¿Otra ‘década perdida’ en Costa Rica?

El pasado 17 de septiembre, el Gobierno de la República de Costa Rica puso sobre la mesa un primer borrador para negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y obtener un préstamo de 1.750 millones de dólares, denominado Servicio Ampliado (SAF, en inglés Extended Fund Facility). Este tipo de préstamos se caracteriza por la participación en un programa a largo plazo y condicionado a reformas estructurales que se deben ir cumpliendo para que el FMI desembolse el dinero, en un periodo de al menos tres años.

Nada más presentarse la propuesta, sin acuerdo político ni social previo, sobrevino una cascada de rechazos desde la ciudadanía y desde diversos sectores como las organizaciones empresariales, los sindicatos y el Congreso, en cuya mano está aprobar los acuerdos con el FMI. El 4 de octubre, el presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció la retirada de la misma a través de la televisión nacional y las redes sociales. No obstante, el 30 de septiembre se inició una ola de protestas, manifestaciones, marchas y bloqueos viales con diversidad de consignas: desde el no más impuestos hasta que se reduzca el tamaño del Estado, la exigencia de retirar cualquier acuerdo con el FMI y demandas de justicia tributaria hasta la reclamación ocasional para que se apruebe el consumo de dióxido de cloro.

¿Esta ola de crispación social estalló solamente por la propuesta con el FMI? Intentemos separar la paja del trigo.

La historia y el rol de las instituciones financieras internacionales no es algo ni ajeno ni excepcional en Centroamérica. En particular, el Banco Mundial y el FMI han asumido un papel destacado en la región desde los años 80 del siglo pasado. Como bien subraya el experto Edelberto Torres-Rivas, en la década de 1970 la región se hundió en el estancamiento económico, dando paso a una grave y prolongada crisis sobre la base de la agitación y la violencia política y social. Se abrió así un espacio para que estos actores financieros asumieran un papel protagónico, influyendo notablemente en las decisiones políticas y, por lo tanto, impactando en la sociedad.

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Entre 1980 y 1982, Costa Rica se hundió en una crisis económica profunda, con evidentes consecuencias sociales y manifestaciones muy agudas, debido a las condiciones externas (alza en los precios mundiales de los combustibles y la elevación de los tipos de interés), pero también a decisiones internas, como la política económica desarrollada a lo largo de la Administración de Rodrigo Carazo (1978- 1982). Éste defendió no concretar un acuerdo con el FMI, indicando que el país no se podía vender «por migajas». Sin embargo, posteriormente comunicó la incapacidad del país para hacer frente a los compromisos financieros internacionales contraídos; entre ellos, la imposibilidad de cancelar los intereses de la deuda externa, lo cual agudizó la crisis económica. Consecutivamente, y debido a un cambio en la configuración del poder tras las elecciones nacionales, en 1982 la Administración de Luis Alberto Monge sí llegó a un acuerdo con el FMI. Esta financiación se complementó con préstamos de ajuste estructural del Banco Mundial, cuyo objetivo fue abrir la economía a la competencia extranjera, promover las exportaciones y redefinir el papel del sector público, lo que ha sido analizado por Sarah Hunt en su estudio sobre el rol de las entidades financieras en Centroamérica.

Este periodo, conocido como la década perdida, es un fantasma que ha resurgido en las justificaciones del Gobierno actual para entrar en negociaciones con el agente financiero. En las cadenas nacionales, se han recordado las consecuencias económicas que tuvo en Costa Rica la crisis de esa década, y es así como el Gobierno de Carlos Alvarado justifica y defiende la ruta hacia el FMI.

Este año no es la primera vez que Costa Rica entra en negociaciones con el FMI. En 1981 el país tocó sus puertas y en 59 años de historia le han desembolsado recursos en 10 ocasiones, tal y como lo ha dado a conocer el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Incluso este 2020 la Asamblea Legislativa ha aprobado un crédito rápido con el Fondo por 504 millones de dólares para atender las necesidades de financiación por la pandemia de la Covid-19. Desde junio, la crisis sanitaria se ha agravado, tal y como se analiza en este ‘webinar’.

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Está claro que el Gobierno busca un préstamo del FMI ante la grave situación, fiscal y económica, en la que está sumergida el país. Lo demuestra el deterioro de los indicadores sociales y fiscales de los últimos meses. De acuerdo con los datos del BCCR, el Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica disminuirá un 5% este año, se proyecta que la deuda del Gobierno central rozará el 70% del PIB y la tasa actual de desempleo es del 23,2%,  lo que equivale a 544.000 personas sin empleo, según las últimas estadísticas presentadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec).

La apuesta por el FMI se da en medio de un proceso de desgaste político del Gobierno, para el que las valoraciones negativas han sido la constante. La gestión de Carlos Alvarado recibe un 50% de valoraciones negativas y solo un 26% de positivas, conforme lo revelan las encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos (Ciep) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

A lo anterior se le suma un desfase territorial que se puede percibir gracias a la ubicación inicial de las manifestaciones y bloqueos. Éstos han tenido lugar fuera de la Gran Área Metropolitana, que es el principal conglomerado urbano del país. ¿Significa que estamos ante a un clivaje centro-periferia?

Evidentemente, no todas las divisiones, descontentos y problemas sociales se traducen automáticamente en acción política. Por ello, para responder a la cuestión anterior podemos observar la participación política por medio de los electorados de la democracia costarricense en los procesos del 2014 y del 2018, que sí reflejan estos territorios del descontento, en palabras del politólogo Felipe Alpizar. En 2014, la agrupación que se colocó en el espectro político a la izquierda (Frente Amplio) capturó parcialmente este electorado. No obstante, en 2018 una parte importante se mudó a la agrupación neo-pentecostal (Restauración Nacional), que llegó incluso a la segunda vuelta.

Por lo tanto, la división social tiene su reflejo en el comportamiento del electorado, impactando parcialmente en el sistema político; pero también ejemplifica la volatilidad electoral que viene caracterizando a Costa Rica desde las últimas elecciones y la dificultad de la mayoría de los partidos de fijar vínculos de identificación.

Sumado al ‘clivaje’ de centro-periferia, la situación económica y social en la que está inmerso el país y el debate sobre el préstamo con el FMI transcurren en un espacio político en el que se ha manifestado la radicalización a la derecha, con el consiguiente riesgo de que sus cantos de sirena amenacen la institucionalidad democrática. Esto se pondrá a prueba en los comicios nacionales de 2022, donde también quedará por ver si los temas distributivos constituyen clivajes.

Si a todo esto se le suma el agravamiento de los indicadores socioeconómicos, agudizados por la crisis sanitaria, la crisis de representación imperante (los partidos políticos y el Congreso son las instituciones peor evaluadas por la ciudadanía según las encuestas del Ciep-UCR) y la carencia de vías institucionales para la inclusión de demandas, se está produciendo una acumulación de la desconfianza mutua, con altos niveles de enojo y frustración. Y si bien la Costa Rica de 2020 no es la de 1980, existe el temor de estar a las puertas de otra década perdida.

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