México: no, no nos moverán

Decir que la complejidad de la crisis que vivimos no tiene precedente histórico no es un recurso retórico, es una realidad. Quienes nacimos después de la Segunda Guerra Mundial, como bien dice Angela Merkel, jamás habíamos vivido algo parecido. El mundo entero se mueve en un pantano de incertidumbre en el ámbito sanitario, pero también en el económico, el político e incluso el científico.

De manera involuntaria, la humanidad entera está inmersa en un gran laboratorio. Frente a la realidad amenazante de la Covid-19 se han puesto a prueba, de manera simultánea, regímenes democráticos que autoritarios; líderes populistas o no; países gobernados por mujeres o por hombres; economías fuertes y las que no lo son. No sólo los gobernantes, los epidemiólogos también han presentado rutas alternativas de gestión de la pandemia. Frente a escenarios más o menos similares, en el futuro estudiaremos qué decisiones sanitarias, económicas y políticas se tomaron y compararemos resultados.

La pandemia llegó a México tres meses después de lo que se tiene detectado como el inicio de ésta en China. Desde principios de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso a la cabeza al subsecretario Hugo López Gatell. En el mes de enero, que hoy parece tan lejano, México se enfrascó en una discusión sobre la desaparición del Seguro Popular, que sería sustituido por el Instituto de la Salud para el Bienestar (Insabi). El Gobierno justificó el cambio con base en acusaciones de corrupción en la operación y manejo de fondos que la Federación había transferido a los estados para la construcción de hospitales y atención a la población no asegurada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La medida generó un fuerte enfrentamiento entre gobernadores de diferentes signos políticos y la Presidencia de la República. No es el lugar para hacer un análisis sobre la conveniencia o no del cambio; baste decir que la pandemia llegó a México en medio de un proceso de transición de paradigma sanitario y en un momento de álgida tensión política en el sector.

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La gestión de la pandemia en México se puede caracterizar por cuatro cuestiones esenciales: la concentración del poder en la figura del presidente López Obrador, la exacerbación de la polarización política, la confrontación con el sector empresarial por los planes para afrontar la crisis económica y la inacción del Poder Legislativo.

Desde mediados de marzo, el presidente estableció que López Gatell diera todos los días una conferencia de prensa vespertina con el propósito de informar del desarrollo de la pandemia, el número de contagios, los casos activos confirmados, los casos negativos y los fallecimientos. Fue decisión del Gobierno federal hacer un número mínimo de pruebas. López Gatell optó por el método Centinela, cuyo objetivo es entender la evolución de la pandemia y no tener un registro, ni siquiera aproximado, del número total de enfermos y fallecidos. Esto se comunicó de manera muy deficiente, lo que generó no sólo la convicción de que había un sub-registro importante, cuestión que el subsecretario conocía perfectamente porque así está diseñado el modelo, sino también una desconfianza creciente en las cifras oficiales y el consecuente desgaste político del vocero. La inflexibilidad del Gobierno federal para aumentar el número de pruebas propició enfrentamientos importantes con gobernadores que quisieron importar con recursos estatales un mayor número de test. Para frenarles, se tomaron las medidas burocráticas necesarias, y esto agudizó el conflicto iniciado a raíz de la creación del Insabi.

Tres decretos son importantes para entender la concentración del poder en el Ejecutivo y, de manera más precisa, en la figura presidencial. El 23 de marzo, el Consejo de Salubridad General considera a la Covid-19 como una enfermedad grave de atención prioritaria; se facultó a la Secretaría de Salud a tomar todas las medidas necesarias para combatir la pandemia, lo que abrió la puerta para que todas las compras necesarias para atender la emergencia se hicieran sin ningún tipo de licitación. Una semana más tarde, el 30 de marzo, se declaró la ‘emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor’, un cambio cualitativo sobre la forma en la que el Gobierno mexicano veía la crisis sanitaria.

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Casi un mes después, el 23 de abril, se publicó el decreto firmado por López Obrador, las secretarias de Gobernación y Función Pública y el secretario de Hacienda y Crédito Público. Éste violentaba el orden constitucional y legal. Facultó al Ejecutivo para que, en caso de una emergencia, vagamente definida, pueda alterar de manera unilateral el Presupuesto, aunque esto contravenga claramente el principio de la división de poderes. Estableció 38 actividades prioritarias que no deberán alterarse por cuestión de la Covid-19, entre los que están los tres proyectos más importantes para el presidente: el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. A pesar de que el IMSS reconoció que en marzo y abril se perdieron 690.840 empleos formales, el decreto asegura que se crearán dos millones de puestos de trabajo para fin de año. El texto tiene la misma tónica que el Plan Nacional de Desarrollo publicado en 2019: a partir de declaraciones ideológicas, se establece lo que el presidente desearía que suceda, no lo que es factible llevar a cabo con una política económica definida.

El decreto arranca con el siguiente proemio: «De conformidad con los criterios que nos rigen de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia, y ante la crisis mundial del modelo neoliberal, que sin duda nos afecta, propongo la aplicación urgente y categórica de las siguientes medidas«. En pocas palabras, se sintetiza magistralmente tanto el personalismo del presidente como su persistencia en el enfrentamiento ideológico con quienes, desde el principio de su gobierno, ha declarado sus enemigos. El neoliberalimo causa la crisis actual, no la Covid-19; la honestidad y la austeridad son las herramientas fundamentales para afrontar el desafío.

En el discurso presidencial no ha habido una sola convocatoria a la unidad nacional para encarar la pandemia. Por el contrario, las conferencias matutinas han exacerbado el discurso amigo-enemigo; no ha habido ni un mínimo guiño a los partidos de oposición; se insiste cotidianamente en la corrupción empresarial y de gobiernos anteriores; se descalifica a la prensa crítica con el epíteto de conservadora; prevalece el menosprecio por las organizaciones de la sociedad civil, en especial aquéllas que han hecho señalamientos de corrupción en el avituallamiento de equipo médico. En un exceso retórico, se fue incluso contra el personal médico que atiende la pandemia, a quien calificó de “avariciosos mercantilistas”, lo que generó airadas reacciones de la sociedad.

Las medidas que se han dado a conocer para combatir la crisis económica derivada de la sanitaria no hacen sino confirmar las principales líneas del plan original del Gobierno de López Obrador: la preocupación por proteger a la población más pobre y vulnerable es de carácter asistencialista y se ejecutará mediante la entrega directa de recursos económicos a la población, sin un cálculo realista de cómo se obtendrán los recursos económicos que ello requiere. No los había antes de la pandemia, lo que provocó la renuncia de su secretario de Hacienda y Crédito Público, y menos los habrá ahora que a la crisis sanitaria se le ha sumado la caída histórica de los precios del petróleo, la desaparición de empleos, la disminución de recursos fiscales y la consecuente devaluación del peso frente al dólar americano, lo que restringe el margen para recurrir a un mayor endeudamiento.

El enfrentamiento con el sector empresarial ha sido directo. Queda claro que no habrá, bajo ninguna circunstancia, estímulos gubernamentales para apoyar a las empresas para que mantengan el empleo. López Obrador no puede imaginar ningún tipo de rescate al empresariado; considera que apoyarlo es una manera de enriquecer a los más privilegiados, lo que le resulta moralmente intolerable.

Por último, pero no por ello menos importante, es necesario hablar de la inacción del Poder Legislativo, que ha convertido el confinamiento en parálisis. Ha suspendido todo tipo de actividades, incluso las que podrían haberse hecho de manera remota. Para ilustrar este punto, valgan dos ejemplos: primero, se interrumpió de manera indefinida la tramitación de los nombramientos de consejeros del Instituto Nacional Electoral; segundo, han renunciado a cualquier labor de vigilancia sobre el gasto público, incluidas todas las compras sin licitación a proveedores nacionales o extranjeros y aquéllas que el gobierno mexicano ha pactado de manera directa con otros gobiernos. Más allá de la franca invasión del Ejecutivo sobre las facultades del Legislativo ya mencionada, el sistema de contrapesos, indispensable en cualquier gobierno democrático, aun en situaciones de emergencia sanitaria, se ha roto con la parálisis auto-infligida de los legisladores.

En resumen, la gestión de esta pandemia (que, a decir del presidente, “nos vino como anillo al dedo”) ha servido para reafirmar su estilo de gobernar, agudizar el enfrentamiento con los enemigos declarados del régimen y con decisiones de dudosa legalidad, aumentando la concentración de poder en su persona. Respecto a la eficacia de las decisiones sanitarias, habrá que analizarla a medio y largo plazo.

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1 Comentario

  1. Manuelñ de Jesús Ladorde
    Manuelñ de Jesús Ladorde 05-23-2020

    EXCELENTE el artículo de Maria Marván. Es lo más completo y equilibrado que he leído sobre la situación que estamos viviendo. Ojalá AMLO lo leyera y reflexionara, pero lo veo difícil por lo cerrado que está.¡Que Dios nos ayude!

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