‘Paquetazo’ económico y estallido social en Ecuador

Desde los anuncios presidenciales sobre las medidas de ajuste estructural, el 1 de octubre, se han sucedido nueve jornadas de movilización popular que mantienen en vilo al país. La frágil legitimidad del Gobierno de Lenín Moreno quedó más socavada por la violentísima represión de la protesta en el marco de un estado de excepción decretado apenas arrancó el paro nacional contra el “paquetazo económico”.

Tales medidas formaban parte del acuerdo firmado en marzo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Dicho acuerdo, cuyos contenidos sólo fueron traducidos al español en una tercera parte, no pasó por debate parlamentario alguno. Tampoco el pueblo votó por el recetario neoliberal en las presidenciales de 2017. Fue asumido por Moreno, que apenas había tomado posesión, en el marco del re-alineamiento de las coaliciones socio-políticas provocado por su ruptura con Rafael Correa. Ni electos ni ciudadanos dieron, pues, su aval democrático al ajuste, y cuando aquéllos se pronuncian al respecto, en las calles, son salvajemente repelidos por las fuerzas del orden. Octubre de 2019 será recordado como el tiempo vertiginoso en que un neoliberalismo inconsulto tomó plena forma autoritaria.

Las imágenes dibujan el espanto. En un país donde tres derrocamientos presidenciales (en 1997, 2000 y 2005) tuvieron lugar con muy bajos niveles de violencia política, el balance de lo ocurrido hasta hoy (10 de octubre) luce como el capítulo más sombrío de su reciente historia democrática: cinco muertos, 95 heridos graves, 800 detenidos, nueve medios de comunicación intervenidos, políticos apresados… Los datos recopilados por organizaciones y medios alternativos (en medio del silencio de la gran Prensa y la veda oficial sobre el balance de los sucesos) convierten en timorata la declaración del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos cuando, el 6 de octubre, expresó su preocupación por “los actos de violencia contra los manifestantes”.

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Convocadas por organizaciones indígenas, las multitudinarias protestas del 9 de octubre en Quito y otras ciudades reforzaron la manu militari del Gobierno e incrementaron la indignación ciudadana contra Moreno y su Gabinete. Una de las demandas centrales de los movilizados es la destitución de las ministras del Interior y de Defensa. El Gobierno apenas reconoce los excesos y se ha mostrado inflexible respecto a la continuidad de la agenda económica trazada por el FMI.

La eliminación del subsidio a los combustibles, vigente en el país desde hace 40 años, es uno de los aspectos neurálgicos del paquetazo del 1 de octubre. Para el Gobierno, es una de las piezas clave para cuadrar las cuentas nacionales bajo el imperativo de la austeridad. A su vez, se trata de uno de los mecanismos centrales para explicar la rápida difusión de la impugnación popular. Aunque el subsidio ha sido denunciado como regresivo, su retirada tiene más impacto en las clases de bajos recursos. Se ha estimado que para tales sectores, en Quito, el encarecimiento del transporte urbano será mayor al porcentaje de subida del salario básico unificado (394 dólares) que se aplicó a inicios de 2019. Aún no se pueden calcular los evidentes efectos inflacionarios de la medida.

En cualquier caso, el poder adquisitivo de los hogares seguirá contrayéndose en un año en el que la economía cerraría con crecimiento casi nulo a pesar de los buenos precios de petróleo en el mercado internacional. La parálisis de la inversión pública, por la dogmática prohibición (junio 2018) del déficit primario (sólo se admite incurrir en él para pagar intereses de deuda), ralentizó largamente el dinamismo económico y afecta ya al acceso y a la calidad de los servicios públicos (salud, educación, seguridad).

La revuelta de octubre tiene como protagonistas a sectores medios y populares, del campo y la ciudad, que experimentan una merma en sus condiciones de vida después del sorpresivo giro neoliberal de Moreno. Éste abandonó su promesa electoral de dar continuidad al legado neo-desarrollista de Correa, pasó a combatirlo judicialmente por acusaciones de corrupción (su compañero de fórmula y ex vicepresidente, Jorge Glas, está bajo arresto) y se alineó con una extensa coalición de grupos de poder y partidos de derechas convencidos de las políticas pro-mercado. Tal agenda se profundizó con el nombramiento, como ministro de Economía, del ex presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano a mediados de 2018. Ese año, Moreno terminó con una popularidad de 51%, tras arrancarlo con 20 puntos adicionales. Para 2019, sólo lo apoyan dos de cada 10 ecuatorianos.

No sólo el precio de los combustibles ha sacado a las grandes mayorías a las calles. El paquetazo incluye un conjunto de reformas legislativas en tramitación en una Asamblea Nacional que no ha querido sesionar en medio de la crisis. En el anunciado proyecto de ley se afirman tres líneas de acción que el Gobierno ya ha bosquejado como parte de su apuesta neoliberal. De una parte, la demanda de las cámaras empresariales respecto a la sobrecarga fiscal heredada del correísmo ha tomado forma en una serie de exenciones fiscales o amnistía tributaria a los grandes capitales. En junio de 2018, se concretó ya la primera gran condonación de deudas tributarias durante el Gobierno de Moreno. Los anuncios del 1 de octubre ratificaron esa senda con varias medidas: la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, la reducción de las tasas por la salida de divisas, la devolución de tributos al comercio exterior. En un escenario de debilidad fiscal, el Gobierno prefirió satisfacer las inmediatas reivindicaciones empresariales (el sustento del mandato de Moreno) en lugar de afrontar su histórica rebeldía tributaria.

En segundo término, las medidas insisten en la liberalización del comercio por la vía del recorte de aranceles a cada vez más amplios productos de importación. Esto no sólo impacta en las capacidades recaudatorias del fisco, sino que profundiza el déficit de la balanza comercial y auspicia la salida de divisas en una economía dolarizada. En 2015, las clases altas y medias se movilizaron contra Correa (la marcha de la nutella) por la extensión de la lista de productos importados gravados con aranceles. Hoy, Moreno elimina las tasas a automóviles, celulares, computadoras, tabletas, así como a maquinaria y materias primas agrícolas e industriales.

Un tercer ámbito de reforma, finalmente, concierne la agenda de flexibilización y de recorte de derechos laborales: bajada salarial de hasta el 20% en contratos temporales del sector público, reducción de vacaciones de 30 a 15 días, mayores facilidades para el teletrabajo y los emprendimientos, apertura del mercado de fondos particulares de pensiones y eventual privatización de la Seguridad Social, entre otras.

En su conjunto, el ‘paquetazo’ reduce aún más la posibilidad de garantizar los derechos sociales de las mayorías al debilitar las capacidades fiscales del Estado y acelerar el recorte de la Administración pública. Como paliativo, y anticipando los efectos de las medidas, el paquete incluye una eventual ampliación de los bonos de compensación (transferencias condicionadas) a un mayor número de familias y por un montante superior.

El abanico de ámbitos y sectores afectados se ha correspondido con la pluralidad de los sujetos movilizados. El recurso a la calle para combatir el neoliberalismo fue invocado desde tiempo atrás por la Revolución Ciudadana (el movimiento de Correa) y activado en la tarde siguiente al anuncio. Un día más tarde, el protagonismo fue de los transportistas. Su paro nacional fue largamente exitoso. En esas jornadas (3 y 4 de octubre) se sumaron estudiantes, trabajadores, militantes de las izquierdas partidarias, sindicatos, mujeres, feministas, cierta burocracia, ciudadanía en desbandada, entre otros.

La rápida negociación del sector del transporte con el Gobierno, ya en estado de excepción, pareció afectar al alcance de la protesta. Altos cuadros gubernativos llegaron a decir que el país estaba normalizado. Las clases en escuelas y colegios, no obstante, seguían suspendidas y el transporte urbano no retomaba su habitual ritmo. El anuncio de que las organizaciones indígenas, nucleadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), llegarían el 7 de este mes a la capital modificó el escenario.

Lo masivo de su protesta dejó en un segundo plano al resto de actores que, no obstante, ha permanecido en la calle. El Gobierno hizo todo lo que pudo para evitar la toma indígena de Quito y llegó a intervenir militarmente en las comunidades. Los enfrentamientos empezaron allí. A medida que las protestas se recrudecían (la manifestación del 9 de octubre fue una de las más concurridas del vigente periodo democrático), el Estado fue redoblando su fuerza.

Los saqueos en ciertas ciudades permitieron al oficialismo trazar un relato sobre el carácter vandálico de la movilización. Recurrió, además, a la cantinela anti-correísta para advertir que se trataba de un intento golpista financiado por Maduro (¿?). Para el movimiento indígena, adversario frontal de Correa, aquello no podía ser más que una falta de reconocimiento a la legitimidad de sus demandas; algo que sonaba aún más absurdo pues, hasta el día mismo de los anuncios presidenciales, algunos referentes políticos y organizaciones indígenas formaban parte del arco oficialista.

El poco tiempo transcurrido entre dicha ruptura y la manifestación de estos días no hacía presagiar una acción colectiva de enormes proporciones, pero así fue. La propia Conaie admitió su sorpresa por la gran acogida de su convocatoria. En ese mismo comunicado, trazó las líneas rojas de cualquier eventual cara a cara con el régimen: no hay diálogo posible sin derogatoria del ‘paquetazo’, el fin del estado de excepción y la renuncia del Gabinete de seguridad.

Los heridos y muertos del 9 de octubre no modificaron la posición original, aunque en las calles los más jóvenes demandan ya, además, la salida de Moreno. Denuncian un régimen de terror. El estado de sitio decretado el dos días antes instaló el miedo en la sociedad, reafirmado por la represión de los días subsiguientes. Al mismo tiempo, crece un sentimiento de rebeldía.

¿Podrá el cansancio de los movilizados persuadir a los dirigentes para aligerar sus expectativas políticas ante la coyuntura? ¿Terminará imponiéndose la vía prágmática del movimiento, que sintonizaría con la oferta gubernamental de extensas políticas para el agro (indigenizar el conflicto) a cambio del fin de la movilización? ¿Conseguirán los sectores radicalizados sostener la tesis de que, más allá de las legítimas aspiraciones indígenas, el paquetazo y el acuerdo con el FMI afectan a las grandes mayorías y que cualquier negociación particular deja indemne al bloque de poder y su proyecto económico?

El conflicto está abierto. El Gobierno, desprestigiado, ha mudado de sede (de Quito a Guayaquil). La capacidad de sostener en el tiempo la irrupción plebeya gravitará sobre cualquier salida virtuosa de la crisis política. No obstante, aun si todo se cierra, la potente re-emergencia indígena anticipa la reconfiguración del campo popular, hace preguntarse por el lugar el ‘correísmo’ en dicho espacio político y prefigura el ascenso de la conflictividad en tiempos de neoliberalismo violento. La protesta social develó ese rostro.

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