Paraísos fiscales: un desafío para la Unión Europea

Cuando hablamos de paraísos fiscales solemos pensar en micro-estados donde grandes fortunas esconden su dinero, a menudo proveniente de actividades ilegales. Si bien esta imagen refleja una parte, la realidad de la evasión fiscal es más cercana de lo que nos pueda parecer. La OCDE, por ejemplo, define a un paraíso fiscal como un «país con impuestos muy bajos o inexistentes, que es usado por empresas para evitar pagar impuestos que de otro modo se habrían pagado a países con impuestos más elevados», y añade que se caracterizan por elementos como la falta de transparencia y la opacidad.

Esta doble dimensión (bajos impuestos y opacidad) da pie a diferenciar entre dos tipos distintos de fraude fiscal. En primer lugar, y como consecuencia de la opacidad bancaria, grandes sumas de dinero perteneciente a personas físicas están depositadas en paraísos fiscales. Según cálculos del economista Gabriel Zucman, la cantidad alcanzaba los 7.600 billones de dólares en 2014, que equivalen a un 8% de la riqueza mundial en manos de los hogares. El 80% de este dinero no fue declarado en sus países de origen. Esto supuso una pérdida de 190 billones de dólares en tributos a nivel mundial, que deberían haber sido recaudados mediante impuestos sobre la renta (65%), sucesiones (30%) y patrimonio (5%).

Además, gracias a las filtraciones del suizo Hervé Falciani y a los Papeles de Panamá, Zucman y sus coautores son capaces de rastrear el origen social de los defraudadores y concluyen que se concentran en el 0,01% de los hogares más ricos. Este fenómeno no es ajeno a Europa. Según estos análisis, Suiza es el centro de esta red de corrupción mundial. Luxemburgo, país fundador de la Unión Europea, también participa de estas actividades, hasta el punto de que Zucman propone expulsarlo de la Unión si no les pone fin.

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En segundo lugar, existe otra gran vía algo menos conocida con la que empresas multinacionales evitan pagar los impuestos que les corresponderían. Se trata de un mecanismo conocido como ‘erosión de la base imponible y traslado de beneficios’ (BEPS, por sus siglas en inglés), y afecta de lleno a la Unión Europea. Esta forma de engaño fiscal, a veces llamada elusión, no es estrictamente ilegal, en parte porque la legislación no está adaptada a la creciente digitalización de la economía.  

Erosión de la base imponible y traslado de beneficios

El BEPS consiste en explotar vacíos legales y desajustes entre legislaciones para trasladar artificialmente beneficios a jurisdicciones donde éstos tributen menos. Esto lo aprovechan rutinariamente grandes multinacionales, que manipulan los precios a los que comercian internamente, utilizan préstamos internos para ajustar sus cuentas o sitúan bienes intangibles estratégicamente para terminar declarando sus beneficios en países con bajos impuestos y, así, pagar los mínimos posibles.  

Las grandes empresas tecnológicas como Google, Microsoft, Apple y Facebook son habitualmente relacionadas con estas prácticas. Por ejemplo, Google fue noticia hace unos años por pagar una tasa efectiva del impuesto de sociedades sobre sus beneficios en el extranjero de tan solo 2,4%, muy por debajo del 35% que paga en Estados Unidos y del 12.5% que marca la ley en Irlanda, donde Google tiene su sede europea. Conseguía este trato de favor aprovechándose de la laxitud de la legislación irlandesa, que permitía trasladar casi la totalidad de esos beneficios a Bermudas, donde no hay impuesto de sociedades. Dado que la mayoría de los bienes de las empresas tecnológicas son intangibles, les resulta mucho más fácil manipular su contabilidad y beneficiarse de legislaciones permisivas.

A menudo se justifican las reducciones en el impuesto de sociedades con el argumento de que atraen a grandes empresas y, con ello, favorecen la actividad económica. Sin embargo, los datos muestran que lo único que las empresas trasladan es la contabilidad de los beneficios. El siguiente gráfico, construido con datos de multinacionales estadounidenses, ilustra este fenómeno.

Podemos ver cómo el porcentaje de los salarios y el capital físico radicado en paraísos fiscales ha permanecido prácticamente estable, mientras que los beneficios contables antes de impuestos se han disparado desde mediados de los años 80. Es decir, el volumen de beneficios ha aumentado notablemente, pero no su actividad económica. En los países no considerados paraísos fiscales ha ocurrido lo contrario.  

Si no (necesariamente) atraen actividad económica, ¿qué ganan los paraísos fiscales bajando o incluso eliminando los impuestos de sociedades? Los siguientes dos gráficos muestran cómo estos países recaudan gran cantidad de fondos a base de atraer beneficios contables a sus jurisdicciones. En el primero podemos ver cómo la recaudación a través del impuesto de sociedades es mucho más alta para los paraísos que para el resto de los países. El segundo nos muestra la vía por la que esto ocurre: los paraísos fiscales logran atraer una gran cantidad de beneficios contables del exterior a base de aplicarles unos tipos impositivos muy bajos. Podemos observar, además, que muchos de ellos pertenecen a la Unión Europea. Que haya traslado de beneficios entre estados miembros de la UE está en abierta contradicción con el objetivo de «mejorar la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre países de la UE» que dice perseguir la Unión.

Pérdidas de recaudación millonarias

Las estimaciones hechas por Zucman en su artículo ‘The missing profits of nations’ apuntan a que un 40% de los beneficios de las empresas multinacionales son trasladados a paraísos fiscales cada año. Los grandes beneficiados son los países receptores de fondos, entre los que se encuentran Suiza, Holanda, Luxemburgo, Malta, Irlanda y Bélgica.

La región del mundo con mayor concentración de países perjudicados por estas prácticas es la Unión Europea. Entre los que más cantidad de beneficios empresariales pierden encontramos a Francia, Alemania, Italia, España, Suecia, Reino Unido y Polonia. Naturalmente, esto significa que todos ellos dejan de recaudar un dinero que les pertenecería.

Esto implica, por ejemplo, que cuentan con menos recursos para sostener los servicios públicos. Este tipo de prácticas erosionan el contrato social, al ser consideradas injustas por los ciudadanos que, en su inmensa mayoría, sí pagan los impuestos que les corresponden. Además, tienen efectos reales directos sobre los ciudadanos, ya que limitan las capacidades de los gobiernos para fijar sus impuestos libremente, puesto que la posibilidad de declarar beneficios en otro país presiona a la baja los impuestos de sociedades, pero no otros como el del trabajo. Esto provoca que los gobiernos se vean obligados a compensar estas pérdidas subiendo otros impuestos como este último, lo que conlleva pérdida de progresividad en el sistema impositivo y aumentos de la desigualdad.

Legislación europea para un problema europeo

Los problemas derivados de la existencia de paraísos fiscales no pueden ser solucionados de manera individual por ningún país. Por este motivo, la posición que adopte Unión Europea es fundamental para combatirlos.  

La Comisión Europea ha hecho avances en este sentido. Existe una iniciativa llamada Base Común Consolidada para el Impuesto de Sociedades (CCCTB, por sus siglas en inglés) que consiste en un paquete legislativo para calcular los beneficios que deben ser gravados en la UE, en vez de que éstos se midan país por país. Incluye también una fórmula para determinar qué porcentaje de esos beneficios le corresponde a cada Estado, en función de su volumen de ventas, salarios pagados y capital invertido, es decir, de su actividad económica real.

Esta iniciativa se propuso por primera vez en marzo de 2011, pero fue abandonada por falta de acuerdo de países como Irlanda y Reino Unido; o, en palabras de la Comisión, «resultó demasiado ambiciosa para que los estados miembros alcanzaran un acuerdo». En octubre de 2016 fue relanzada, y desde entonces sigue en desarrollo. Tal y como ocurrió en 2011, se enfrenta al delicado reto de tener ser aprobada por todos los estados miembros, algunos de los cuales se ven favorecidos por el sistema actual.   

Es un tema espinoso para Europa. El Parlamento Europeo publica una lista de territorios ‘no cooperativos en materia impositiva’, que se actualiza periódicamente. En ella no se incluye ningún país de la UE a pesar de que, en marzo pasado, votó a favor de una moción (propuesta por un europarlamentario socialdemócrata holandés) que pedía añadir a Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Chipre. Las inclusiones en esta lista deben hacerse por unanimidad, y ésta obtuvo 408 votos a favor y 205 en contra. Es inevitable sospechar que la omisión de países europeos de la lista de paraísos fiscales está motivada por factores políticos. Para resaltar este problema, Oxfam publica una lista paralela siguiendo estrictamente los mismos criterios que el Europarlamento. En ella sí aparecen estados europeos: entre ellos, Irlanda, Luxemburgo, Holanda y Malta.

Es fundamental que la Unión Europea coopere en materia fiscal y adopte medidas contra los paraísos fiscales. Que unos países mermen la capacidad recaudatoria de otros pone en peligro la salud económica de la UE, además de ir contra los valores que la inspiran. Para ello, urge impulsar la CCCTB, así como establecer un impuesto de sociedades mínimo. Aprobar estas medidas sin modificar el sistema de toma de decisiones en la UE es prácticamente inviable, porque supone que varios países actúen en contra de sus intereses particulares. Por tanto, es necesario que los partidos europeístas también aboguen por eliminar la unanimidad como requisito indispensable para tomar este tipo de decisiones. La lucha contra los paraísos fiscales es imprescindible para avanzar hacia una Europa más justa y próspera.

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