Micro ‘green new deal’ en Alemania

Hace unos días, el Gobierno alemán anunció un paquete de medidas climáticas encaminadas a cumplir el objetivo de reducción de emisiones que se había planteado para el próximo año en 2030. El objetivo de bajar un 40% las emisiones de CO2 respecto a la referencia de 1990 no va a ser alcanzado (se estima que la reducción no llegará al 35%). Para 2030, se plantea el 55% de reducción. El reto es grande, porque además existe el compromiso de cerrar en 2022 las centrales nucleares que siguen en funcionamiento en el país. Éstas todavía generan algo más del 10% de la electricidad alemana y deberán ser sustituidas por renovables.

El paquete de medidas proyecta una inversión de 54.000 millones de euros en cuatro años, que se destinarán a distintos sectores de la economía para incentivar la descarbonización. Esta cifra hay que valorarla en función del Producto Interior Bruto de Alemania, 3,3 billones de euros, por lo que estamos hablando de una inversión adicional de escasamente el 0,4% del PIB anual. No es mucho. Si lo comparamos con el Green New Deal que propone el candidato a la nominación demócrata para las elecciones estadounidenses de 2020, Bernie Sanders, vemos que ese plan es de 16,3 billones de dólares, que es el 80% del PIB estadounidense, a aplicar en 10 años. Comparativamente, el plan Merkel es de menor duración y ofrece una inversión anual 20 veces menor que el Green New Deal de Sanders. No podemos, por tanto, hablar siquiera de ‘mini Green New Deal’; como mucho, de un ‘micro Green New Deal’.

[Con la colaboración de Red Eléctrica de España]

De todos modos, el plan ofrece novedades muy interesantes. Para empezar, se crea un sistema de comercio de carbono para lo que hasta ahora eran sectores difusos como el transporte y la climatización. A partir de 2021, estos sectores tendrán que pagar 10 euros por tonelada de CO2 emitido, cantidad que subirá año a año hasta los 35 €/t en 2025. Durante estos primeros años, el sistema funcionará como una tasa de carbono, pero a partir de 2026 se espera que lo haga como un sistema de comercio de carbono al uso, aunque de ámbito nacional y exclusivamente para esos sectores. Estos 35 €/t de CO2 emitido equivalen, por ejemplo, a 10 céntimos más por litro de gasóleo.

Esto supone, por primera vez en la UE, la extensión del comercio de carbono a sectores difusos. La lógica indica que en el futuro este sistema, o uno similar, se extenderá por el resto de la Unión, probablemente en virtud de alguna futura directiva comunitaria. Los objetivos de descarbonización llevan inexorablemente a la necesidad de gravar las emisiones de CO2 de toda la economía, no sólo las de los grandes emisores, como se ha hecho hasta ahora.

El paquete climático aporta otras medidas. Los vuelos internos en avión se van a encarecer a causa de su alto impacto ambiental, pero a cambio el Gobierno bajará el IVA del transporte en ferrocarril. Esta medida también es uno de los objetivos de la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, así que no tardaremos en verla aplicada en todo el continente. El plan también quiere fomentar la instalación de energía fotovoltaica y eólica (esta última estancada en los últimos meses en Alemania), con mayores primas o incentivos a los municipios que las instalen.

Más allá de esto, el plan está orientado más hacia las ayudas e incentivos que a las prohibiciones: se aumentarán las ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos, aunque también los impuestos a los coches más contaminantes. Los incentivos también aplicarán a las viviendas que instalen sistemas de climatización de bajas emisiones, de los que se subvencionará hasta el 40%, y se ofrecerán para la rehabilitación de edificios para hacerlos más eficientes energéticamente. La única prohibición que plantea el plan es a la instalación de sistemas de calefacción de gasóleo, que estará vedada a partir de 2026. En todo caso, esta medida se queda a medio camino de políticas más atrevidas, como prohibir cualquier sistema de calefacción basado en combustibles fósiles en las nuevas edificaciones, una iniciativa que ya se ha aprobado en alguna ciudad de EE.UU. y que incluso se debate en el Reino Unido.

El plan ha recibido críticas por parte de los colectivos ecologistas, del partido Die Grünen y de muchas instituciones científicas, sobre todo por fijar un precio de emisión de CO2 que consideran, de entrada, demasiado bajo para desincentivar el consumo de combustibles fósiles. Efectivamente, el precio podía haber sido más alto, pero la perspectiva de crecimiento del mismo en los años siguientes genera unas expectativas de encarecimiento progresivo y creo que sí condicionará futuras decisiones de compra e inversión; ya veremos si de forma suficiente.

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Sin embargo, el plan deja dos grandes vacíos. Por un lado, no acelera el abandono del carbón, fijado para 2038. Por otro, no se adivina un escenario de futura prohibición o limitación de la venta de vehículos de combustión interna, algo que sí han hecho muchos otros países europeos y que, probablemente, se percibirá como un trato de favor del Gobierno a la industria alemana de automoción.

Finalmente, un apunte importante: por cómo se ha presentado el plan y por el debate interno que lo ha precedido, se observa la certeza de que los costes de la transición ecológica no pueden recaer exclusivamente sobre las espaldas de las ciudadanía, y de ese convencimiento surgen las medidas como el abaratamiento de los billetes de tren, una deducción en la declaración de la renta para quienes tengan que usar el transporte para ir al trabajo o la declarada reducción de la tasa EEG en las facturas eléctricas (que ya estaba prevista antes del plan). En Canadá sucede algo parecido, con una especie de renta que devuelve a los ciudadanos lo recaudado por la tasa de carbono.

Muy probablemente esto sea insuficiente y la transición ecológica requiera de mecanismos pre y redistributivos mucho más potentes, pero al menos comenzamos a ver declaraciones a favor de una transición justa y medidas que pretenden acercarse a esas proclamas. Cuando se asuma que la transición ecológica debe resolverse paralela a la crisis de desigualdad que sufren casi todos los países, probablemente las medidas que se tomen serán mucho más osadas y su eficacia no estará tan cuestionada.

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