Otra reforma educativa

Hay tensiones claras en la educación española, que tienen que ver con el peso histórico que la Iglesia ha tenido en nuestro sistema educativo. A día de hoy, esto se nota en dos peculiaridades con respecto a nuestro entorno: el peso de la educación concertada y la falta de acuerdo sobre los valores cívicos. La falta de consenso en la sociedad española sobre estas cuestiones se refleja en los cambios legislativos, que son el resultado, y no la causa, de estas tensiones. Llegar a un equilibrio entre el tercio de las familias que opta por la concertada o el papel de la religión en las aulas no es sólo una cosa de partidos políticos, sino de todos los agentes educativos. Sin este consenso, la reforma volverá a ser transitoria.

Otro problema es cómo entender la educación comprensiva. La Ley de Organización General del Sistema Educativo (Logse) supuso un aumento del tronco común a los 16 años. Buenas intenciones con malos resultados. Este aumento no fue equilibrado curricularmente, pues fue ganado por la cultura de Bachillerato. Es decir, en vez de orientar a una formación basada en intereses y necesidades del alumnado, se optó por una formación basada en libros de texto desconectados de sus inquietudes y experiencias, que terminan por transformarse en procesos de aprendizaje memorísticos y ritualizados, que se olvidan tras el examen. Se cumplió con los requerimientos ordenados por el Ministerio y las consejerías, con exámenes más fáciles de auditar por parte de la Administración. La memoria y el ritual encajaban bien con la sociedad decimonónica, donde estos procedimientos eran más prácticos para jerarquizar a los trabajadores. Pero la educación, así entendida, está cada vez más desconectada del resto de órdenes sociales.

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Esta forma academicista de entender la comprensividad llevó al aumento del fracaso escolar y de la desigualdad de oportunidades educativas. Muchos estudiantes que antes podían seguir estudiando con la Formación Profesional 1, y luego transitar a la FP 2, desde la que se podía pasar a la Universidad, se vieron con la ESO en un BUP un poco devaluado para el profesorado de Bachillerato, pero exigente para el alumnado que iba a esa FP. El querer salvar a la clase obrera de la doble vía entre universidad y trabajo, la condenó a la expulsión de la educación post-obligatoria. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) intentó recuperar esta situación con la FP Básica a los 15 años. Pero al hacerlo en un contexto de recortes en atención a la diversidad la ha transformado en un espacio donde enviar al alumnado etiquetado como disruptivo, no como un lugar donde aprender un oficio.

No podemos obligar a un sector de la población a estar 10 años por ley en una institución diseñada para un ideal de alumnado que ya no existe, y que cuando existió, fue minoritario. Debemos reconocer una edad específica, la adolescencia, en la que las personas transitan por momentos muy delicados en su desarrollo. Por lo menos, debiera ser más fácil institucionalmente reconocer tres perfiles de alumnado: el académico, el profesional y el que está sin saber muy bien adónde va su vida. La regulación y los recursos deben atender a esta diversidad, no dar café para todos, en la forma de libros de texto y exámenes, sino más personal de apoyo en los centros al profesorado.

Además, el sistema debe ser mucho más flexible para que, en un momento dado, el alumnado de un tipo transite hacia otra trayectoria educativa y profesional. No digo que todo esto sea fácil, pero sin reconocer estos problemas no podemos empezar a afrontarlos.

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