Nuevo Gobierno danés, ¿más de lo mismo en inmigración?

Aunque no se lo parezca a todo el mundo (igual por haber vivido bajo la sombra de otros países nórdicos), Dinamarca ha sido considerado un destino inhóspito para las personas extranjeras desde hace años. Desde luego, no después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la industria danesa absorbió un buen número de trabajadores extranjeros, especialmente de Turquía, pero sí a partir de la crisis de 1973, cuando las leyes del país facilitaban la inmigración procedente sólo de otros países nórdicos.

Esta lógica de la priorización nacional, que se ampliaría posteriormente a los originarios de otros países europeos, ha sido una constante de la política de inmigración danesa que seguramente también explica también por qué el país, a pesar de formar parte de Schengen, mantiene un opting-out (refrendado en referéndum, el último en 2015) en materia de política de interior y justicia común. Esto supone, de facto, poder decidir no participar en las diferentes acciones de la política de inmigración y asilo europeas. Y también explica el debate que existe en el país sobre la integración; muy intenso en un país que, por lo demás, tampoco es uno de los principales destinos migratorios de Europa.

Población residente en países de la UE (2016)

Número de solicitudes de asilo en los países de la UE (2017-2018)

En este contexto, y especialmente desde 2016, las acciones del Gobierno danés en materia de inmigración y asilo han sido miradas con recelo por muchas organizaciones de derechos humanos. Las nuevas normativas de control de fronteras, la ley de confiscación de bienes de la población refugiada y el endurecimiento de los procesos de reagrupación familiar han ido configurando un escenario cada vez restrictivo. La preponderancia de los instrumentos para facilitar la incorporación de las personas recién llegadas se ha cambiado por el enfoque de primero, trabajo, y por un mayor uso de instrumentos como la expulsión y el retorno.

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Sirvan algunos ejemplos para entender que el entorno hostil a la inmigración no es cosa sólo de la Inglaterra del ‘Brexit’, sino también de otros países de la UE continental. En 2014, y ante el aumento de las solicitudes de asilo de eritreos que huían de la obligación del servicio nacional indefinido, el Servicio de Inmigración danés revisó la categoría del país africano para evitar que esta circunstancia, por sí sola, pudiera considerarse motivo para ofrecer protección internacional, lo que ya generó preocupación en Naciones Unidas.

En enero de 2016, el Parlamento danés aprobó una nueva normativa que permitía confiscar los bienes que llevaran consigo las personas refugiadas que llegaban al país, siempre que superaran un valor de 10.000 coronas (unos 1.300 euros) y no tuvieran valor sentimental. ¿La razón? Servirían para costear el tratamiento de cada persona refugiada en Dinamarca, recalcando así que el Estado de Bienestar danés no se vería de ningún modo afectado.

Las ayudas sociales dejaron de llamarse así para las personas migrantes y refugiadas y pasaron a denominarse ayudas de integración, a la vez que se recortaban casi la mitad, una información que se publicó también en los periódicos libaneses para reducir la capacidad de atracción del país nórdico.

Las acciones contra daneses que han ayudado a refugiados bajo la acusación de participar en redes de tráfico de personas también han pervertido los intentos de solidaridad y apoyo de buena parte de la población del país.

En 2018, el Gobierno anterior tomó la decisión de convertir la isla de Lindholm (conocida como la isla de la gripe) en un espacio para acoger a las personas refugiadas a partir de 2021. Habrá que ver si el nuevo Gobierno socialdemócrata considera que está iniciativa de esconder la población refugiada en islas abandonadas, que hace pensar en Australia pero también recuerda mucho a los albergues para mujeres disolutas que hubo en la danesa isla de Sprogø hasta 1961, es una buena manera de hacer política de inmigración en un Estado social y de derecho.

Por cierto, se estima que la partida para el proyecto Lindholm, que está incluido en el Presupuesto nacional de 2019, ronda los 100 millones de euros, pero no va a ser destinado ni a cursos de idiomas, formación laboral o otras cuestiones vinculadas con la integración.

La lógica de estas acciones (que para nada es exhaustiva) responde a las líneas principales del xenófobo DPP danés, que ha dado su apoyo al partido liberal hasta hace poco en el Gobierno. En primer lugar, hacer más difícil que las personas extranjeras (migrantes, pero también refugiadas) lleguen a Dinamarca. Y segundo, hacerles más difícil que quieran continuar en el país una vez están allí. Ésta es la herencia migratoria que recibe la nueva primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y que parece que va a seguir ejecutando.

La socialdemocracia danesa ha ganado, sí, pero también el discurso del DPP en materia de inmigración y asilo. Sólo la necesidad de otros partidos, especialmente los verdes, determinarán si el nuevo Gobierno danés cambiará la política de inmigración que lleva aplicando el partido liberal en los tres últimos años.

Esto invita a una reflexión imprescindible a la hora de hablar de este asunto: hay que hablar mucho más de políticas y salir de los debates infructuosos que no generan propuestas, pero sí animan el miedo y los recelos. Y es una reflexión imprescindible para los partidos tradicionales, que están siendo especialmente rápidos en copiar los discursos populistas en materia de inmigración. En el caso de la socialdemocracia, éste no es un debate nuevo: de hecho, ya hace tiempo que algunas voces procedentes de estos partidos creen que para no perder la batalla contra el populismo xenófobo, lo mejor es recoger su mensaje, atenuarlo un poco y rentabilizarlo en votos.

Hace pocas semanas, el profesor neerlandés Cas Mudde escribía sobre la falta de visión a largo plazo de los partidos denominados de izquierda que buscaban copiar el discurso populista sobre inmigración que la extrema derecha populista ha ido esparciendo por Europa. Por su parte, José Fernández Albertos recordaba la necesidad de la izquierda de replantearse su agenda política para defender más igualdad y más democracia en una Europa distinta a la de hace 50 años y con unos retos globales también muy diferentes (cómo por cierto, están haciendo los partidos verdes en muchos países europeos).

Parece necesario, para ello, que se deseche el marco narrativo que ha puesto encima de la mesa la extrema derecha populista y que obliga a todos a jugar con sus reglas. Hoy, la cosa no va de confrontaciones identitarias. Es cierto que las identidades colisionan, pero también se imbrican, se mezclan o combinan en marcos normativos compartidos. Es cierto que hoy, en el siglo XXI, se requiere de tiempos y formas distintas de explicar la diversidad. Pero pensar que sólo las respuestas nativistas van a mejorar las condiciones de vida de las personas es faltar a la verdad.

En la Dinamarca de hoy, parte del debate público es la supervivencia del Estado de bienestar y de su capacidad de reducir las desigualdades. Seguro que, para luchar contra ellas, otra política migratoria es necesaria. Pero no sólo. Hay otras reformas estructurales que no pueden seguir escondiéndose detrás del miedo al otro.

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1 Comentario

  1. Peter W
    Peter W 06-15-2019

    Artículo interesante y mejor informado que la mayoría de los que se escriben sobre Dinamarca. Pero sigue repitiendo el mismo error que muchos otros. La isla de Lindholm no va a acoger a las «personas refugiadas». Solo a aquellos extranjeros que hayan cumplido condenas de cárcel y que también hayan sido condenados a la expulsión del país, algo que sólo ocurre con delitos muy graves. O sea, a Lindholm solo irán (si es que finalmente se lleva a cabo el proyecto) narcotraficantes, violadores, asesinos, miembros de bandas criminales, etc. Las personas refugiadas que no hayan cometido delitos graves, obviamente la gran mayoría, no pisarán Lindholm. Es un detalle clave.

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