Panama Papers o cómo no se debe combatir el fraude fiscal

Acaba de publicarse otra investigación periodística sobre esquemas de fraude fiscal a nivel planetario. Este trabajo evoca dos acontecimientos relativamente recientes y similares (Lux Leaks, y lista Falciani) que, junto con otros, parecen conformar una especie de “conciencia fiscal colectiva y global”. ¡Defraudadores del mundo, vuestras horas están contadas!

No puedo estar más de acuerdo con este desenlace, pero sin embargo no creo que sean estos fenómenos altamente mediáticos los que lo estén consiguiendo (obviando la mala suerte, claro está, de los que han sido identificados por estos trabajos, en todo caso, una minoría muy exigua de evasores a nivel planetario). ¿Por qué?

Los Panamá papers son el resultado de una ruptura de la seguridad informática de un despacho importante de abogados panameño. Periodistas de todo el mundo han accedido y estudiado millones de documentos y han revelado (y seguirán haciéndolo en los próximos días) los nombres de personalidades políticas y sociales vinculados a sociedades off shore en varios territorios con baja o nula tributación, o sea, para entendernos, paraísos fiscales. La lógica tributaria es que estas sociedades remansan patrimonios de sus beneficiarios efectivos (conocidos en la jerga como UBOs, o “Ultimate Beneficial Owners”) y estos patrimonios consiguen así no tributar o hacerlo muy escasamente, por los beneficios que obtienen al ser invertidos. También pueden ser un mecanismo para eludir la tributación sucesoria.

Guardan con la lista Falciani y otras fugas de información por empleados bancarios la similitud de que los beneficiarios de estos esquemas destripados son personas físicas. En esto difiere de las filtraciones de Luxemburgo (Luxleaks), donde los beneficiarios son principalmente grandes firmas; pero se parecen al caso del Gran Ducado en que son trabajos periodísticos, más sofisticados y mejor intencionados desde su misma concepción. Finalmente, los tres sí comparten algo muy importante: no son trabajos de investigación tributaria realizados por las autoridades fiscales competentes. Por tanto cabe preguntarse qué trascendencia real tienen y si en última instancia son eficaces para combatir el fraude o “espantan la liebre”.

No cabe duda que su repercusión sobre la opinión pública es enorme. Solo estos hitos mediáticos consiguen de verdad portadas de los medios de comunicación, y en ese sentido acrecientan el llamado “efecto anuncio”, tanto sobre la problemática del fraude fiscal como sobre la posibilidad de que los defraudadores sientan que son perseguidos. También aumentan la presión política sobre los países que amparan las prácticas, por el descrédito internacional que conllevan.

Por ejemplo, permiten comprobar una vez más que el fenómeno del fraude tributario internacional es uno de los sectores más globalizados que existen, y que requiere de la connivencia activa de asesores, y la (menos activa(?)- sin llamarla pasiva-) de bancos y de las jurisdicciones fiscales que establecen las leyes. En definitiva todo un entramado “institucional”.

Pero en un nivel de reflexión más profundo, lo que los datos de Panamá papers – en una primera lectura – nos vienen a confirmar es al menos estas dos cosas:

– la colaboración interinstitucional mundial está funcionando. Hoy el mundo es menos amable con los evasores: por ejemplo, los documentos demuestran que el fin, impuesto por los estándares internacionales de transparencia, de la normativa de las Islas Vírgenes Británicas que amparaba hasta 2005 las sociedades con acciones portador (es decir, donde se desconoce al verdadero titular) obligó a cerrar muchas sociedades en esa jurisdicción y a desplazarlas a Panamá (que aún conserva, si bien transitoriamente, el régimen de sociedades al portador).

También se observa que la creación de sociedades off shore por el despacho panameño crece hasta 2008, y en 2009, y de forma continuada hasta hoy, empieza a descender. A muchos lectores esto les podrá parecer consecuencia de la crisis económica, pero en realidad no es del todo así (de haber sido solo esto, el número de sociedades debería haber vuelto a crecer en 2014): se debe asociar principalmente a los avances en materia de transparencia tributaria, en particular al logro de abril de 2009, donde a Suiza, Luxemburgo, Singapur, Hong Kong y luego a todos los demás paraísos fiscales, se les obligó a compartir información bancaria, hasta aquí celosamente secreta y a los avances posteriores en materia de intercambio automático de información (esto es, la información se comparte sin que haya necesidad de solicitarla).

-A pesar de los muchos avances recientes, “Panamá papers” pone el dedo en la llaga de la relativa opacidad registral. Es preciso que los fiscos del mundo, con las debidas cautelas de seguridad y justificación, puedan conocer en todo momento los titulares de todo vehículo jurídico que se interpongan entre sus residentes y el patrimonio de estos. Existen diversas opciones para conseguir este objetivo fundamental. Preferiblemente, los registros nacionales deberían exigir, bajo amenaza de fuertes sanciones, conocer toda cadena de propiedad hasta los últimos beneficiarios (UBOs), de todas sus entidades inscritas; lo que permitiría a cada jurisdicción, contrastando sus datos con una segunda jurisdicción (o más si se desea), verificar la secuencia de propiedad efectiva. Alternativamente, se podría perfeccionar el actual registro público mundial, profundizando en lo conseguido hasta ahora por el «LEIROC» y considerando su obligada actualización como parte del estándar de transparencia. Insisto en que  esta información no debería ser pública, sino estar a disposición de las autoridades fiscales (y en su caso judiciales) competentes.

Apuntaba en un post anterior sobre el asunto Falciani los riesgos del juicio público apresurado que derivan de que información tributaria aparezca en los medios de comunicación “en crudo”, pues se trata de datos parciales y descontextualizados. Y también señalaba la superioridad del modelo de colaboración internacional institucionalizado a través de las autoridades competentes. Pues bien, si en algo me reafirma el asunto Panamá papers es en esto último: de un lado porque el trabajo periodístico evidencia la importancia de la colaboración intergubernamental, tal y como lo mencioné antes, de otro porque este asunto refleja la situación de tan solo  un puñado de personas, y aparece más de un año después de la aparición del asunto luxleaks. Es evidente que la lucha contra el fraude no vive ni puede vivir de “logros” esporádicos. La historia reciente de la transparencia tributaria se remonta, cuando menos, a la década de los noventa, y es reveladora de esfuerzos sistemáticos y tenaces por mejorar las herramientas al servicio de los profesionales: los Inspectores de Hacienda o peritos judiciales de cada país.

En efecto, los datos estadísticos que se ponen de manifiesto en los Panamá papers nos demuestran  que estos tratamientos de choque (llámense Falciani, Luxleaks o Panamá), no son la mejor forma de luchar contra el fraude fiscal internacional, sino que la colaboración multilateral institucional es la terapia continua que acabará por curar esta enfermedad.

Autoría

2 Comentarios

  1. Rosalina García Torre
    Rosalina García Torre 04-09-2016

    Claro, sencillo y divulgativo, pero ? Se camina realmente por ese camino que apuntas ? ? Van a dejar quienes tienen medios y conocimientos de utilizar estos y otros sistemas de mínimos pagos impositivos ?

  2. David Serfaty
    David Serfaty 04-09-2016

    Gran artículo, claro, no farragoso, interesante y con utilidad práctica.

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