puesta en marcha de medidas excepcionales con el fin de prevenir ataques a la seguridad nacional. Esto llevó a que la calificación de terrorista se aplique a una enorme y variopinta cantidad de actores, con muy diferentes motivaciones y formas de actuar.

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Si definimos el terrorismo como el uso indiscriminado de acciones violentas que buscan generar miedo o coaccionar a un grupo para conseguir un fin, resulta sencillo enmarcar en esta categoría a los grupos subversivos y revolucionarios, cuya actividad implica la realización de acciones terroristas para conseguir un fin que trasciende al propio grupo.

Sin embargo, para el crimen organizado el fin normalmente no es político, sino la preservación de sus ganancias. De hecho, su éxito está relacionado más con la capacidad para escapar del control de las autoridades que con la violencia; esto es, con pasar inadvertido.

Ahora bien, algunas veces el narcotráfico tiene comportamientos que escapan a esta lógica. Es el caso del narcoterrorismo desatado en Colombia por Pablo Escobar y los llamados extraditables para obligar al Gobierno a prohibir la extradición de colombianos a Estados Unidos. Las acciones de este grupo, entre 1898 y 1993, dejaron más de 5.500 muertos, y sólo entre septiembre y diciembre de 1989 cometieron más de un centenar de atentados indiscriminados con explosivos.

El narcoterrorismo en Colombia fue un caso excepcional, pero permite plantear que un grupo criminal sí puede convertirse en terrorista y enarbolar un fin político; aunque, como es propio de su naturaleza, dirigido a su interés particular. No se trata de una causa transformadora, ni de una subversión del orden social o la búsqueda de preservación del mismo, sino de un fin meramente ligado a las necesidades del propio grupo.

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También está la violencia reactiva, como, por ejemplo, el ataque del cártel de Sinaloa en Culiacán ante la detención del hijo del Chapo Guzmán; una demostración de fuerza inusitada para doblegar al Gobierno. En esta misma categoría encontramos el asesinato continuo de periodistas o, en otras latitudes, el del juez Giovanni Falcone y otros tantos atentados contra la vida de los jueces involucrados en la persecución de la mafia italiana. En estos casos, la violencia se despliega con un mensaje: Si tocas mis dominios, o mi poder, vas a enfrentar las consecuencias.

No quiere esto decir que los narcotraficantes sean habitualmente grupos pacíficos: la violencia entre mafias es una de las herramientas más habituales para establecer dominio, mantener el control o coaccionar a la competencia. Los ajustes de cuentas y las venganzas son parte de la cultura mafiosa, y será más o menos cruenta y generalizada en la medida que encuentre o no respuesta institucional. Sin embargo, la violencia intra-grupo, entre bandas, adquiere un matiz distinto cuando la escala de los crímenes y el volumen de víctimas colaterales, es decir, aquéllas no pertenecientes al grupo, afecta gravemente a la sociedad. Casos como el de los estudiantes de Ayotzinapa (México) son un buen ejemplo.

Además, las actividades del narcotráfico suelen estar relacionadas con otros tráficos ilegales como los de armas, personas o minerales preciosos. La estructura criminal es polivalente, maximiza beneficios y dedica gran parte de su esfuerzo a ocultar las ganancias. Esas dos características la hacen un colaborador cercano de grupos subversivos, revolucionarios o de gobiernos criminales que buscan armas o financiación. En este caso, los grupos con fines políticos se valen del narcotráfico para alcanzar sus fines.

¿Puede concluirse entonces que los grupos de narcotraficantes son terroristas? La respuesta sería que normalmente no, aunque pueden servir de apoyo a los terroristas y, en situaciones de extrema debilidad estatal, la magnitud de sus acciones puede convertirse en una fuente de terror social; no porque la acción violenta se oriente a causar esta reacción, sino porque su frecuencia, magnitud e impunidad hacen que la probabilidad de convertirse en víctima condicione la vida cotidiana de los ciudadanos. Una suerte de terror colateral.

Bien es cierto es que la creación de categorías y la tipificación de los fenómenos resulta valioso para su análisis y comprensión, aunque de cara a las víctimas sirve de poco. Magro consuelo encontrará alguien al saber si un ser querido fue asesinado por un grupo terrorista o víctima colateral de la guerra no política del narco. El problema, por tanto, no es la tipificación en sí misma, sino cómo la comprensión del fenómeno permite responder a las demandas de las sociedades coaccionadas por el terror.

¿Balas o abrazos?

La primera de las respuestas a las acciones terroristas del narcotráfico es la que puso sobre la mesa el presidente Trump. Estados Unidos puede usar diferentes niveles para calificar a una organización como terrorista bajo criterios que, en lugar de ajustarse a una tipificación dada, suelen hacerse ad hoc sobre las características del grupo en cuestión dadas las implicaciones del uso de la figura y la difícil categorización de la casuística del terrorismo.

Ahora bien, lo relevante son las implicaciones de la medida. En primer lugar, si se usa la definición de grupo terrorista internacional, pasa de considerarse una amenaza para la seguridad pública a convertirse en una amenaza para la seguridad nacional, lo que permite tomar medidas que pueden socavar la soberanía de México.

En segundo lugar, cualquier relación con el grupo considerado terrorista puede ser constitutiva de delito. Esto llevaría a considerar también terroristas a quienes hagan negocios, inclusive lícitos, con los miembros del grupo, a los distribuidores minoristas, los consumidores o los cultivadores; agravando la contraproducente criminalización de todos los eslabones de la cadena del narcotráfico y, sobre todo, allanando el terreno para la caza de brujas, dado que los cárteles de la droga son organizaciones sui géneris, que no comparten la estructura organizacional de otros grupos que enarbolan fines revolucionarios y políticos. Las estructuras y relaciones con la economía formal y las instituciones son más difusas y difíciles de determinar, además de la variable de relación y penetración del Estado a través de la corrupción.

En tercer lugar, va en detrimento del Estado de derecho porque permite el uso de procedimientos extraordinarios como los allanamientos sin orden judicial o la suspensión del ‘habeas corpus’, entre otros. En este caso, prima la prevención por encima de la garantía de los derechos. Estas medidas siempre tienen repercusiones sobre los más vulnerables y poca efectividad en el control de los grandes capos o en el desmantelamiento de las estructuras criminales.

Ante la propuesta de Trump, el Gobierno mexicano se opuso alegando la defensa de su soberanía, aunque difícilmente puede mantener su posición ante las amenazas de aplicar sanciones o aranceles por parte de Estados Unidos. Prueba de ello es que aceptó convertirse en país seguro para contener el flujo de migrantes centroamericanos, convirtiendo a la recién creada Guarda Nacional en un cuerpo de control migratorio al servicio de EE.UU..

Por su parte, ante la innegable situación de inseguridad y emergencia, Andrés Manuel López Obrador se ha puesto el 1 de diciembre de este año como fecha para presentar los resultados de su estrategia de abrazos y no balas. Esto es, una apuesta por una política social enfocada especialmente en los jóvenes, que se suma a su propuesta de hacer un proceso de paz y justicia de verdad, de reparación y no de repetición. Esta estrategia se basa en atacar algunas de las causas estructurales de la violencia, pero sus resultados son difíciles de prever, sobre todo porque, aunque hace justicia a las víctimas, no está claro cómo puede motivar al eslabón criminal a abandonar su actividad, su poder y, especialmente, sus ganancias mientras se apuntala la política social y se reconstruye el sistema institucional.

Las promesas de campaña de López Obrador se enfrentan a la incapacidad para controlar de forma efectiva un Estado débil, altamente corrupto, que no controla el territorio ni provee bienes públicos de calidad a sus ciudadanos, especialmente seguridad. La demanda ciudadana de seguridad y justicia es el mayor desafío del presidente mexicano. Sus discursos denotan una enorme falta de concreción de las propuestas mientras que se enreda en explicaciones cuasi-filosóficas que, aunque contienen importantes críticas al sistema, poco o nada explican cómo su Gobierno va a cambiar la situación. Ciertamente, sus respuestas han mostrado poca empatía con las víctimas, especialmente ante los feminicidios, y son hasta ahora la principal crítica contra un mandatario que, a diferencia de la tendencia regional, no ha afrontado grandes explosiones de enfado ciudadano.

Lopez Obrador tiene un problema añadido en cuanto, como es bien sabido, el narcotráfico es un fenómeno global y la nefasta guerra contra las drogas sigue siendo el paradigma a través de la cual se ha intentado atajarlo. Como quedó claro en la última Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre las drogas (UNGASS, 2016), no hay un consenso global sobre una estrategia que supere la prohibición y potencie una nueva de atención social y sanitaria. La prohibición es fuente de ganancias y alimenta la inequidad del sistema del que se aprovecha el crimen organizado, y por ahora no hay signos de que esto vaya a cambiar.

Mas aún, si se atiende a las expectativas en materia de control del crimen organizado en América Latina en 2020, el panorama no resulta muy halagüeño. Aunque en 2019 disminuyó el cultivo de coca, la producción sigue estando en máximos históricos; aunque aumentan las incautaciones (UNODC 2019), los cárteles siguen obteniendo ingentes ganancias.

La detención de los grandes capos no se traduce en el desmantelamiento de las estructuras; más aún, desde la detención del Chapo, la presencia del Cártel de Sinaloa ha crecido no sólo en México, sino en EE.UU. y Colombia. Un golpe contra el narco en una zona sólo conlleva que el problema se traslade a otra; lo que se conoce como efecto globo o efecto cucaracha.

México afronta, además, la diversificación de la oferta de drogas. Los cárteles mexicanos son los comerciantes mayoritarios de la cocaína andina, los mayores productores de heroína en el hemisferio occidental y, junto a China, es el mayor proveedor de fentanilo, un opioide altamente adictivo que causa 177 muertes al día por sobredosis en Estados Unidos.

Asimismo, la tradicional división entre países consumidores y productores ha desaparecido. Según UNODC, el número de consumidores ha crecido un 30% entre 2009 y 2017. Este aumento se instala especialmente en países de renta media como México, mientras que permanece estable en los países ricos. Un buen ejemplo es el auge del consumo de fentanilo en Baja California, o las dimensiones epidémicas del uso no medicado del opioide Tramadol en África.

Veremos si el 1 de enero de 2020 López Obrador es capaz de presentar resultados. Muchas vidas se habrán salvado si así lo hace, aunque no parece fácil. Las medidas sociales tan necesarias para atender los déficits estructurales que alimentan al crimen no se cambian en pocos meses. Años de olvido y deterioro institucional requieren un trabajo sostenido de largo plazo. El panorama internacional tampoco ayuda: el presidente estadounidense va a seguir presionando sobre México para mostrar su fuerza como guardián de los EE.UU. más conservadores, mas aún en plena campaña electoral. No hay cambios relevantes en la política global de drogas y la situación de inestabilidad política regional facilita la expansión de los cárteles.

Este año será, sin duda, decisivo para México. El país dio un importante giro político desmarcándose de la tendencia política regional, pero la violencia le ancla. Falta conocer la hoja de ruta de López Obrador, pero por lo pronto podemos sugerirle un primer paso: mejorar los procedimientos y coordinación entre los cuerpos de seguridad y el sistema judicial, para evitar que los defectos de procedimiento sean la primera puerta hacia la impunidad.

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