¡No enfrentemos las políticas de medio ambiente al poder adquisitivo!

El incremento de los impuestos verdes sobre la gasolina desencadenó, inicialmente, el movimiento de los chalecos amarillos en noviembre de 2018. El invierno de descontento que llegó con las protestas por la nueva tributación nos recuerda la importancia de conciliar la protección del poder adquisitivo con la del medio ambiente. 

Un hogar francés genera alrededor de 26 toneladas de CO2 al año, si se incluye el producido en el extranjero cuando se fabrican productos importados. Gracias a la capacidad nuclear de Francia, esta cifra se sitúa por debajo de la media europea. Si los hogares pagasen el ‘coste real’ por el CO2 que generan, estas 26 toneladas supondrían una tasa de 2.600 euros (‘per capita’) al año. Para un hogar medio, equivale aproximadamente al 50% de su presupuesto anual para alimentación. Y también equivaldría a doblar la factura promedio del IRPF francés. 

Por tanto, la mayor parte del esfuerzo está todavía por llegar. En Francia, el transporte es una de las industrias que más ha impulsado la incorporación del coste real del CO2. Sin embargo, incluso este sector en Francia está tan solo a medio camino de donde debiera estar. Los sectores de fabricación y construcción, ambos grandes generadores de CO2, también tienen un gran trabajo por hacer en esta materia.

[En colaboración con Red Eléctrica de España]

En Estados Unidos, el progreso ha sido incluso más lento. Desde 1990, las emisiones brutas de gases de efecto invernadero han aumentado aproximadamente un 2%. La mayor parte de la eficiencia subyacente al CO2, que conduce a la desconexión con el crecimiento económico, se debe a la sustitución del carbón por el gas natural en el sector de la energía eléctrica y a la presencia de un clima más cálido en invierno, que reduce la necesidad de carburante para la calefacción. El transporte ha contribuido muy poco a la labor, a pesar de ser el mayor emisor estadounidense de gases de efecto invernadero, ligeramente por debajo del 30% del total. 

Hace unos cuantos años, el consenso entre los expertos era que la reducción de las emisiones de CO2 se realizaría mediante un esfuerzo progresivo. También pensaban que el crecimiento económico suavizaría el coste del ajuste: un crecimiento anual del 3% sería suficiente para aumentar el PIB medio en una cantidad 10 veces superior a la necesaria para haber compensado el esfuerzo ecológico en 2030. Desafortunadamente, el promedio del nivel de renta ‘per cápita’ en Francia tan sólo ha crecido un 0,3% al año durante la última década.

La situación es peor para los hogares con las rentas más bajas: sus ingresos llevan estancados desde 2002. En Estados Unidos, el crecimiento ha sido más sólido (oscilando entre el 2% y el 3% al año excepto en los años de la crisis financiera). Sin embargo, la creciente desigualdad conduce a las clases media y media-baja a ver cómo sus ingresos permanecen invariables, al tiempo que se produce una inflación en la comida, la sanidad y la educación significativamente por encima de subida media de los precios. En otras palabras, su poder adquisitivo ha disminuido o, en el mejor de los casos, se ha mantenido estable. En consecuencia, los hogares de ingresos medios y bajos se encuentran atrapados entre ese estancamiento y el aumento del coste del CO2. No pueden contribuir sustancialmente a la ‘descarbonización’ de la economía.

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De acuerdo con el Observatoire francçais des conjonctures économiques (OFCE), para 2022 la trayectoria francesa de reducción de carbono costaría a la población francesa del quintil inferior de ingresos el 50% de sus ahorros. En contraste, la población situada en el quintil más alto apenas sentiría el pinchazo, dado que para ella representaría menos del 2% de sus ahorros. 

Una ‘bonificación para la transición ecológica’ (BCT) 

No hay duda de que debemos actuar para reducir las emisiones de carbono. Si no hacemos nada ahora, los costes directos en el futuro serán peores, por no hablar de los impactos indirectos, como el aumento de las migraciones climáticas. Sin embargo, la magnitud del esfuerzo requiere que nos aseguremos de llevarlo a cabo de la manera más eficiente posible, y que su enorme repercusión en el poder adquisitivo sea al tiempo entendida por y reducida para los más vulnerables. 

El coste de la transición ecológica será menor si priorizamos las soluciones con el coste más bajo por tonelada de CO2. Es mejor (es decir, menos oneroso en general) aislar las casas que consumen mucha energía que promover los biocombustibles: la diferencia puede ser de hasta 1.000 euros por tonelada de CO2.

De la misma forma, el coste de las fuentes de energía renovable se eleva hasta niveles absurdos si están mal situadas (por ejemplo: energía solar en espacios donde da poco el sol) o si conllevan costes desproporcionados de almacenamiento o ajuste entre la oferta y la demanda eléctricas. No todo lo verde tiene sentido: si elegimos soluciones que reducen el CO2 a un precio de 200 euros o dólares por tonelada en lugar de 100, el coste de reducir las emisiones se duplicará.  

Si bien es cierto que la forma más efectiva de descarbonizar la economía es hacer que la población afronte el coste real del CO2, también debemos considerar de manera sistemática los efectos distributivos sobre el nivel de renta. Si no lo hacemos, cada país comprometido con la reducción del CO2 tendrá que enfrentarse al rechazo popular y, como Francia ha demostrado, a la agitación de la población. Por lo tanto, los futuros aumentos en el coste del carbono han de ir asociados a mecanismos estructurales que fomenten la equidad.   

Una solución podría ser la implantación de una bonificación en el impuesto para la transición ecológica (BCT en sus siglas en inglés). Dicho impuesto se calcularía en función de las necesidades de movilidad y calefacción de los hogares. Y tal bonificación limitaría la reducción en los ingresos de los hogares al compensar el nivel inicial del impuesto al carbono, al tiempo que mantenga los incentivos para reducir las emisiones a medida que aumenten los costes de los productos de carbono.

Viabilidad, sencillez y protección

En Francia, las subvenciones a la descarbonización que ya existen se fusionarían con la creación del BCT, al tiempo que se garantizaría a las clases medias y medias-bajas (los chalecos amarillos) que los futuros aumentos en los targets de los impuestos verdes perseguirán objetivos en materia climática más que resolver dificultades presupuestarias ajenas a esta cuestión. Debido a que los chalecos amarillos han pedido más transparencia y participación en la forma en que se toman las decisiones públicas, los criterios concretos para asignar las bonificaciones podrían ser discutidos en una conferencia anual. En esta conferencia, los participantes intentarían alcanzar el mejor equilibrio posible entre la viabilidad, la sencillez y la protección de los ciudadanos más vulnerables. Al Igual que hacen los actuales bonos de empleo (similares al Crédito por Ingreso del Trabajo estadounidense, EITC), que existen de diferentes formas en varios países y son creados para evitar las trampas de los bajos salarios, el BCT eliminaría las trampas de la pobreza climática, muy probablemente generadas por los esfuerzos masivos de descarbonización que están por venir. 

Por supuesto, el BCT no es suficiente para hacer realidad nuestra ambición climática –también será necesaria más coordinación en Europa y a escala global, así como más innovación que nos ayude a reducir el coste del CO2. Pero cuando se trata del medio ambiente, nuestra aspiración colectiva debe ser más alta que nuestras expectativas. Y para satisfacer nuestras expectativas, esta aspiración necesita que el medio ambiente sea amigo del poder adquisitivo de la gente, no su enemigo.   

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