No perdamos el tiempo con la flexibilidad de las reglas fiscales

Los primeros pasos de la Gran Recesión se iniciaron con un shock financiero que condujo a una acción coordinada en el seno del G-20 por parte de las autoridades monetarias y fiscales. En materia presupuestaria, todos los gobiernos amplificaron la actuación de los estabilizadores automáticos, elevando los déficits para sostener la demanda. Esta estrategia era coherente y sostenible para aquellos países que se endeudaban en su propia moneda. Sin embargo, el rápido crecimiento de la deuda pública en algunos países de la zona euro, que no emiten en su propia moneda, comenzó a tensionar sus tipos de interés ante las incertidumbres que se abrían sobre su capacidad de devolución, es decir, sobre su propio mantenimiento en la Unión Monetaria, comenzando a cotizar en los mercados, de algún modo, el riesgo de re-denominación, de ruptura del tipo de cambio fijo, de salida de la eurozona.

Si bien la acción fiscal expansiva coordinada era necesaria a nivel global, su concreción en la zona euro, al implementarse de manera individualizada por cada uno de los gobiernos nacionales, abrió la puerta a la crisis soberana que estallaría tiempo después, a partir de 2010. Y esta segunda crisis, más profunda y estructural que la primera, sólo comenzó a remitir a partir del Consejo Europeo del verano de 2012, que supuso un giro de 180 grados en la aproximación al problema. Ya no se trataría sólo de soluciones nacionales, sino de impulsar un plan conjunto, financiado solidariamente, que se iniciaba con el proyecto de la Unión Bancaria. Los bancos no volverían a tener una regulación, una supervisión y una cobertura de pérdidas nacionales en caso de crisis, sino que sería el conjunto de la Unión la que haría ese trabajo y abordaría los costes en caso de una quiebra bancaria, sujeta siempre a la absorción de pérdidas, en primer lugar de su conjunto de acreedores, para minimizar el uso de dinero del contribuyente.

Desde entonces, junto a otras medidas vinculadas de nuevo al uso de financiación solidaria a través de distintos instrumentos hasta la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM, en sus siglas en inglés), la crisis comenzó a atenuarse de la mano, también, del proceso de ajuste interno de los precios relativos como única vía ante la ausencia de un auténtico Presupuesto de la zona euro.

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Por cierto, ante el tamaño de la crisis, las reglas fiscales europeas no fueron observadas puntualmente por los gobiernos nacionales; porque, digámoslo claramente, quien realmente disciplina la emisión de deuda pública no es la Comisión Europea, sino los mercados que compran o venden diariamente los títulos. Es importante tener esto presente en estos momentos.

Pues bien, la crisis del coronavirus ha vuelto a situarnos ante el espejo. Y nuestra caja de herramientas sigue estando incompleta para abordar con seguridad no sólo el impulso de nuevas políticas fiscales discrecionales expansivas, sino el simple uso de los estabilizadores automáticos. El camino iniciado con la Unión Bancaria no está finalizado y nos expone a esta crisis sin un instrumento presupuestario común.

En este debate, con la experiencia de la crisis pasada, flexibilizar la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento o ampliar el uso de las ayudas de Estado, como propone la Comisión Europea, no son la solución y pueden llegar a ser contraproducentes. La crisis empeorará automáticamente los saldos fiscales, ayudando a contener la caída de la demanda interna, pero funcionará si y sólo si no se generan dudas sobre la capacidad de devolución de ese nuevo endeudamiento por parte de los estados. Y debemos recordar que el nivel de deuda pública en algunos países ya es demasiado elevado. Por este motivo, el capital político no debería gastarse en batallar por cambiar unas reglas que, en cualquier caso, no son la restricción última de la acción fiscal, sino nuestros acreedores quienes pueden volver a dudar en cualquier momento de nuestra capacidad de repago.

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Por ello, la acción fiscal debe ser esencialmente mancomunada y en la línea de las otras propuestas de la Comisión para activar el uso del Presupuesto de la Unión Europea. Ahora bien, la orientación de fondos ya presupuestados para otros destinos hacia los sectores sanitarios o pequeñas empresas no va a tener ningún efecto anti-cíclico si no se eleva la cuantía disponible. Se necesita una aproximación agresiva, como afirmaba Ursula von der Leyen sobre las medidas sanitarias de contención, también en el ámbito fiscal pero solidaria, y eso no pasa por ampliar el margen formal, de iure, de los límites de déficit ante la amenaza cierta de quienes nos pueden comprometer de facto, nuestros acreedores.

Una primera opción puede pasar por incrementar la capacidad de actuación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) con un incremento de su capital que ya estaba planeado bajo el Green Deal. Se necesita apalancar los fondos disponibles en el Presupuesto comunitario para amplificar su efecto, y el BEI puede realizar la misión, si bien sería urgente ese aumento de su capital con una respuesta mancomunada de los estados.

En segundo lugar, la Comisión puede presentar una revisión del reglamento del European Financial Stabilisation Mechanism, creado en 2010 para proveer de liquidez a los estados previo a la fundación del Mede. Este instrumento financiero con capacidad para endeudarse, con garantía del Presupuesto comunitario, por un total de 60.000 millones de euros, aún tiene sin ejecutar unos 14.000 millones, que bien podrían levantarse en estos momentos en los mercados para alimentar un programa específico para la lucha contra la crisis del coronavirus.

Y en tercer lugar, no debiéramos dejar de analizar qué podría hacer directamente el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Ciertamente, su misión central es proveer liquidez a los estados en riesgo de ruptura del tipo de cambio fijo, al igual que el Fondo Monetario Internacional, y la posibilidad de ofrecer líneas precautorias sin programas quedaron colgadas ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo sobre la revisión de su tratado de funcionamiento el pasado diciembre. También es cierto que la solicitud de tales líneas acarrea un coste reputacional que nadie desearía sin la amenaza directa de los mercados. En cualquier caso, se podría instrumentar un paquete de estímulo acordado a nivel europeo, donde participaran todos los estados, y financiado conjuntamente a través del Mede.

En el área monetaria, el Banco Central Europeo comunicará en breve su paquete de medidas. En cualquier escenario, habría que evitar generar problemas adicionales sobre la estabilidad financiera. Algo tendríamos que haber aprendido de las crisis bancarias de la última década. En este sentido, habría que analizar la modulación de los requerimientos de capital anti-cíclicos de las entidades bancarias. Estos instrumentos están diseñados para que sean usados en estos casos y parece evidente que nos enfrentamos a riesgos notables de recesión. Habría que ampliar, igualmente, la compra de deuda en los mercados secundarios, pero analizar cuidadosamente una rebaja adicional de tipos para evitar poner en riesgo la frágil estabilidad financiera, que pondría de nuevo en cuestión la propia transmisión de la política monetaria.

En todo caso, la guerra del petróleo nos ofrece, al menos, una vía de alivio que, sin duda, compromete el cumplimiento del mandato del BCE, pero que debería colaborar en la recuperación de la economía.

En fin, nos enfrentamos a una recesión en un momento delicado para la economía europea y para el propio diseño institucional de la ‘zona euro’, que sigue adoleciendo de un instrumento fiscal que deja, sin decisión complementaria, el grueso de la responsabilidad a los estados miembros. Sin embargo, la crisis soberana de 2010 nos exhorta a afrontar esta situación de una manera distinta a lo que se hizo en 2007-08, exigiendo ahora una respuesta fiscal europea. Perder el tiempo en flexibilizar las reglas fiscales ahora no merece la pena. No ayudará en nada si los planes presupuestarios no son creíbles para los mercados y perderemos el tiempo para solicitar un impulso presupuestario común. Estamos, pues, ante una oportunidad clave que exigirá algún envido en el camino; especialmente si algunos países se centran en intentar responder por su cuenta.

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