¿Otro año perdido para las reformas? Muy probablemente

Existe un gran incertidumbre sobre lo que va a pasar políticamente en España en 2019, y preocupa que los escenarios que parecen más probables puedan tener un mismo resultado: otro año perdido para hacer las reformas que el país necesita. Me gustaría estar equivocado, porque también hay signos que lo indican.

No me voy a extender sobre la lista de reformas. El País ya publicó en enero de 2017 la serie de ‘Las reformas que necesita España’ y, repasándola, se puede ver cómo dos años más tarde casi todo esta por hacer. Pero aún peor, y con distintos matices: muchas de ellas han formado parte de los acuerdos programáticos de los tres principales partidos constitucionalistas: primero en el de PSOE-Ciudadanos (febrero 2016) y después en el de PP-Ciudadanos (agosto 2016). Como es bien sabido, tratándose de acuerdos a dos bandas en los que el tercero aparecía como el gran opositor (a pesar de existir un núcleo constitucional común), al final la última palabra la han tenido los partidos que menos comparten los programas de reformas. Primero Podemos, impidiendo que se formase el Gobierno (de Pedro Sánchez), y después la coalición Podemos-independentistas que dio soporte a la moción de censura (de nuevo de Pedro Sánchez). En el ínterin, poco ha hecho para regenerar democráticamente el país el último Gobierno de Mariano Rajoy, ocupado en negar tres veces seguidas la corrupción del propio partido y dar largas jurídicas al independentismo (anti-constitucional). En resumen, años perdidos para las reformas necesarias cuando la crisis ya no era disculpa.

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Pero el tiempo no pasa en vano y ha quedado demostrado en Andalucía, que ha supuesto el espejo regional de estos mismos acuerdos a dos entre partidos constitucionalistas (primero, para dar continuidad al Gobierno del PSOE, y después para desplazarlo): Vox, el populismo anti-constitucional en boga mundial, ahora tiene la palabra. Y cunde el pánico ante este año electoral. Pero, ¿es una amenaza o una excusa? Si se entiende como una amenaza –y lo es que 400.000 andaluces pierdan la confianza en el Estado de las autonomías y en otros valores de nuestra democracia–, entonces lo que hay que hacer es afrontar, al menos, un problema de raíz: su mal funcionamiento. Lo hace el acuerdo PP-Ciudadanos para Andalucía (diciembre 2018), que en muchos aspectos se asemeja al que su momento (junio de 2015) rubricaron PSOE y la formación naranja. Y por hacerlo, no ha sorprendido a nadie que el acuerdo Borgen propuesto por Albert Ribera (la abstención del PSOE) no haya progresado. Andalucía no es Dinamarca; tampoco España. Así, Vox se convierte en excusa: nadie habla del programa de gobierno –y, más en general, de reformas–, sino de que ¡la derecha avanza! Como si el problema de Andalucía, España o Europa fuese si son de izquierdas o derechas, cuando lo que está en juego son las instituciones y normas en las que este debate se debe plantear y la capacidad de dar una respuesta eficaz a los problemas que se acumulan sin resolver (uno más: la inmigración).

Así que se presentan dos escenarios probables. Podríamos llamarlos uno frío y el otro caliente. En el primero, básicamente las cosas se congelan. Ante el miedo de que la derecha rabiosamente anti-independentista llegue al poder, el Gobierno de Pedro Sánchez sobrevive haciendo más de lo mismo: gestos y diálogos. Lo mismo sucede con Quim Torra, a pesar de las resoluciones sobre el procés. Las elecciones municipales, regionales y europeas algo cambian (se ve aún más el descontento) pero, una vez pasadas, cada uno vuelve a su casa. Es tiempo de guardar la ropa y de calentarse, no de reformas ambiciosas.

En escenario caliente, hay más cambios y noticias pero, aparte de que Pedro Sánchez deja el Gobierno de España, es más difícil predecir con detalle los demás cambios (bien, Quim Torra posiblemente resista), excepto en un aspecto: los enfrentamientos electorales, las resoluciones sobre el  ‘procés’ y el avance del populismo dejan la sociedad todavía más polarizada, dividida y cansada. Cierto que algunas contiendas electorales se resuelven con pactos reformistas, pero quienes los han firmado sólo para ganar poder, una vez en él ¡dicen que no es tiempo de reformas, que hace demasiado calor!

También hay, cómo no, otro escenario menos probable que toma forma, en parte, porque la situación internacional, la economía española –y también, en menor medida, la Unión Europea– empequeñecen nuestras diferencias y muestran que las cosas no son tan fáciles: los escenarios anteriores pueden acabar siendo insostenibles, como lo está comprobando ahora el Gobierno populista italiano. Y, en parte, porque tras algunas contiendas electorales las cosas empiezan a cambiar, no tanto porque haya ganado un partido reformista (ayuda, si se gana sin arrogancia), sino porque se crea una dinámica de competencia política en la que priman los contenidos y los resultados sobre los tuits ideológicos y denigratorios. Se dan ejemplos de gobernanza efectiva (y aquí Andalucía pudiera ser una avanzadilla) y la agenda reformista –ahora pasada de moda– vuelve a tomar fuerza.

En particular, se empieza a ver, en la práctica, que el problema de la disfuncionalidad del Estado español no es (sólo) un problema de Cataluña, ni que se solucione (sólo, y menos de entrada) con cambiar la Constitución, sino que hay un gran recorrido de reformas y nuevas prácticas posibles y necesarias para recobrar la confianza y afianzar un Estado descentralizado, eficiente y solidario en España. En este escenario, poco probable, 2019 marcaría el cambio de rumbo y el inicio de este recorrido.

En una palabra, mi deseo para 2019 es que esté equivocado.

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