No ponerse de acuerdo no debería salir gratis

La noticia se confirmaba la semana pasada: el 10 de noviembre habrá nuevas elecciones generales. Y ello pese a que la única certeza que teníamos, en unas semanas en las que los encargados de formar Gobierno parecieron estar mareando la perdiz, era que los ciudadanos no querían una repetición electoral (un 64% se mostraba contrario a volver a las urnas). La clase política, una vez más, no ha estado a la altura de las circunstancias (ya habíamos estado 10 meses con un Gobierno en funciones). No ha sido capaz de generar consensos sin renunciar al pluralismo, que es la esencia de la democracia. Podríamos estar ante un caso de desacuerdo estratégico (strategic disagreement), que significa que las partes evitan el mejor acuerdo que se puede obtener, dadas la circunstancias, para buscar ganancias políticas.

Y es que, en los últimos cuatro años, España ha experimentado un clima de inestabilidad política inédito en su historia democrática. Hemos llegado más tarde que los belgas (quienes estuvieron hasta 500 días sin Gobierno, entre 2010 y 2011) o los italianos, pero lo hemos hecho a lo grande. Desde enero de 2016 se han sucedido tres ejecutivos de distinto signo político (ninguno de ellos con mayoría absoluta); han tenido lugar dos mociones de censura (la primera fallida; la segunda, capaz de prosperar, un hito en nuestra democracia); se ha configurado un arco parlamentario altamente fragmentado y con pesos más repartidos que obligan a introducir la cultura del pacto; se ha generalizado la práctica de los Presupuestos Generales del Estado prorrogados y, finalmente, el jefe del Estado no ha propuesto un candidato a la investidura, convirtiéndonos en un caso único en Europa. Los hechos lo evidencian: la clase política ya no es capaz de hacer política y la ciudadanía está cansada.

En este contexto, España afrontará sus cuartas elecciones generales en cuatro años, apelando a un elector que ha sido llamado al voto en varias ocasiones a lo largo de este año (municipales, autonómicas, nacionales y europeas). Ante esta situación de ingobernabilidad, algunos han empezado a señalar como problemático que nuestro sistema no establezca un quórum que haga más válido un resultado electoral. De hecho, dado que el voto no es obligatorio (sí lo es en Bélgica o Chipre, por ejemplo), el resultado dependerá de los que aguanten unas nuevas elecciones tan cercanas en el tiempo, con independencia de que supongan el 20% o el 70 % de la población en edad de votar. Éstas son las reglas y, con ellas, nada impide que la situación de bloqueo vuelva a repetirse.

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¿Qué podría hacerse para impedir una eterna reválida electoral? Lo cierto es que nuestro sistema no contempla ningún mecanismo para que no salga gratis no ponerse de acuerdo. De hecho, en los comicios de noviembre concurrirán prácticamente los mismos partidos, los mismos líderes, probablemente incluso los mismos programas, y hasta el resultado podría ser el mismo. Si bien hasta 2011 nuestro sistema político había penalizado el pluralismo de opciones partidistas pero, a cambio, había permitido la estabilidad gubernamental necesaria para consolidar la democracia española, lo sucedido ha puesto de manifiesto que nuestro sistema electoral no cuenta con mecanismos eficaces que o bien impidan llegar a esta situación, o bien permitan gestionarla penalizando la celebración de unas nuevas elecciones por falta de acuerdo. De hecho, cuando en 2016 se reformó la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), lo único que se aprobó para cuando se tuvieran que repetir elecciones fue (1) reducir los plazos del procedimiento electoral, de 54 a 47 días; (2) reducir la campaña a una semana y (3) rebajar sus gastos.

Ahora bien, en la experiencia comparada (también en la nacional), existen distintos arreglos institucionales que persiguen facilitar la conformación de gobiernos. Algunos operan ex-ante, alterando el resultado electoral para prevenir la falta de consenso o una situación de ingobernabilidad. Entre ellos estarían el premio de mayoría, en países como Grecia, Italia o San Marino, o la segunda vuelta (ballotage), siendo el caso más ilustrativo el de Francia.

En España también existen mecanismos de este tipo en otros niveles de gobierno, como facilitar la elección del cabeza de la lista más votada. Es el caso de los alcaldes, los cabildos insulares en Canarias o de algunas comunidades autónomas como Asturias y País Vasco.

Otros mecanismos operan ex-post. Entre ellos, tendríamos uno muy extravagante como es el Gobierno técnico o tecnocrático, al que se recurre en Italia en el caso de que el sistema de partidos no logre conformar un Ejecutivo y se dé una situación de crisis. El ejemplo más reciente es el Governo Monti (2011-2012), constituido por personas con competencias técnicas, con prestigio académico o profesional y ajenas a la vida política.

Concretamente, veamos cómo podrían funcionar algunos mecanismos para desbloquear una situación de no configuración de Gobierno en el caso español. He aquí varias medidas:

  1. Aunque somos conscientes de que es la Constitución la que establece este procedimiento (artículo 99), cambiar el actual proceso de dos votaciones en la sesión de investidura al candidato que propone el jefe de Estado a tres vueltas, como sucede en Alemania y Portugal, o cuatro, como en el caso sueco, o incluso ilimitadas, como en Irlanda e Italia (vueltas sucesivas) favorecería que los partidos se vieran abocados a tener que entenderse y no nos llevasen a unas elecciones dos meses después del fracaso de la primera votación. De hecho, Suecia, al igual que Portugal, encaja dentro del llamado parlamentarismo negativo: el Gobierno entra en funcionamiento a menos que haya una oposición clara. Así, se necesitaría una mayoría absoluta para evitar su formación. No obstante, esta medida requeriría una reforma constitucional, lo que la convierte en una opción difícilmente practicable.

  2. Iniciado el procedimiento conforme a lo establecido en el artículo 99, si los números no garantizasen la investidura, podría permitirse que el candidato que haya obtenido un mayor número de votos quedase investido. Para la adopción de esta medida bastaría que los partidos realizasen un pacto público en el que se comprometieran a asumir esta solución para evitar ir a nuevos comicios. De hecho, un modelo similar es el que se aplica en Castilla-La Mancha (aunque con una fragmentación partidista muy inferior a la nacional), donde sucede lo siguiente: el presidente del Parlamento remite el nombre del candidato al Pleno, que tiene que apoyarlo por mayoría absoluta o simple. Si no es elegido, en dos meses hay nuevas sesiones de investidura. Si, aun así, no hay una candidatura con los suficientes apoyos, en dos meses se designa automáticamente al del partido que tenga más escaños (así lo establece el artículo 14.5 de su Estatuto de Autonomía).
  3. A modo de sanción, en caso de que se convocasen nuevas elecciones por falta de acuerdo, los partidos políticos perderían todas o gran parte de las subvenciones que les corresponderían conforme a la normativa vigente. Ello se justificaría ante la necesidad de cubrir los costes que genera la celebración de unos nuevos comicios. Por analogía, si cuando un trabajador no cumple con su encargo eso tiene consecuencias sobre su trabajo, parecería lógico que si nuestros representantes no son capaces de cumplir el mandato representativo, deban tener algún tipo de sanción. La falta de acuerdo llevaría, así, a una situación en la que todos los jugadores perderían.

Y si ninguna de estas opciones convence, siempre podríamos inspirarnos en aquello que decía Mariano Rajoy de que “es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde”; o, dicho de otra forma, imitar el procedimiento que se da a nivel local de que si no hay una fuerza que obtenga la mayoría simple, se designa automáticamente como alcalde al cabeza de lista del partido más votado.

En esencia, se trata de hacer reglas de investidura fáciles y de establecer mecanismos que desincentiven la falta de acuerdo, en aras del respeto al principio de soberanía popular. De seguir en esta situación de bloqueo constante y de falta de entendimiento del nuevo sistema de partidos (multipolar y volátil), existen alternativas que pueden adoptarse (bien por la vía de la reforma normativa, bien por la del compromiso político) para que esta situación no vuelva a repetirse. El enfado ciudadano ante lo ocurrido exige que no sea tomado a la ligera. Eso precisamente escribió Oscar Wilde: “El mayor de los vicios es la ligereza”.

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