Oportunidad para construir una nueva década en América Latina y el Caribe

La historia reciente de América Latina y el Caribe (ALC) tiene nombre de décadas. La década perdida en los 80s, la ola rosa de los gobiernos de izquierda en los 00s, etcétera. La que acabamos de cerrar seguramente se recordará como la de la confianza perdida: corrupción, violencia, desigualdades y captura política al más alto nivel han generado un descontento social con el sistema de difícil solución.

Con la crisis actual, la región afronta el reto de la recuperación post-Covid-19. Sin embargo, hablar de ella en ALC pasa por hablar de democracia, justicia social, derechos de las mujeres, cooperación y, sin lugar a dudas, de más y mejor igualdad. Ahora que empezamos una nueva década, abrimos una reflexión sobre los retos de unas sociedades que necesitan urgentemente recuperar la confianza en el contrato social.

Desigualdad

América Latina es la región del mundo con mayor desigualdad de renta. Encontramos paradojas como que el mejor país de la región ópara hacer negocios –según el ‘Doing Business Report’ del Banco Mundial– es el más desigual de la OCDE. Hablamos de Chile, país que ha vivido recientemente un clima de agitación social solo calmado por la pandemia. Es también el caso de Colombia, uno de los mejores países para la inversión minera –según el Fraser Institute Annual Survey of Mining– pero a su vez el de mayor desigualdad en la propiedad de la tierra, con el segundo mayor número de asesinatos de personas LGTBI en la región y que, según Transparencia Internacional, ocupa la posición 96ª de 180 en percepción de la corrupción.

El principal problema es la obcecación por ver la desigualdad unidimensionalmente. En cuanto abrimos nuestra perspectiva, los datos asombran. Es el caso del acceso a la salud donde ALC no llega, de media, a dos doctores y sobrepasa ligeramente las dos camas de hospital por cada 1.000 habitantes. Aunque parezca mentira, los números de países como Guatemala y Haití no difieren tanto. No es difícil, por lo tanto, encontrarnos con casos como el de Sao Paulo, donde la diferencia en la esperanza de vida entre un barrio pudiente y otro pobre es de 25 años.

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En materia de género, hablamos de la zona más peligrosa del mundo para las mujeres, con tasas de siete feminicidios por cada 100.000 habitantes en El Salvador; los registrados por las autoridades. Si se registraran todos, la magnitud del número sería más terrible. Lo mismo sucede en relación con la discriminación que sufren las mujeres en el acceso a instituciones sociales o la violencia que sufren, por ejemplo, las defensoras del territorio y el medio ambiente, como varias organizaciones nos recuerdan. Olvidar a las mujeres es inaceptable y la situación actual debe ser un catalizador para que esto no suceda.

Democracia

Hablar de América Latina y el Caribe empuja a hablar de democracia débil, en la que los números de satisfacción de la población sonrojan (39,6%) y evidencian una brecha estructural de difícil pero ineludible solución.

Son pocos los países en los que la corrupción no ha llegado al nivel más alto. No sólo de forma esporádica, al contrario: la región ha presenciado la extensión de un fenómeno sistémico al que llaman captura política. Es decir, los intereses de ciertos actores han permeado la política –vía puertas giratorias, financiación de partidos, etc.– para favorecer sus intereses ante los de la población y el del sistema público general. A pesar de la inevitabilidad de la presencia de asimetrías de poder en una sociedad, el contrato social y la legitimidad del sistema quedan desacreditados cuando la balanza se inclina a favor de grupos minoritarios. Sin una solución a este fenómeno, la formulación de un nuevo contrato social es una quimera.

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Esta creciente concentración de poder está generando otro fenómeno perverso: el cierre del espacio cívico y la restricción de libertades que asuelan a todos los países de la región. El año pasado, Civicus nos relataba cómo en la región sólo Costa Rica, Surinam y Uruguay contaban con un espacio cívico ‘abierto’. En el resto de países oscilaba entre restringido o cerrado. Este fenómeno se puede agudizar con la crisis actual, en la que el estado de emergencia es la norma y las herramientas de control de la población se tecnifican y extienden.

Cooperación y gobernanza

A pesar de ser una región con grandes diferencias entre países, la mayoría se considera como de renta media alta. Esta clasificación, basada en el ingreso nacional per cápita, tiene varias implicaciones, pero una ellas es convertirlos en altamente atractivos para el capital privado internacional.

Este mayor foco del capital privado genera tres elementos a considerar: primero, ese capital se dirigirá hacia aquellos sectores –como las infraestructuras– en las que hay más interés (o margen de beneficio); segundo, los gobiernos estarán más expuestos a los vaivenes del capital internacional –como demuestra la reciente fuga de capitales de economías emergentes por la Covid-19. Finalmente, pese a la evidencia de necesitar fondos privados, la mayor inserción en los mercados financieros internacionales genera desafíos en materia de políticas y regulaciones para encontrar el equilibrio adecuado entre incentivos y privilegios. La creciente ola digital que se avecina acentuará la necesidad de equilibrios para no ahondar en nuevas brechas.

Estas conexiones globales e interdependencias con el sistema aparecen claramente en momentos de crisis como la actual. Esta vez, revela las debilidades y la falta de gobernanza global que hay en muchos ámbitos, lo que expone a las regiones más débiles y dependientes. Es aquí donde la comunidad internacional debe desempeñar un papel primordial, generando los espacios para que estas zonas geográficas puedan hacer oír su voz ante los dilemas y desafíos globales: no sólo la pandemia actual, sino la lucha contra el cambio climático, la gestión de la deuda externa o la lucha contra los paraísos fiscales.

Construyendo un nuevo contrato social

ALC, sus gobiernos y la comunidad internacional deben trabajar políticamente para construir consensos regionales y contribuir en los espacios globales. Consensos con la participación de diferentes actores, que deben conducir a la implementación de un paquete de medidas con el objetivo de construir un nuevo contrato social. Identificamos siete prioridades.

  • Amortiguar la crisis sanitaria y los primeros impactos de la caída económica y las fallas sociales asociadas. Son esenciales la cooperación y la coordinación, tanto en materia sanitaria como tecnológica y económica. Acceso a equipos médicos, la esperada vacuna o la implementación de medidas globales –cancelación/condonación de deuda, emisión de derechos especiales de giro, impuestos a la riqueza, etc.– para permitir financiar la recuperación de forma sostenible.
  • El sector público y la protección social universal en el centro de cualquier proyecto político en la región. Este proceso debe empezar a corto plazo para recoger frutos a medio y largo. Para ello es fundamental una reforma fiscal, que pasa inevitablemente por un modelo basado en el principio de progresividad y en el combate contra la elusión y la evasión fiscales.
  • Colocar el medio ambiente en el centro del modelo económico para la región. Los gobiernos deben evitar la lógica low hang fruit, replicando el modelo actual basado en el extractivismo y la producción de manufacturas sin valor añadido como salida fácil a la crisis.
  • Incorporar mediciones más realistas del desarrollo de una sociedad. Se debe superar la hegemonía de lo económico y defender aproximaciones más comprehensivas. Para ello, es necesario encontrar y revitalizar espacios de intercambio y cooperación regional que permitan encontrar consensos para que tengan un papel importante a nivel global.
  • Elaborar consensos de formas diferentes en tiempos diferentes. Ya no son sólo los gobiernos quienes deben ser el centro de las discusiones. Se debe incorporar a diferentes actores, como la sociedad civil local y el sector privado, para construir espacios y alianzas multi-actor.
  • Acelerar la acción política y los debates sobre la digitalización y su capacidad para reducir o ampliar brechas. Solo un 47,8% de los hogares tiene acceso a internet. Es una prioridad reducir la brecha digital para potenciar el capital humano y democratizar el acceso a la educación.
  • Reforzar y repensar el funcionamiento de la democracia y sus mecanismos de participación. Las desigualdades políticas se han recrudecido. Es urgente reducir la influencia de los actores más poderosos sobre la toma de decisiones e incorporar de forma inmediata a las mujeres en la vida política.

América Latina y el Caribe como región, y sus países, se encuentran ante un desafío que presenta también una oportunidad única para repensar el contrato social, colocando lo público en el centro. Un contrato social que sirva para incluir a los excluidos y encontrar el proyecto político, económico, social y medioambiental que convierta la tercera década del siglo XXI en la región en la de la igualdad, la democracia y el bienestar.

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